Reforma del régimen de servicio del hogar
Un grano de arena en el desierto

La militante feminista y socióloga Sandra Ezquerra reflexiona sobre los límites de la reciente propuesta del Ministerio de Trabajo de canalizar la contratación de empleadas domésticas a través de agencias de colocación especializadas.

18/02/11 · 8:06
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El nuevo ministro de Trabajo ha sugerido la posibilidad de modificar el régimen actual de empleados del hogar de forma que los empleadores usuarios de los servicios no puedan contratar directamente a la persona trabajadora sino que deban hacerlo mediante una empresa. Este cambio supuestamente persigue mejorar el sistema de cotización del régimen especial de empleadas de hogar mediante la incorporación del derecho al desempleo y mejoras en las prestaciones por incapacidad temporal, aspectos actualmente no cubiertos por dicho régimen. Estas mejoras supondrían un aumento de la cotización e, inevitablemente, un incremento también de precio. Si bien cualquier medida que tenga como objetivo ampliar los derechos de las empleadas del hogar debe ser saludada positivamente, cabe plantear al respecto dos cuestiones.

En primer lugar, la introducción de una empresa en la relación laboral usuario/a-trabajador/a no únicamente aumentaría considerablemente los costes finales sino que, aún más importante, establecería por ley la presencia de un intermediario cuyo papel acabará pareciéndose más a las parasitarias Empresas de Empleo Temporal que a un agente garante de la calidad de las condiciones laborales de las trabajadoras. El incremento del coste final del trabajo reproductivo debería repercutir en el salario de los y las trabajadoras y no en beneficio de empresas de servicios a las personas. Si el objetivo de la reforma es poner fin a las enormes bolsas de economía sumergida existentes en el sector, existen otras maneras de conseguirlo y promover a la vez la autonomía de los y las trabajadoras, como por ejemplo establecer mecanismos garantes de la negociación colectiva o permitir la entrada de inspectores de Trabajo en hogares que, aunque privados, son testigos de tanta explotación y abuso laboral.

En segundo lugar, si bien nos encontramos ante una discriminación e infravaloración históricas del trabajo doméstico que perviven en el imaginario social y cultural actual, cabe preguntarse por qué a día de hoy este trabajo continúa encontrándose fuera del Estatuto de los Trabajadores y, por ende, excluido de numerosos derechos laborales disfrutados por la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. El trabajo doméstico se ha encontrado históricamente desterrado de las normativas laborales y enmarcado en el Código Civil. Tras un breve período de reconocimiento como “trabajo real” en el primer tercio del siglo XX, se vio relegado de nuevo a la invisibilidad social y legal durante la dictadura franquista. De manera gradual resultó contemplado de nuevo como actividad laboral a partir de los años setenta, pero únicamente mediante la aprobación de un decreto en 1985 que lo establecía como “actividad laboral especial”.

Por muy positivo que sea equiparar las cotizaciones de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a las del resto de trabajadores, no será más que un grano de arena en el desierto si no se deroga de una vez por todas un Real Decreto regulador del trabajo doméstico que legaliza la ausencia de contrato escrito, elimina de facto el derecho a cobrar horas extras, no garantiza un tiempo de descanso equiparable al resto de trabajadores y trabajadoras, permite el despido libre y prácticamente gratuito y, entre muchas otras discriminaciones, limita severamente la intervención de inspectores laborales.

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