CASO VIC // LAS TRAMPAS DE UN SUPUESTO DEBATE
El Gobierno y el PP abren su monólogo sobre el padrón

Por la rendija del padrón se cuelan viejos argumentos.
Ni reparto de recursos, ni exclusión social: el
debate sobre inmigración se centra en el control.

05/02/10 · 0:43
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En Leganés, en la periferia madrileña,
el certificado de empadronamiento
ha llegado a costar 100 euros.
Cierto es que no era un papel
cualquiera: el Ayuntamiento del
PSOE e Izquierda Unida cobraba esta
cantidad durante 2005 a los extranjeros
que estuvieran tramitando
la solicitud de residencia.

Eran los tiempos de la regularización
extraordinaria puesta en
marcha por el entonces ministro
Jesús Caldera. Como ahora, el empadronamiento
era la llave para
acceder a los servicios públicos, y
el primer eslabón en la cadena de
pruebas documentales para conseguir
la tarjeta de residencia.

Esta mecánica legal, hasta ahora
desconocida por la mayoría de la población
no inmigrante, es la que ha
quedado al descubierto con el revuelo
causado por los cerrojazos censales
de Vic y Torrejón de Ardoz. Dos
semanas de polémica han dado para
reabrir un debate lleno de malentendidos
e incongruencias: las supuestas
entre la Ley de Extranjería y la
ley de Régimen Local que regula los
empadronamientos; y las reales entre
lo deseado, lo declarado y lo puesto
en práctica tanto por el Gobierno
como por el principal partido de la
oposición.

El malentendido más utilizado por
la derecha posmoderna representada
por el diario El Mundo sostiene
que la cuestión del empadronamiento
no fue abordada en la tramitación
de la nueva Ley de Extranjería, que
entró en vigor apenas un mes antes
del comienzo de la polémica.

El argumento apuntaba tanto contra
el PSOE como contra el PP, y permitía
al diario de Pedro J. vestirse
con los ropajes de la neutralidad para
conectar con el malestar social difuso
existente ante la crisis. Semejante
idea ponía en bandeja al PP su
siguiente reclamación: una nueva reforma
en la Ley de Extranjería. En
realidad, los aspectos relacionados
con el empadronamiento sí fueron
abordados en la reforma, y de hecho
han conseguido sortear las distintas
objeciones planteadas en los pasillos
por las ONG (ver recuadro inferior).

Poli bueno, poli malo

Lejos de practicar la pedagogía garantista
que le atribuyen los medios
dedicados a defender su flanco izquierdo,
Zapatero y sus ministros
han recogido el guante lanzado por
el PP: tanto Blanco como Corbacho
desde dentro del Gobierno, como
Patxi López desde la Lehendakaritza,
han declarado que de Vic y Torrejón
han salido, además de normas
que privarían de los derechos sociales
a casi un cuarto de sus poblaciones,
un debate necesario.

Con la Ley ya aprobada pero sin
el reglamento que realmente la desarrolla,
el margen para que el supuesto
debate se traduzca en un
mayor endurecimiento de las políticas
migratorias es amplio. En plena
tormenta, el ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, defendía
en la Ejecutiva del PSOE celebrada
el 25 de enero la dureza de su política
contra la inmigración irregular
(El País, 26 de enero). Una semana
antes, presentaba el balance de la
política de control de fronteras en
2009, con un aumento del 25% en
las expulsiones.

El Gobierno también prevé incluir
la “causa de inhabitabilidad”
para denegar solicitudes de empadronamiento,
si bien se desconoce
qué baremo propondrá. La medida,
que deberá ser abordada en una
próxima reforma de la Ley de Régimen
Local, se justifica por la lucha
contra el hacinamiento y los llamados
‘pisos patera’.


‘El Mundo’
aprieta


En medio de la polémica, El
Mundo ha pedido, en un
editorial y a través de su
subdirector, Casimiro García
Abadillo, la expulsión de
todas las personas sin permiso
de residencia en el
Estado español. De este
modo, argumenta el diario,
medidas como la propuesta
en Vic serían innecesarias.

Y Corbacho...

En el pasado otoño, la policía
local de Terrassa (Barcelona,
gobernada por PSC,
ERC e IC) ha efectuado visitas
a casas de inmigrantes
irregulares para citarles en
comisaría. Una vez allí, a los
inmigrantes se les abría una
orden de expulsión, según
denuncia la Asociación de
Sin Papeles de Terrassa.

Visitas indeseadas

En su etapa como alcalde de Hospitalet,
el ministro de Trabajo e Inmigración,
Celestino Corbacho, pidió que se reformase
la Ley de Régimen Local para
poder limitar el número de personas
empadronadas en un mismo piso.

PREGUNTAS FRECUENTES

Por Diego de las Barreras, abogado de la ODS-SECO (Madrid)

«La LOEX afecta al padrón»

¿SE CONTRADICE LA LEY
DE EXTRANJERÍA CON LAS
NORMAS DE EMPADRONAMIENTO?

_ El hecho de que te
vayas a empadronar en un
Ayuntamiento con un pasaporte
no significa que seas inmediatamente
expulsable para la
Ley de Extranjería. Por ejemplo,
la Ley dice que no se puede expulsar
a una madre 'sin papeles'
que tenga un hijo menor con
DNI español. Las leyes no establecen
mandatos, establecen
supuestos de hecho y consecuencias
jurídicas. La consecuencia
de la estancia irregular
puede ser la expulsión o puede
acabar en una simple multa.
Esto es así porque esta Ley, como
todas, se basa en una realidad.
En este caso, la realidad es
que el Estado tiene capacidad
como para expulsar y repatriar a
unas 35.000 personas al año.
El PP estuvo gobernando con
una bolsa de 1.500.000 irregulares,
y en términos generales su
vida era entonces más fácil de
lo que es ahora.

¿AFECTA AL PADRÓN
LA NUEVA LEY DE EXTRANJERÍA?

_ Sí. La Ley (artículo 53.2
D) establece como falta grave el
empadronar a una persona sin
permiso de residencia en una
vivienda donde no vive realmente.
Esta medida no afecta a ninguna
mafia, porque quienes
realmente efectúan esos empadronamientos
son amigos o familiares.
Se estaría atacando
así a los lazos de solidaridad y
apoyo mutuo que se dan en
cualquier proceso migratorio.
Esta infracción está penada con
una multa de entre 500 y
10.000 euros, o hasta
100.000 euros si se considera
que ha habido ánimo de lucro.

¿ES LA LEGISLACIÓN
ESPAÑOLA TAN GENEROSA
COMO SE PRETENDE?

_ La mayor apertura de la legislación
española de inmigración
obedece a causas complejas,
aunque la tendencia es hacia
el endurecimiento. Es cierto
que somos el país con mayor
proporción de población extranjera
en la Unión Europea, pero
la situación del Estado español
no tiene nada que ver con la de
otros países como Francia,
Alemania o Reino Unido. Aquí
el fenómeno de la inmigración
masiva es mucho más reciente.
En la medida en que se vayan
asentando las poblaciones y
creciendo las segundas generaciones
de inmigrantes, la cuestión
tomará otro aspecto, como
ya sucede en Francia o
Alemania, donde obviamente
no se contabiliza como extranjeros
a todos los descendientes
de inmigrantes, pese a que en
la práctica sí sean considerados
como tales.

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