Los centros pasarán a llamarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros
El Gobierno ultima la regulación de los CIE sin grandes cambios

El Gobierno presenta un anteproyecto para regular los Centros de Internamiento de Extranjeros que no recoge las peticiones de las entidades sociales.

- Los Centros de Internamiento de Extranjeros dejan de ser invisibles

13/06/12 · 16:15
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UN CENTRO VACÍO. El Gobierno escenificó la presentación del futuro reglamento con una visita abierta a la prensa del CIE de Aluche (Madrid). Durante el recorrido, realizado a la hora de la comida, ningún periodista pudo hablar con interno alguno. El mismo comedor se encontraba vacío. La plana mayor de Interior, con el ministro Jorge Fernández Díaz y el Director General de Policía, Ignació Cosidó, estuvo presente en el acto. Fotos: David Fernández

El Gobierno publicó el lunes 11 en la web de Interior el anteproyecto del reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros, las infraestructuras donde se encierra hasta 60 días a personas por carecer de permiso de residencia. Pese a que, en teoría, este internamiento es una medida cautelar impuesta por un juzgado en espera de la expulsión del interno, diferentes asociaciones han señalado en un documento publicado hoy miércoles que "se produce una utilización abusiva del procedimiento preferente, del internamiento y de
la sanción de expulsión".

El anteproyecto llega dos años después del fin del plazo marcado para la publicación del Reglamento tras la última reforma de la ley de Extranjería, en diciembre de 2009. La reforma de la Ley daba entonces un plazo de 6 meses para concretar un reglamento que cubriera el vacío dejado por la orden ministerial que sigue regulando estos centros desde el año 1999.

El continuo retraso ministerial alcanzaba su nota más tragicómica cuando, en abril de este mismo año, Interior entregaba un documento de trabajo a diferentes organizaciones que en su página 4 encomendaba la aprobación del hipotético nuevo reglamento “a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Interior ”, es decir, el señor Alfredo Pérez Rubalcaba. El actual jefe de la oposición dejó esos dos cargos del Gobierno el 8 de julio de 2011 y, presumiblemente, un documento en el cajón de su despacho con las citadas órdenes.

Distintas organizaciones de inmigrantes, de juristas y de derechos humanos denuncian que los CIE suponen una vulneración de derechos al implicar la reclusión de personas que no han cometido ningún delito. Además, han documentado en repetidas ocasiones que en su interior se producen abusos sistemáticos como la reclusión en celdas de aislamiento, maltratos o falta de atención médica, como en el caso de la mujer congoleña que falleció el pasado diciembre en el CIE de Aluche (Madrid).

Margarita Martínez Escamilla es catedrática de derecho penal de la Complutense de Madrid y visita frecuentemente el CIE de Aluche como parte de su actividad de apoyo a la gente interna y de documentación de las condiciones de vida en su interior. El anteproyecto, dice, “coincide en su práctica literalidad al 99% con el supuesto borrador de trabajo que el secretario de Estado anunció expresamente que era manifiestamente mejorable con las entidades”. La catedrática se refiere al mismo borrador que llevaba meses en el cajón de Interior. Finalmente, indica, “no se han introducido ninguna de estas propuestas, ni si quiera técnicas, es una tomadura de pelo”.

En el documento hay continuas referencias al enfoque policial de las políticas de extranjerías. La dirección de cada centro pasa de ser designada por la delegación del Gobierno a ser nombrada por la Dirección General de Policía. “No es que pensemos que la policía nacional es genéticamente mala, es que se relaciona con la inmigración desde una óptica de lucha contra la criminalidad”, argumenta Martínez Escamilla, en la línea con el documento de valoración hecho a conocer la mañana del miércoles 13 por la campaña “Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE”.

“Hay temas que incluso la regulación supone un retroceso con respecto a la normativa actual”, señala Escamilla. Así, el documento legaliza explícitamente el desnudo integral de las personas que van a ser internadas, restringe el horario de visitas de las asociaciones y sólo garantiza la atención médica a los internos en un máximo de 72 horas. Otro aspecto que critica la campaña es que se instauran celdas (“módulos”, en la terminología del anteproyecto) aisladas para las personas internas que tengan antecedentes policiales.

“El de antecedentes policiales es un concepto jurídicamente inexistente”, señala Escamilla. Una simple identificación policial por negarse a cumplir una ordenanza municipal -por ejemplo, tender la ropa en ventanas que den a la calle- puede dar lugar a este tipo de antecedentes que se tendrán en cuenta en los ahora llamados Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE).

Cualquier queja de los internos, señala el documento, se presentará ante la dirección del centro, en un cambio que para la campaña supone un retroceso dado que antes se presentaban ante el juzgado. Y la obligación de una respuesta por escrito desaparece del anteproyecto.

El centro de Capuchinos (Málaga) cerrará el día 20

El Gobierno ha anunciado el cierre inminente del centro de internamiento de Capcuchinos, en Málaga, debido supuestamente a la "mala situación de sus infraestructuras". El centro había sido denunciado por vulneraciones a los derechos humanos, incluidas torturas, violaciones y palizas, y había recibido informes negativos del Defensor del Pueblo. El día 20 se producirá su precinto definitivo.

Según declara a DIAGONAL Gerardo Márquez, de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga (CIM), "este cierre es producto de las movilizaciones que se han producido en contra de la vulneración permanente de los derechos humanos. Ahora la reconoce la propia subdelegación del Gobierno".

El centro, con capacidad para unas 80 personas, cuenta todavía con 12 internos, según Márquez. "No sabemos todavía a dónde trasladarán a los que se han llevado y a los que todavía están", dice, aunque menciona que lo más probable será su traslado al centro de Tarifa, que define como una "aberración".

"Nosotros seguiremos luchando también contra el resto de los CIE, para que se cierren y no se abra ninguno más", añade el activista. "Ahora los españoles también migran, y se están recortando los derechos tanto de nativos como de inmigrantes. Hay que luchar para que se respeten los derechos de todos", reclama.

La CIM, el centro social La Casa Invisible y Democracia Real Ya-Málaga han convocado para el mismo día 20 una concentración-fiesta frente al centro de Capuchinos.

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