La Organización Internacional de las Migraciones
presentaba recientemente un
informe sobre el impacto de la crisis sobre la población inmigrante
en España. Los datos constatan el crecimiento de la brecha
económica y laboral entre población inmigrante y autóctonos (por
ejemplo, en 2010 más de la mitad de los asalariados extranjeros no
llegaron a ingresar una cantidad equivalente al Salario Mínimo
Interprofesional en cómputo anual).

Además, el informe pone el acento en la verdad a medias del
supuesto retorno masivo de inmigrantes a sus países de origen: si
bien el saldo de población inmigrante se ha reducido de 900.000 en
2007 a 100.000 en 2011, el descenso se ha debido sobre todo al
colapso en las nuevas entradas (de 915.000 a 408.000) más que a un
retorno masivo. La conclusión: que las políticas públicas deben
seguir haciéndose pensando en la gente que ha decidido permanecer
aquí, ejemplificada en ese contundente 20% de la población en edad
de trabajar que es de origen extranjero.

Los autores, el colectivo IOE, son un grupo de investigación
social que también edita el Barómetro
Social de España y lleva años publicando investigaciones sobre
diferentes aspectos de la inmigración. El sociólogo Walter Actis es
uno de los integrantes de IOE y uno de los autores del informe.

DIAGONAL: ¿Existe una interpretación exagerada
en los medios y en la sociedad sobre el regreso masivo de los
inmigrantes a sus países de origen? ¿Si es así, a qué creéis que
se debe?

WALTER ACTIS: Desde la época
de Corbacho en el ministerio de Trabajo se ha intentado difundir la
idea de que la salida de los migrantes era la “solución adecuada”
ante el desarrollo de la crisis económica. Los medios y parte de la
opinión pública han reproducido, en parte, esta idea. Pero, hasta
la fecha, estamos más ante una ilusión que ante una realidad
efectiva. Según las estimaciones del INE sólo en 2011 se produjo un
saldo negativo (más salidas que entradas de migrantes) que en 2012
se está ampliando. No obstante, durante este año se habrá marchado
en torno al 1,5% del total de inmigrantes residentes en el país a
comienzos del año. Por tanto, hay que atender a la realidad del
98,5% que permanece aquí. Precisamente el potenciar la idea de una
salida masiva opera como cortina de humo que sirve para legitimar el
desentendimiento y olvido institucional respecto a esta población
que representa el 20% de las personas en edad laboral.

D.: En todas las variables (salario, desempleo,
temporalidad, empleo a tiempo parcial, etc.) constatáis un aumento
de la brecha social entre inmigrantes y autóctonos. ¿A qué pensáis
que se debe el fenómeno?

W. A.: El mayor impacto negativo de la
crisis sobre el colectivo inmigrado está
relacionado con sus formas de inserción dominante en la estructura
laboral. Como es bien conocido, su presencia ha sido
comparativamente mayor en empleos precarios (sumergidos, temporales,
discontinuos, a jornada parcial, etc.), con peores condiciones de
empleo (retribuciones, jornada, carga de trabajo, etc.) y en ramas de
actividad que se desarrollan en base a la utilización intensiva de
mano de obra barata y poco cualificada (el paradigma es la
construcción pero también diversas ramas de los servicios).

Como consecuencia hoy son mayores las tasas de desempleo, la
pérdida de cobertura social, los ingresos y las tasas de pobreza de
la población de origen extranjero. Pero conviene no perder de vista
que no se trata de una cuestión reducida a una cuestión de origen
(nacionales/ extranjeros): la situación de los migrantes
pone de manifiesto el destino que este modelo de desarrollo
capitalista reserva a las capas más explotadas de la clase
trabajadora que, además, señala el modelo ideal perseguido por las
élites empresariales. Por tanto, no se trata sólo de un “problema
de inmigrantes”. Percibiéndolo como tal se nos oculta el proceso
global de ataque contra las condiciones de vida del conjunto de las y
los trabajadores.

D.: En el informe ponéis de manifiesto también
el diferente impacto del desempleo entre autóctonos e inmigrantes.
¿Pero cómo interpretáis las diferencias entre la propia población
inmigrante (p.ej, entre latinoamericanos y norteafricanos)?

W.A.: Las modalidades de inserción laboral no son
homogéneas entre toda la población inmigrante. Existen diferencias
en función del sexo, el grupo de edad, la nacionalidad o zona de
origen o la fecha de llegada al país. Debido a ello la crisis ha
afectado de forma desigual da distintos grupos. Por ejemplo, la
pérdida de empleo ha sido mucho mayor entre los hombres mientras las
mujeres mantienen mejor sus empleos (caracterizados por mayor
precariedad y menores ingresos). Las tasas de empleo juvenil son
mucho más elevadas que las de las personas con 25 o más años. El
desempleo es mucho más alto entre la población de origen africano
debido a dos factores: la baja tasa de actividad femenina y una alta
concentración del empleo masculino en la construcción. La crisis ha
generado un enorme aumento del paro masculino; las mujeres han
reaccionado aumentando su tasa de actividad pero con poco éxito en
el acceso al empleo. De ahí que en la actualidad el 29% de esos
hogares tengan a todos sus miembros activos en paro.

Pero es un error (a veces interesado) atribuir estas diferencias
sólo a determinadas características, prácticas o “preferencias
culturales” de las migrantes. Junto a estas operan también
las preferencias, prejuicios y políticas de mano de obra del
empresariado, así como las facilidades/ dificultades
diseñadas por el entramado institucional. En no pocos casos la
especialización de distintos grupos en el mercado laboral no obedece
a preferencias de los migrantes sino a estrategias, más o menos
conscientes, de quienes los emplean.

D.: Constatáis también un aumento del rechazo a los y
las inmigrantes. Hacéis referencia a las actitudes de la población,
¿pero hasta qué punto pensáis que llega la responsabilidad de las
administraciones en ese cambio de percepción?

W.A.: Empecemos por afirmar que la opinión
pública no es inocente. Prejuicios, actitudes xenófobas e
incluso racismo abierto existen en sectores de la sociedad que no
esperan a recibir el permiso o aliento institucional. Sin
embargo, desde estas esferas siempre se ha alentado la idea de que la
población inmigrante es un complemento (“en función de las
necesidades y posibilidades del mercado”), no una parte de la
ciudadanía con todos sus derechos (especialmente los de carácter
político). Esto ya potencia la idea de que ante épocas de vacas
flacas su presencia en el país pierde legitimidad. Además, desde
2008 sólo hay dos políticas gubernamentales de peso: el sempiterno
control de fronteras y los planes de retorno; estos son un
fracaso en cuanto a número de retornados pero han tenido cierto
éxito propagandístico, al generar la sensación de que el gobierno
está ocupándose del problema, quitándonos de encima a parte de
esta población. Por ello no debe asombrar que en los últimos años
haya aumentado el porcentaje de personas que piensa que debería
expulsarse del país a los parados inmigrantes de larga duración.

Sin embargo, con los datos conocidos hasta 2010, pues no
se ha publicado aún el estudio de 2011 del Observatorio del Racismo
y la Xenofobia, hay que decir que el mayor crecimiento de las
opiniones anti inmigración se produjo en el periodo previo a la
crisis, debido a los mensajes del gobierno de Aznar y a una sensación
de saturación de la población autóctona que comparte espacios con
la inmigrada en entornos en los que los recursos no aumentaban
(transportes públicos, centros sanitarios, determinados nichos de
empleo). Podría decirse que la gran preocupación respecto al
empleo, la falta de ingresos y los recortes de prestaciones ha
relegado a un cierto olvido a los inmigrantes. La pregunta es ¿qué
ocurrirá si las políticas oficiales siguen este curso? El deterioro
de las condiciones de vida y la falta de alternativas ¿potenciarán
movimientos como la Aurora Dorada griega?