EE UU | LA SOLICITUD RESPALDA LA DENUNCIA DE CUATRO DETENIDOS
Grupos de Canadá piden el arresto de Bush

Organizaciones de derechos humanos pidieron el arresto de George Bush durante
su visita a Canadá el 20 de octubre, por torturas en su guerra contra el terror.

15/11/11 · 8:00
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Foto: O.M.

El 19 de octubre el Center Constitutional
Rights (CCR) y Canadian
Center for International Justice
(CCIJ), en nombre de cuatro personas
torturadas, instaron al ministro
de Justicia de Canadá y al
fiscal del Estado de este país a
abrir una investigación conforme
a la legislación nacional e internacional.
Se impulsaron acciones legales
para detener y procesar a
GeorgeW. Bush aprovechando su
visita a la ciudad de Surrey, en
British Columbia (Canadá).

La petición a la justicia canadiense
tiene como base más de
4.000 páginas de anexo a la acusación
–entre informes, memorandos
oficiales de los EE UU, declaraciones
del propio mandatario,
informes de Cruz Roja o
Naciones Unidas–. Un mes antes,
Amnistía Internacional presentaba
un memorándum con la responsabilidad
legal del expresidente
Bush por violaciones de derechos
humanos y, a una semana de su visita,
pidió también su arresto a las
autoridades canadienses.

Manual de torturas

Waterboarding o asfixia simulada,
posturas estresantes, aislamiento,
agresiones, perturbación
de los sentidos, privación de alimentos
y agua, exposición a temperaturas
extremas, agotamiento
progresivo, negación del sueño,
etc. Cualquier sometimiento a estos
tratos para causar dolor físico
o psicológico a otra persona podría
haber sido tomado del Estado
policial presentado en la novela
1984 de George Orwell. Sin embargo,
no se trata de ficción distópica,
sino de los hechos de tortura
ocurridos entre 2002 y 2009 bajo
responsabilidad de George W.
Bush. Después del 11S se puso en
marcha la maquinaria de propaganda
que cultivó en Occidente la
idea de EE UU como la nación salvadora.
Desde entonces, cualquiera
podía ser sospechoso de terrorismo;
tanto que se allanó el camino
para justificar la tortura.

La carta remitida por CCR y
CCIJ, firmada por numerosas personalidades
y por más de 50 organizaciones
indicaba: “George
Bush, en la calidad de expresidente
de EE UU, ostenta responsabilidad
individual por los actos de tortura
y/o trato cruel, en la medida
en que ordenó, autorizó, consintió,
planificó o ayudó a dichos actos”.

Un proceso interrumpido

Matt Eisenbrandt, director legal del
CCIJ y que presentó la solicitud en
nombre de los denunciantes cuenta
cómo “apenas unas horas después
de que un juez de paz recibiera
la información y el tribunal fijara
una fecha para la audiencia de enero,
el procurador general de la
Columbia Británica intervino en el
caso y decidió suspender el procedimiento
contra el expresidente
George Bush, lo cual puso fin a la
causa”. Amnistía Internacional
coincide en que Canadá ha incumplido
sus obligaciones
: con su
Código Penal interno y con el derecho
internacional al ser uno de los
firmantes de la Convención contra
la Tortura. Según la abogada de
CCR, Katherine Gallagher, el Gobierno
canadiense hizo lo posible
para proteger a George Bush, pues
“la velocidad con la que se llevó a
cabo muestra que el caso no fue
tratado en serio, las denuncias de
tortura de cuatro hombres encarcelados
sin cargos en Guantánamo
fueron simplemente ignoradas”. La
impunidad que se brinda a George
Bush se está discutiendo desde el
pasado invierno. En febrero, canceló
a última hora su viaje previsto
a Ginebra (Suiza) ante la
posibilidad de que se abriera una
investigación. Gracias al trabajo
del Center Constitutional Rights y
el Centro Europeo para los Derechos
Constitucionales y Humanos,
dos torturados prepararon una acusación
que ha servido de precedente
para emprender un proceso en
cualquiera de los 147 países que
han ratificado la Convención de la
ONU
. Según Gallagher, “Bush tendrá
que ser muy cuidadoso con
dónde elige viajar, ya que sigue
siendo vulnerable a un proceso en
cualquiera de los demás países
que han firmado la Convención”.

«Contra
la dignidad»

Cuatro personas que estuvieron
bajo custodia estadounidense
después de ser arrestados en
Pakistán entre 2001 y 2002 han
denunciando a Bush. Son Hassan
bin Attash, Sami el-Hajj, Muhammed
Khan Tumani y Murat Kurnaz,
y su acusación está respaldada
por varios organismos internacionales.
Argumentan que en febrero
de 2002 la Administración Bush
autorizó a la CIA a programar centros
secretos de detención y «técnicas
de interrogatorio reforzadas».
Como recogen documentos de
Amnistía Internacional, el Center
Constitucional Rights y Canadian
Center for International Justice,
Bush impuso que los Convenios
de Ginebra no fueran «aplicables a
los detenidos de Al Qaeda o talibanes».
Un informe de Cruz Roja
Internacional apunta que esas
prácticas se planearon para «atentar
contra la dignidad humana».

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