FRONTERAS: LA DEFENSORA DEL PUEBLO INSTA AL GOBIERNO AUTÓNOMO A CUMPLIR SU OBLIGACIÓN DE TUTELA
El Gobierno de Melilla ocultó datos sobre maltrato a menores

Los malos tratos, que
han sido denunciados
por la asociación
Prodein, se produjeron
en el centro de menores
La Purísima de la ciudad
autónoma, que está
gobernada por el PP.

, Bilbao
30/09/10 · 14:13

El Gobierno de Melilla “no ha sido
lo exhaustivo que cabría esperar”
a la hora de investigar las denuncias
por malos tratos a menores
extranjeros no acompañados y, lo
que es más grave, ha ocultado información
al respecto a la Fiscalía
de Menores y al Juzgado. Es la
conclusión arrojada por la Defensora
del Pueblo tras analizar las
quejas interpuestas por la asociación
a favor de los derechos de la
infancia, Prodein, en representación
de cinco ex tutelados.

En concreto, el Gobierno de la
ciudad autónoma, del PP, ocultó la
comparecencia de varios menores
para declarar sobre los malos tratos
recibidos en el centro de La
Purísima, dependiente de la consejería
de Bienestar Social.

En la carta de respuesta, emitida
el pasado agosto, la Defensora en
funciones María Luisa Cava dice
que continuará con las actuaciones
pertinentes junto a la Fiscalía e
insta al Gobierno de la ciudad autónoma
a que cumpla con el ordenamiento
vigente, es decir, que vele
por el interés de sus tutelados,
previniendo “todas aquellas situaciones
que puedan perjudicar su
desarrollo personal”. Los malos
tratos denunciados sucedieron en
su mayoría en el año 2008, cuando
la consejera de Bienestar Social,
María Antonia Garbín, empezó a
lamentar que a Melilla llegaban demasiados
menores.

Según Prodein, el Gobierno no
dedicó más recursos pese a la saturación
de La Purísima, el centro de
referencia de la ciudad. El método
elegido fue distinto: “Los primeros
días de estancia, los educadores hacían
la vida imposible a los chavales:
les castigaban encerrándoles
durante semanas y les pegaban durante
los interrogatorios”, narra el
portavoz de la entidad, José Palazón.
Los chicos escapaban y, de
esa forma, el Gobierno reducía el
número de tutelados. En un sólo domingo,
36 menores intentaron llegar
a la península. Uno de ellos terminó
en el hospital, herido grave
por una caída.

Denuncias sin respuesta

La consejera Garbín eludió toda
responsabilidad, no sólo sobre los
polizones (afirmó que gran parte
eran adultos), sino sobre todos los
tutelados. Defendió que sólo el
20% presentaban necesidad de
protección social, considerando al
resto como meros inmigrantes “ilegales”.
Ni Garbín ni ninguna persona
de su departamento han accedido
a hablar con DIAGONAL.

Las denuncias que interpuso
Prodein ante el juzgado por cada
niño no han sido estimadas. Lo
más que hizo el Gobierno fue despedir
a uno de los educadores que
se encontraban en La Purísima,
alegando impuntualidad e indisciplina.
En una ciudad pequeña y
aislada del resto del Estado, en la
que todo el mundo se conoce y la
mayor parte de asociaciones dependen
económicamente del Gobierno,
“el ambiente es de que como
a alguien se le ocurra tirar de
la manta, aquí cae todo el mundo,
e ir contracorriente se paga caro”,
afirma Palazón.

Sin embargo, el Defensor del
Pueblo mantiene abierta su investigación
sobre La Purísima. En su
Informe Anual de 2009 reprueba
no haber recibido explicaciones
sobre las deficiencias observadas
en el centro y advierte de que “siguen
sin aclararse lo suficiente
las denuncias de malos tratos”.
Una de las prácticas del Gobierno
reconocidas por el Defensor
fue la política de obstaculizar
(cuando su deber legal es garantizar)
la renovación de documentación
de sus ex tutelados. Sin papeles,
perdían todos sus derechos
adquiridos y podían ser fácilmente
expulsados. Los educadores retiraban
a los chavales todo documento
que les pudiera identificar:
desde el pasaporte hasta el carné
de biblioteca. La Consejería tardaba
meses en darles el certificado
de tutela.

Incluso la Delegación de Gobierno
empezó a exigir papeles
tan insólitos y difíciles de conseguir
como el certificado de soltería.
“Los chavales cumplían 18
años pensando que la Consejería
se ocuparía de su situación y se
encontraron con que tenían que
empezar de cero. Tuvieron que
viajar a Rabat y gastar cientos de
euros para conseguir los documentos”,
señala Palazón.

La situación ha mejorado, pero
Palazón no lo atribuye a un cambio
de política hacia los menores, sino
al control por parte de la Defensoría
y la Fiscalía. En 2009 y 2010 Prodein
no ha recibido ni una sola denuncia
por malos tratos. También
se han reducido levemente las trabas
para acceder a la regularización
al cumplir los 18 años, y la justicia
ha dado la razón a la mayoría de
jóvenes que interpusieron recursos
al ver denegadas sus solicitudes
de residencia. Pese a esa relativa
calma, el portavoz de Prodein
considera que el daño ya está hecho.
“El Gobierno ha roto su confianza
en el sistema de protección
de menores de la ciudad. Los niños
siguen pensando que no merece
la pena quedarse: Melilla es
ahora una ciudad de paso”.


Inmigrantes antes que menores

La política en Melilla, aunque
extrema, coincide con
la actitud de la mayor
parte de gobiernos autonómicos:
considerar a sus
tutelados inmigrantes irregulares
en vez de menores
bajo su responsabilidad, e
intentar quitárselos de
encima aduciendo saturación
y falta de recursos. En
puntos muy distintos de la
península, las asociaciones
pro derechos humanos
han denunciado situaciones
de hacinamiento,
retención de la documentación
y repatriaciones sin
garantías, entre otras
muchas irregularidades.

En su Informe Anual
2009, el entonces Defensor
del Pueblo, Enrique
Múgica, reclamó un marco
común de actuación para
terminar con la “disparidad
de criterios” entre
administraciones que
dejan mal parados a sus
tutelados. Entre los temas
que preocupan a la Defensora
destaca el uso de las
pruebas óseas, “que presentan
amplios márgenes
de error”, como principal o
incluso único criterio para
medir la edad de los jóvenes
recién llegados.

El Informe constata que
muchos tutelados quedan
en situación irregular al
cumplir los 18 años. Así
se comprobó en Madrid,
Melilla y Asturias, a cuyos
gobiernos recordó su
deber legal de facilitar la
renovación de los papeles
de los jóvenes. Además,
el Defensor reprobó la
falta de garantías en los
procesos de repatriación
de menores.

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LA PURÍSIMA. Los malos tratos se produjeron en este centro de menores, dependiente de la consejería de Bienestar Social.
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