// Younes Nachet

“Estábamos contentos porque la
Guardia Civil había dejado un poco
de maltratarnos, creíamos que había
un cambio, pero es peor ahora porque
el trabajo se hace en un país sin
derechos humanos, aquí ni podemos
denunciar nada. Todo ha empeorado
desde que el rey de España ha venido
a ver al otro rey; ahora que son tan
amigos nosotros somos las víctimas
de los dos gobiernos”. Este testimonio,
perteneciente a un inmigrante
subsahariano que fue rechazado en
la frontera ceutí, forma parte de un
informe de la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía (APDHA)
y SOS Racismo, y representa en
su dimensión más dramática y cotidiana,
la evolución de la política sobre
‘control de personas’ de la Unión
Europea. Una tendencia que busca
desplazar las actuales barreras de la
Unión a los países vecinos, y delegar
en sus gobiernos la gestión de un
asunto que en los foros europeos corre
parejo a la lucha contra el terrorismo.
El Programa de la Haya, documento
marco que fue aprobado el pasado
3 de marzo y regirá el devenir
de la Unión durante los próximos
años resulta claro al respecto: “el
Consejo Europeo pone de relieve la
necesidad de cooperación intensificada
y de creación de capacidad, tanto
en las fronteras meridionales como
en las orientales de la UE, para permitir
que estos países gestionen mejor
la migración y proporcionen protección
adecuada a los refugiados”.

Mohamed VI ha entendido todo esto
a la perfección y lo utiliza hábilmente
como lanzadera hacia el mercado
europeo, sabiendo que mientras
Marruecos se dote de mayor ‘capacidad’
de contención de la inmigración
y del ‘terrorismo’, Europa
hará la vista gorda ante determinados
asuntos de índole interno. En la
histórica visita que Juan Carlos I realizó
en enero al país vecino, el monarca
alauita solicitó más dinero para
ejercer su tarea de ‘estado tapón’ y
sólo una semana después, el Gobierno
de Zapatero le dio cumplida respuesta,
a través de los secretarios de
Estado de Seguridad e Inmigración,
Antonio Camacho y Consuelo Rumí,
respectivamente. En rueda de prensa
conjunta celebrada en Rabat, anunciaron
la intención de ayudar a
Marruecos a implantar a lo largo de
su costa y fronteras interiores un sistema
similar al SIVE español, así como
a mejorar los instrumentos de coordinación
entre las dos monarquías.
Camacho aseguró que España
y Francia pretenden liderar un programa
de la UE dotado con 40 millones
de euros procedentes de los fondos
MEDA, que “permita a Marruecos
dotarse de medios tecnológicos
para la detección de la inmigración
irregular subsahariana que transita
por su territorio”. Los MEDA constituyen
el principal instrumento de financiación
de la cooperación euromediterránea
y representan el activo
fundamental del Proceso de Barcelona,
que desde hace 10 años tiene
como objetivo teórico impulsar el
desarrollo político (democrático) y
económico (a través de la creación
de Zonas de Libre Comercio) de los
países de la ribera Sur del Mediterráno
y el Medio Oriente.

La colaboración entre España y
Marruecos en materia de gestión de
flujos migratorios no ha cesado de
intensificarse en los últimos años, como
muestran los actuales programas
de patrullas conjuntas entre la Guardia
Civil y la Gendarmería o la firma
en 2002 del ‘Acuerdo de buena vecindad’
que contempla la devolución
a territorio marroquí de todos los migrantes
llegados en patera a las costas
españolas desde Marruecos.
Fruto de esta relación, afirmó Rumí
en Rabat, el número de personas
indocumentadas que en 2004 trató
de llegar a España disminuyó un 18%
en la Península y un 10% en Canarias.
Pero, ¿a costa de qué?

Derechos humanos

El 24 de febrero de 2004 el Gobierno
del PP fletaba en Fuerteventura el primer
charter de subsaharianos sin papeles
con destino a Marruecos, saltándose
todos los pasos previos que
prevé el derecho internacional. La policía
trasladó a 30 personas hasta el
centro de internamiento de El Aaiun,
sin haberles siquiera interrogado sobre
su identidad, origen o causas por
las que huyeron de sus países. Alcanzaron
el territorio europeo, fueron detenidos
y automáticamente expulsados.
Un hecho que dista mucho de
ser aislado, y que se repite a diario en
las fronteras terrestres de Ceuta y
Melilla, a menudo acompañado de
malos tratos por parte de las policías
de ambos lados de la frontera, tal y
como han denunciado en reiteradas
ocasiones organizaciones de derechos
humanos y que es de conocimiento
del Defensor del Pueblo español
y de la propia ACNUR.

Tras ser expulsadas y una vez en
territorio marroquí, el destino que les
espera a estas personas no es nada
esperanzador: o bien son detenidas
por la policía alauita y recluidas en
centros de internamiento hasta ser
expulsados del país a través de Argelia
o Mauritania, o bien buscan refugio
en alguno de los campamentos
donde malviven cientos de personas
para volver a intentarlo de nuevo.
Pero tras la aprobación, hace unos
meses, de la nueva Ley de Extranjería
alauita, que en palabras de la Asociación
Marroquí de Derechos Humanos
reduce al inmigrante irregular
a un estatus de delincuente y permite
su expulsión en menos de 48 horas,
estos campamentos han dejado
de ser seguros. Por citar dos de los
casos más sonados de los últimos
meses, el 16 de enero 1.200 miembros
de las fuerzas del orden marroquíes
desalojaron el campamento
del monte Gourugou, próximo a
Melilla, deteniendo a decenas de
subsaharianos, y lo mismo sucedió
en diferentes jornadas de febrero,
marzo y mayo en el bosque de
Belyounech. En la última gran redada,
los inmigrantes que se encontraban
en este bosque vecino a Ceuta
fueron acosados por gendarmes y
militares marroquíes durante cinco
días, que tras destruir sus tiendas de
campaña y otras pertenencias detuvieron
a más de 200 personas.

De los migrantes detenidos en
Marruecos, una parte son trasladados
a prisiones como la de Tetuán,
pero la gran mayoría (el 80% según
diversas fuentes) son deportados en
condiciones infrahumas a la ciudad
fronteriza de Oujda y dejados a su
suerte en territorio argelino. Una
vez allí, si no son ‘interceptados’ por
la gendarmería argelina y llevados a
uno de los temibles campos de internamiento
del Sur del Sahara, previa
expulsión a Mali, Mauritania o Níger,
y les queda alguna fuerza y ánimo,
tratarán de regresar sobre sus
pasos para intentar alcanzar de nuevo
El Dorado español.