CATALUNYA | Venta de Aigües de Ter-Llobregat
El Govern acelera la venta de las aguas

El Área Metropolitana de Barcelona otorga una licitación sin concurso a la multinacional Agbar.

, Barcelona
21/11/12 · 14:52
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En 2010 París recuperó la totalidad de su compañía de agua y pasaba a ser pública tras 25 años de titularidad mixta. Viena, Múnich o Amsterdam son puestos como modelos ejemplares de gestión del agua pública y progresista. El Canal de Isabel II de Madrid, a pesar de todo y por el momento, sigue siendo público. El 90%, en fin, del suministro de agua domiciliado en todo el mundo es gestionado de un modo u otro por el Estado. Mientras tanto, la administración catalana se deshace de lo poco que le quedaba de este bien común en favor de las grandes compañías del sector.

El servicio en alta

Aigües de Ter-Llobregat (ATLL) y la Agencia Catalana del Agua (ACA) son los dos organismos públicos que el Gobierno de Artur Mas ha dejado caer. En 2011, la Ley Ómnibus ya daba un primer varapalo a ambos mediante importantes recortes presupuestarios y abría la puerta a la privatización. Fue a principios de este año cuando el Govern anunciaba que iba a poner a la venta ATLL, compañía que distribuye el agua desde la fuente hasta los depósitos de 121 municipios catalanes, lo que se conoce como servicio en alta. La adjudicación, que durará medio siglo, garantiza una espectacular fuente de negocio para la empresa beneficiaria. Dos empresas competían por la gestión de Aigües Ter-Llobregat: Agbar, la omnipresente compañía que antaño fue Aguas de Barcelona y que es hoy propiedad de la multinacional francesa Suez, y Acciona, de la familia Entrecanales, con una oferta de tarifa más barata aunque sin experiencia en el sector del agua.

Según el digital Ara.cat, la adjudicataria ha sido esta última. En julio, el consejo de administración de ATLL aprobó un incremento del 70% en las tarifas. La empresa niega que tenga que ver con la futura privatización, aunque admite que el objetivo es “reequilibrar las finanzas”, por lo que no es difícil vincular este saneamiento de las cuentas a la voluntad de vender. Este incremento tarifario lo van a tener que pagar las empresas de distribución en baja, es decir las que llevan el agua desde los depósitos hasta los hogares, que acabarán repercutiendo parte de estos costes al consumidor final.

Así pues, sean cuales sean las condiciones con las que la empresa concesionaria adquiera ATLL, la ciudadanía catalana verá subir los precios del agua.

El servicio en baja

En el ámbito municipal, al final del ciclo del agua, también cuecen habas. Y más escandalosas si cabe. Tal y como denuncian la plataforma Aigüa és Vida y Global Water Intelligence, el Área Metropolitana de Barcelona ha adjudicado a Agbar durante 35 años y a dedo la concesión del ciclo integral del agua en su ámbito. Sencillamente no ha habido licitación pública de ningún tipo. Agbar, que probablemente se acabe quedando también con ATLL, gestionaba hasta la fecha el abastecimiento de agua de 28 de los 36 municipios del área.

Cuando, desde la oposición, Ricard Gomà (ICV) cuestionó la decisión, se le dijo, según Global Water Intelligence, que, “dado que Agbar ya disfruta de un monopolio en la provisión de agua en el área metropolitana, es legítimo otorgar la concesión sin licitación abierta”.

Cabe recordar, además, que dicho monopolio efectivo de Agbar se sustenta sobre un acuerdo de boquilla, más propio de un apaño de Los Soprano que de una ciudad como Barcelona. En octubre de 2010 un juez constataba que Agbar, en la ciudad, “presta el servicio municipal de abastecimiento domiciliario sin el título preceptivo” y que, por lo tanto, su gestión es ilegítima y, las tarifas cobradas, ilegales.

La sentencia remite a 1966, cuando el Ayuntamiento de Barcelona aprobó las bases para el convenio con la Sociedad General de Aguas de Barcelona sin licitación pública y contra las mismas leyes del Franquismo. Por todo ello, y tras reclamar infructuosamente a la compañía la documentación necesaria, el juez afirma que la concesión no adjudicada en los términos requeridos “sería un acto radicalmente nulo”.

Pero es que, además, ni siquiera hay contrato más allá de un “simple proyecto de adjudicación que no llegó a consumarse”. El juez constata que, “hoy por hoy, la gestión del abastecimiento de aguas en la ciudad de Barcelona y la actuación de la SGAB en tanto que concesionaria del servicio son actuaciones ilegítimas”. O sea, que tras 45 años de aquella especie de acuerdo verbal, la relación entre Barcelona y Agbar se aguanta en precarias condiciones. La sentencia fue inmediatamente recurrida por la compañía.

UNA EMPRESA PÚBLICA EJEMPLAR

Según afirmaban Quim Pérez y Eloi Badia, de Ecologistes en Acció, en un artículo publicado en el número de marzo de la revista Carrer, no hay argumentos técnicos para dicha privatización: ATLL fue considerada en 2010 la segunda mejor empresa pública del mundo según los Global Water Awards. Gracias a las obras de mantenimiento, sus infraestructuras están en muy buen estado, cosa que contrasta, por ejemplo, con ciertas instalaciones del Grupo Agbar, que se postula como nuevo propietario de la empresa.

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