ROMPER EL SILENCIO. “Se ha pretendido silenciar a todas las voces que acusan al Gobierno colombiano de Álvaro Uribe de violaciones de derechos humanos”.

Cuando la policía la detuvo a Remedios
García, trabajaba en la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB).
La base de su detención fueron
unos supuestos correos electrónicos
encontrados en el ordenador
del guerrillero de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo (FARC-EP), Raúl
Reyes. Desde entonces se le ha abierto
un proceso judicial en la Audiencia
Nacional. Baltasar Garzón,
primero, y el juez Eloy Velasco después,
instruyen el sumario en el que
se le acusa de “representante política”
de las FARC-EP. A su abogado,
Enrique Santiago, no se le ha permitido
presentar pruebas en contra de
esta acusación porque, según el juzgado,
existe secreto de sumario. Su
caso ha desatado una campaña de
solidaridad desde diversas organizaciones
que denuncian la criminalización
de los defensores de derechos
humanos del presidente Álvaro
Uribe, dentro y fuera de Colombia.

DIAGONAL: Desde la perspectiva
del Derecho Internacional y su experiencia,
¿en qué consiste la mediación
en conflictos armados ?

REMEDIOS GARCÍA: Se supone
que el objetivo de alguien que se
dedica a promover la paz es acabar
con la guerra. Para terminar con
los enfrentamientos armados es necesario
un acercamiento de las partes.
Eso significa tratar de trasladar
propuestas de una a otra parte y
restablecer un clima de confianza.
En el caso de Colombia, ese clima
se ha roto y será difícil restablecerlo.
Se quebró porque, a parte de las
negociaciones con el Gobierno de
Andrés Pastrana (1998-2002), hubo
otros diálogos durante el gobierno
de Belisario Betancur (1982-1986)
que terminaron porque una de las
partes fue físicamente aniquilada.

D.: ¿Es posible llevar a cabo diálogos
entre la guerrilla y el Gobierno,
sin mediadores?

R.G.: Es difícil por la desconfianza
que se ha sembrado y por los frustrados
procesos. El más evidente
fue el de los asesinatos selectivos
de los miembros de la Unión Patriótica
(UP). La UP fue una organización
que surgió a raíz de un proceso
de paz que se dio durante la
presidencia de Belisario Betancur
(1982-1986). La idea era tener la
posibilidad de estar representados
en la sociedad, que se escucharan
sus propuestas y de esta manera
abandonar, la lucha armada. Llegaron
a participar en unas elecciones
municipales y tuvieron un buen resultado.
Entonces empezó una
campaña de exterminio. Por eso, es
necesaria la participación de otros
actores externos. Pero los problemas
de Colombia los tienen que resolver
los colombianos.
Uribe no ha reconocido el conflicto,
por lo tanto los mediadores
son innecesarios. Sí, hubo mediadores
reconocidos, como la senadora
Piedad Córdoba y el presidente
de Venezuela, Hugo Chávez,
en 2009. Entonces había una presión
internacional muy fuerte para
que se llevara a cabo el intercambio
humanitario.

D.: En el congreso que organizó la
Organización de Solidaridad con
los Pueblos de Asia, África y América
Latina (OSPAAAL), en la que
usted trabajaba, Fabio Valencia, representante
del gobierno de Pastrana,
señaló que la única salida pasaba
por el diálogo. ¿Qué cambió
con el presidente Uribe?
R.G.: Este congreso celebrado en el
año 2000 tenía como objetivo apoyar
el proceso de negociación de
paz. El proceso de paz del Caguán
se estaba llevando a cabo paralelamente
a la elaboración y puesta en
marcha del Plan Colombia (1999).
Este plan, diseñado por EE UU
con el beneplácito del presidente
Andrés Pastrana, se fue implantando
progresivamente. Hay quien opina
que la negociación de paz con
las FARC-EP, en aquel momento,
fue una forma de preparar el Plan
Colombia. La ruptura de los diálogos
del Caguán se produjo después,
tras los atentados del 11-S, en 2001.
Entonces es cuando se empieza a
criminalizar a las organizaciones,
no sólo en Colombia, en todo el
mundo.
Se las define como terroristas. No
sabemos a qué responde que una organización
sea introducida en una
lista de grupos calificados como terroristas.
No ha habido un juicio que
diga que dichas organizaciones no
tienen reivindicaciones políticas justas.
Se siguen violando los derechos
humanos, por lo tanto, las reivindicaciones
siguen teniendo vigencia.

D.: ¿Hay voluntad de juzgar a los responsables
de crímenes de lesa humanidad?

R.G.: No sé. Lo que sí sé es que cada
vez hay más pruebas de que las
organizaciones paramilitares actuaban
en connivencia con el ejército
y con la policía. Sin embargo,
con los paramilitares sí se produjo
el proceso de paz. ¿Cómo se puede
hacer un proceso de paz con ellos?
Es contradictorio, ellos no estaban
enfrentados con el Estado, no han
luchado contra él.

D.: ¿Por qué cree que Uribe decidió
arremeter contra todas las personas
que han trabajado para un proceso
de paz en Colombia desde el
Gobierno de Pastrana?

R.G.: Uribe ha negado la guerra en
todo momento. Y a la descalificación
del “enemigo político” hay que
sumarle la persecución, que forma
parte de la estrategia de guerra: acallar
a cualquiera que denuncie violaciones
de los derechos humanos.
Entonces los testigos exteriores son
un peligro serio. Respecto al Estado
español, el presidente de Colombia
está interesado en que el conflicto
de su país se asimile al conflicto vasco.
Si él logra esta similitud, tendría
garantizado un apoyo internacional.
Uribe siempre ha visto por ahí
una vía para eludir la búsqueda de
una solución dialogada.

D.: ¿Por qué, en este caso concreto,
también se le persigue a usted?

R.G.: Tendrían que responder
otros. Lo que sí es extraño es que
en ningún otro país se ha detenido
a ninguno de sus ciudadanos por
denuncias del Gobierno colombiano.
Ha habido denuncias contra
italianos y suizos, pero no han sido
detenidos, acusados de terrorismo,
y sometidos a una ley antiterrorista,
sólo ha ocurrido en el
Estado español. Yo no soy ninguna
terrorista. Tampoco promuevo
el uso de las armas. Lo único que
he hecho, ha sido trabajar por una
salida pacífica, por medio del diálogo
y la negociación al conflicto
armado en Colombia. No formo
parte, ni he formado parte de ninguna
organización armada.

D.: ¿En qué situación se encuentran
las causas abiertas contra usted en la
Audiencia Nacional?

R.G.: En el caso del juzgado número
cinco, que llevaba Garzón, el caso
está igual que hace 23 meses,
bajo secreto de sumario. Mi abogado
ha presentado algunas reclamaciones
para que se levantara,
pero no ha habido respuesta. En el
caso del segundo proceso, a mí se
me citó para ir a declarar el pasado
24 de marzo. Pocos días antes
de esta fecha, recibimos una notificación
diciendo que se suspendía
la citación. Lo único que hemos sabido,
a través de la prensa, es que
se distribuyó información de que
yo era la representante internacional
de una organización armada
colombiana.
Hace poco se ha publicado en algunos
medios de comunicación que
la policía española ha estado investigando
en Colombia y que no ha encontrado
ninguna pista sobre la persona
que estuvo coordinando unos
cursos entre ETA y las FARC en
Venezuela. La policía tiene constancia
de que en esas fechas, la persona
que se menciona en el auto del juez
Velasco se encontraba en España.

D: ¿Qué pretende Uribe con la criminalización
de los defensores de derechos
humanos?

R.G.: Uribe quiere silenciar a todas
las voces que le acusan, a las organizaciones
que denuncian las continuas
violaciones de los derechos
humanos.