DANIEL LUNA. “La riqueza está en el Sur: agua, biodiversidad, minerales, petróleo, gas... Ahora pretenden privatizar los recursos de Chiapas y desalojar a las comunidades”.

Daniel Luna es uno de los responsables
del Frente Nacional de Lucha
por el Socialismo (FNLS) de México,
que lidera la resistencia en Chiapas
contra las multinacionales mineras
canadienses que ocupan las tierras
indígenas. Luna y dos dirigentes más
están amenazados de muerte, dos líderes
campesinos ya han sido asesinados
y la represión en las comunidades
se agrava.

DIAGONAL: ¿Por qué se ha amenazado
a los integrantes del FNLS?

DANIEL LUNA: Pretendemos cambiar
el capitalismo porque es incapaz
revertir la situación de los 80 millones
de pobres, en un país de 115
millones de habitantes. Una de nuestras
luchas es el derecho a la tierra
de los pueblos indígenas. El Gobierno
mexicano ha hecho concesiones
mineras a empresas canadienses por
valor de un millón de hectáreas en la
Sierra Madre de Chiapas. La mayoría
son tierras comunales, y en México
esos terrenos están protegidos
por la Constitución. No se pueden
vender, ni afectar, ni embargar y son
imprescriptibles. Además, el convenio
169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) obliga al
Estado mexicano, que lo firmó, a
consultar a sus propietarios. Pero no
preguntó a los indígenas.
Las multinacionales sacan oro, antimonio,
zinc… Empezaron con engaños,
dijeron que eran de la universidad
y querían estudiar los minerales.
Pero practican la minería a cielo
abierto, la más contaminante, que
provoca enfermedades (cáncer, leucemia)
y están contaminando los ríos
y abriendo carreteras en la selva.

D.: ¿A cuántas comunidades afecta
la explotación minera?

D.L.: A muchas, dos son pueblos mayas,
el Jakalteco y Muchó, a punto
de desaparecer. La riqueza está en el
Sur: agua, biodiversidad, minerales,
petróleo, gas... Explotaron ya el resto
del país. Llegó la hora de privatizar
los recursos de Chiapas, desalojar
Montes Azules, comunidades zapatistas,
los sitios más bellos, para hacer
la autopista turística.

D.: ¿Cómo organizan la resistencia
contra las multinacionales?

D.L.: Hicimos asambleas con los
campesinos y se han organizado para
resistir. Pero el Gobierno trata de
contenerlos con represión y asesinatos.
La táctica es conocida. Primero,
ahonda en las divisiones que surgen,
porque las multinacionales ofrecen
escuelas, trabajo. Se rompe el tejido
social. Después inicia una campaña
mediática y después la represión.

D.: Chiapas sufre la represión militar
por defender sus tierras.

D.L.: Sí. En noviembre de 2008 convocamos
una rueda de prensa y, dos
días después, entraron en las casas
de los compañeros que intervinieron,
Yolanda Castro y Jaime González.
Se inició la persecución. Se inició
la represión. En agosto de 2009
detuvieron al dirigente, Mariano
Abarca, en el municipio de Chicomuselo,
que luchaba contra la multinacional
Black Fire, cuya actividad
afecta a la salud de la población. Lo
detuvieron y, sin juicio, lo metieron
en una prisión de máxima seguridad,
a 2.700 kilómetros. Lo liberaron pero
tres meses después lo asesinaron. En
septiembre incendiaron el centro de
mujeres indígenas K’inal Antsetik,
en San Cristóbal, donde estudian jóvenes
de comunidades antimineras.
Más tarde, otro líder campesino,
José Hernández, fue detenido por la
policía, dos compañeros que trataban
de evitarlo fueron asesinados.
Mientras, el Gobierno de Chiapas hace
públicas las acusaciones ante los
medios del país. Acusa al FNLS a un
sacerdote, al obispo de Chiapas, Samuel
Ruiz (35 años en San Cristóbal
y mediador entre zapatistas y Gobierno)
y al director del Centro San
Bartolomé de preparar un levantamiento
armado para 2010. Dicen que
tenemos vínculos con el cartel de la
droga más peligroso del país y que
nos incautaron un gran arsenal. Nos
acusan de narcotraficantes por defender
a los indígenas. Algunos medios
rectificaron. Pero la persecución
sigue. Hace dos meses mataron a
otro dirigente campesino, el profesor
Abelardo Mérida. Otra compañera,
Margarita Guzmán, que denunció a
la policía por allanamiento, fue secuestrada,
le dieron una paliza y la
amenazaron con matar a sus hijos.

D.: ¿Esta criminalización se ha generalizado
en México?

D.L.: Es una estrategia del Gobierno
contra movimientos sociales y grupos
de izquierda. Se criminaliza sin
pruebas y se justifica la militarización.
La justicia no existe. Además,
la represión afecta a los periodistas,
México es el país más peligroso para
el periodismo en Latinoamérica,
por delante de Colombia, según la
Sociedad Interamericana de Prensa.

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