MONSANTO TIENE PREVISTO INICIAR EN 2011 SIEMBRAS EXPERIMENTALES DE MAÍZ
El Gobierno mexicano autoriza mil hectáreas de maíz transgénico

Desde hace siglos, el
maíz es la base de la
cultura mexicana. Los
intereses de la industria
biotecnológica ponen en
peligro esta tradición.

06/07/10 · 12:20
Edición impresa

En octubre de 2009, el Gobierno
mexicano autorizó
a las empresas Monsanto,
DuPont (Pioneer
Hi-Bred) y Dow la plantación experimental
de maíz transgénico en
12,7 hectáreas, tras más de diez
años de moratoria. En 2010, según
informaba a principios de junio la
investigadora Silvia Ribeiro en La
Jornada, “sin tener los resultados
de su supuesta investigación”, el
Gobierno autorizó solicitudes para
plantar con este organismo genéticamente
modificado más de mil
hectáreas, unos diez millones de
metros cuadrados.

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TRANSGÉNICOS. El maíz es la base principal de la alimentación en México. Foto: Prometeo Lucero.

El maíz constituye la principal
base alimentaria de la población
mexicana. Representa aproximadamente
la mitad del volumen total
de alimentos que se consumen cada
año y proporciona a la población
cerca de la mitad de las calorías requeridas
para su subsistencia. Este
cereal no sólo figura como el alimento
primordial para México,
sino que constituye un elemento
esencial de las culturas de los pueblos
que actualmente lo conforman.

Sin embargo, esta forma de vida
se ve amenazada tras la autorización
del Gobierno para la siembra
experimental de maíz transgénico
en México. El Gobierno y las empresas
biotecnológicas argumentan
que los transgénicos resolverán
los problemas del campo mexicano,
remediando las dificultades para
el suministro interno, además de
producir biocombustibles como opción
para luchar contra el cambio
climático. Pero la realidad es que,
al abrirle la puerta a la siembra experimental
y comercial de maíces
transgénicos, el Gobierno federal
expone la producción maicera del
país a un alto riesgo de contaminación,
con todas sus consecuencias
desastrosas para la salud animal y
humana, la economía campesina
y su cultura comunitaria.

Intereses del agronegocio

El debate en torno al maíz en
México adquirió mayor protagonismo
a partir de la entrada en vigor
del apartado agropecuario del
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), la
aprobación de diversas leyes que
regulan la utilización de organismos
genéticamente modificados
(OGM) y el decreto presidencial
que puso fin a la moratoria de facto
para la siembra de maíz transgénico,
cuya consecuencia jurídica
inmediata fue la autorización en octubre
de 2009 de las primeras siembras
experimentales. Estos ordenamientos
y disposiciones jurídicas
–basados en ideales tecnocráticos y
un profundo desprecio por el campo
y la forma de vida campesina–
promueven y permiten la introducción
y cultivo de maíz transgénico
en el campo mexicano, la criminalización
de prácticas campesinas
ancestrales –como el intercambio
de semillas–, y abren la puerta para
la ‘biopiratización’ de los saberes
campesinos. La gravedad de la entrada
en vigor de estos ordenamientos
jurídicos es que ahora la
contaminación transgénica es avalada
por la ley –creada en beneficio
de las empresas biotecnológicas–
sin haber mediado un amplio debate
respecto a la viabilidad de estas
leyes, ni atendiendo a las circunstancias
culturales y necesidades
reales de los productores y consumidores
de maíz en México.

La introducción y cultivo de variedades
de maíz transgénico tiene
un amplio espectro de consecuencias
para la vida social del campo y
los consumidores mexicanos. En
primer lugar, la creación de dependencia
campesina frente al agronegocio
y la contaminación del
maíz mexicano por el flujo genético
de transgenes, con su consecuente
destrucción de variedades
de maíz nativas, fruto de la creación
colectiva e histórica de los
campesinos mexicanos que aún
continúa. Además, existen grandes
incertidumbres sobre las consecuencias
en la salud animal y
humana derivadas del consumo
de productos elaborados con maíz
genéticamente modificado. Estas
nuevas tecnologías aplicadas a la
agricultura –disfrazadas de generosidad
alimentaria– son instrumentadas
como un nuevo mecanismo
de acumulación, en perjuicio
de campesinos y consumidores de
maíz mexicanos.

Dentro del contexto ideológico
del neoliberalismo, se sitúan las
políticas orientadas al campo mexicano
iniciadas con la contrarreforma
agraria de 1992 y la continuación
de la revolución verde en su
faceta biotecnológica. Estas políticas
agrarias fragmentan y desarticulan
ancestrales relaciones sociales
y productivas que se expresan
en las comunidades campesinas,
minando las bases materiales de su
subsistencia. Bajo esta lógica, la
agricultura campesina se convierte
en agricultura productivista capitalista,
la biodiversidad se concibe como
base de nuevas fuentes de energía
y materias primas, y los saberes
campesinos se vuelven objeto de
apropiación individual orientada al
lucro, desligándolos de su significación
cultural, mediante el régimen
de patentes y protección de la propiedad
intelectual.

REDES PARA CONSERVAR EL PATRIMONIO BIOLÓGICO

Ante este panorama,
diversos sectores sociales
cuestionan la relación
saber-poder impuesta
desde una concepción
autoritaria de la ciencia
moderna y la legitimidad
del poder estatal como
único productor válido de
derecho, y reivindican
espacios para abrir a
debate la utilidad y el sentido
de la aplicación de la
ciencia. Apelan a un
modelo civilizatorio capaz
de reconocer y comprender
la complejidad de las
relaciones sociales y del
ser humano con su entorno,
como un mundo natural
próximo, fuente de sustento,
cosmovisión y
saber, frente a la imposición
de un modelo civilizatorio
y un derecho traído
de fuera, desvinculado de
la realidad socio-históricocultural
de los pueblos
que conforman México, y
abiertamente al servicio
de intereses capitalistas.

Estos sectores sociales
van desde organizaciones
civiles comprometidas,
científicos y académicos
independientes que se
pronuncian en temas críticos
como la bioseguridad
y los transgénicos, a contracorriente
de los intereses
privados y las directrices
de sus instituciones,
hasta organizaciones de
consumidores que cuestionan
la publicidad engañosa,
se informan, buscan
mercados alternativos,
participan y se expresan a
través de su poder de
compra.

Muy importantes en este
ámbito son los movimientos
campesinos e indígenas,
cuya lucha principal e
irrenunciable es el reconocimiento
de su autonomía
como pueblos, así como
la defensa y el pleno
dominio de su territorio
históricamente negado,
entendido como bien
colectivo.

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