El guión para los ensayos de la nueva reforma laboral se ha clarificado con la propuesta por escrito presentada el 18 de octubre por el Gobierno a sindicatos y empresarios. Tras más de un año de atonía, desde que los llamados agentes sociales y el Gobierno presentaran la Declaración por el Diálogo Social, vuelven las declaraciones subidas de tono. El secretario general de CC OO, José María Fidalgo, sentenció en una entrevista a Telemadrid que “por menos, le montamos una huelga general al PP”. Y José María Cuevas, de la patronal CEOE, ha manifestado que los empresarios no aceptarán más rigidez a cambio de menos cotizaciones.
Más allá de las declaraciones, nadie se ha retirado de la mesa negociadora. Fernando Lezcano, responsable de comunicación de CC OO, ha informado a DIAGONAL de que, si bien no ha consensuado plazos con UGT, su organización considera que no tiene sentido prolongar las negociaciones más allá de noviembre, entre otras cosas porque la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado en diciembre impone un límite casi forzoso a las conversaciones.

La propuesta del PSOE se define, además de por la ampliación a nuevos colectivos del “contrato de fomento del empleo” con despido más barato, por más rebajas en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), de 0,5 y 0,1 puntos, respectivamente. Además se ha concretado la propuesta de que el Fogasa subvencione el 40% de la cuantía de los despidos procedentes en las empresas de hasta 50 trabajadores (la mitad del total de empresas), en un nuevo gesto que la patronal no considera suficiente. El actual superávit de 3.352 millones de euros permitiría, según el periódico económico Cinco Días, que los empresarios no pagaran sus cotizaciones al Fogasa en siete años; una rebaja demasiado suculenta en concepto de salario diferido que haría palidecer la concesión gubernamental.

Las concesiones al lado sindical resultan más raquíticas. El límite de 36 meses para que los contratos temporales pasen a indefinidos ya es un objetivo de hecho de la inspección laboral, y fue norma hasta la reforma del ‘97. Su aplicación en la práctica dependerá del arrojo de los trabajadores para denunciar los abusos empresariales, justo en un momento en que se conoce que el 70% de los empleados del Estado español teme perder su trabajo en un año, según muestra un informe de Manpower.
Otros aspectos de la propuesta, como las intenciones de reformar los artículos 52 y 122 del Estatuto de los Trabajadores relativos a la definición de los despidos objetivos, pueden introducir otra vieja aspiración empresarial, la eliminación del control judicial sobre la extinción de contratos. Por otro lado, las medidas de coto a la subcontratación resultan “imprecisas”, según Lezcano, así como el fomento de la igualdad salarial y de derechos entre hombres y mujeres.

Principales medidas

El contrato de fomento del empleo, con despido más barato, se podrá aplicar a quien lleve un mes en paro y a personas de entre 16 y 30 años.
El Fondo de Garantía Salarial, conocido como Fogasa, subvencionará un 40% del coste del despido procedente a las empresas de hasta 50 trabajadores.

Se amplía de dos a cuatro años el incentivo a los contratos indefinidos de fomento del empleo.
Se rebaja de 0,4 a 0,3 puntos las contribuciones empresariales al Fogasa.

Las subcontratas podrán transformar los contratos por obra en contratos de fomento del empleo.