REPSOL-YPF FORMARÁ PARTE DE UN CONSORCIO ENCARGADO DE PONER EN MARCHA EL PROYECTO
El Gobierno colombiano autoriza las extracciones en territorio u’wa

Tras la entrada de las petroleras, con Repsol y Ecopetrol a la cabeza, se renueva la legendaria lucha del pueblo u’wa en defensa de su territorio.

15/02/07 · 0:00
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“EL PUEBLO QUE PIENSA”. En los años ‘90 la amenaza de realizar un “suicidio colectivo” si entraban las multinacionales dio la
vuelta al mundo y paralizó durante años los proyectos de las empresas petroleras estadounidenses y europeas.

Texto de Alfonso Chaparro y Pedro Ramiro, miembros del Observatorio de Multinacionales en América Latina-Paz con Dignidad y del CED-INS (Colombia), respectivamente.

“Ningún colombiano se puede oponera una decisión del Estado”. Así
ha justificado la viceministra del
Interior, María Isabel Nieto, la reciente
decisión del Gobierno colombiano
de dar luz verde al inicio de
las actividades petroleras dentro de
las reservas indígenas u’wa. A pesar
de la oposición de las organizaciones
indígenas a la exploración petrolera
en sus territorios, un consorcio
formado por la empresa estatal
Ecopetrol y por la multinacional española
Repsol-YPF es el encargado
de llevarlo a cabo.

Los u’was, que son conocidos como
“el pueblo que piensa” o “el pueblo
que habla bien”, debido a que
durante miles de años han conseguido
mantener relaciones pacíficas
con sus vecinos sin el uso de
armas ni guerras, son uno de los
grupos indígenas de Colombia que
mantienen de forma más viva su
cultura ancestral. Se asientan en un
territorio en el oriente colombiano,
limítrofe con Venezuela, que comprende
cinco departamentos: Norte
de Santander, Santander, Boyacá,
Arauca y Casanare. El área donde
se espera encontrar nuevos yacimientos,
encima del territorio ancestral
u’wa, fue conocida como bloque
Samoré y a día de hoy, después
de que la lucha de los u’was adquiriese
relevancia internacional y se
abrieran varios procesos judiciales,
se encuentra dividida en dos partes:
por un lado, el bloque Sirirí (en el
departamento de Santander y propiedad
de Ecopetrol), y por otro, el
bloque Catleya (en Boyacá y Arauca,
de Ecopetrol y Repsol al 50%).

Tradición de resistencia

Los u’was, que siempre se han
opuesto a la extracción de crudo en
sus tierras alegando que el petróleo
es “la sangre de la tierra” y que juega
un papel fundamental en su cosmovisión,
no quieren que les suceda
lo mismo que a muchos otros
pueblos indígenas del país (como
los bari en el Catatumbo, los zenú
en Córdoba, los nukak en el Guaviare
o los yariguíes en la cuenca
media del río Magdalena, entre
otros), que vieron cómo las transnacionales
petroleras violaban sus derechos
e invadían sus territorios.
Ellos defienden la continuidad de
su modo de vida tradicional lejos de
la lógica del capital, que ahora se
encuentra amenazado por la exploración
sísmica (cuyas detonaciones
afectarán a las corrientes de agua y
a los movimientos de tierras) y la
explotación de los recursos naturales
de su territorio.

En la década de los ‘90, la resistencia
de los u’was adquirió una
gran relevancia internacional, cuando
sus amenazas de cometer un suicidio
colectivo dieron la vuelta al
mundo: preferían suicidarse antes
que tener una muerte indigna por la
entrada de las multinacionales en
su territorio ancestral. La compañía
estadounidense Occidental (Oxy)
era la que entonces quería explotar
Samoré, cuyas reservas se estimaron
en 1.500 millones de barriles de
petróleo. A pesar de las prebendas
de Oxy, como las ofertas que algunos
líderes indígenas recibieron
para trabajar en la empresa, las comunidades
u’was siempre se opusieron
a la invasión de sus tierras.
Así, mantuvieron litigios en diferentes
instancias judiciales nacionales
e internacionales y tuvieron la solidaridad
y el apoyo de diferentes movimientos
sociales. Sus protestas tuvieron
su punto culminante en el
año 2000, cuando ocuparon los terrenos
del pozo Gibraltar para impedir
su puesta en marcha, de donde
fueron violentamente desalojados
por el ejército y la policía. La
difusión mediática de estos hechos,
en los que murieron dos niños indígenas,
hizo que se pararan los esfuerzos
por entrar en la zona.

Hoy, ante el agotamiento de las
reservas de hidrocarburos en Colombia,
el subsuelo del territorio
u’wa vuelve a ser una gran esperanza
para que las compañías transnacionales
hagan negocio. La
urgencia por encontrar nuevos yacimientos
llevó de nuevo al Gobierno
en 2004 a presionar al pueblo
u’wa: esta vez, se recurrió a la puesta
en marcha de una consulta previa,
tal como recoge el convenio 169
de la OIT (que precisamente fue utilizado
por los indígenas en anteriores
procedimientos judiciales para
impedir las actividades petroleras).
Entre 2004 y 2005, la organización
indígena de Arauca asistió a las
reuniones sobre el bloque Catleya,
considerando que eran meramente
informativas, mientras la asociación
de Boyacá y Santander (Aso’uwa)
no participó en la consulta sobre el
bloque Sirirí, porque, en palabras
de un dirigente, “el convenio 169 de
la OIT no garantiza que se tenga que
respetar nuestros derechos. Es un
mero formalismo en el que, aunque
se haga la consulta, es el Gobierno
el que toma la decisión”. Finalmente,
el resultado ha sido idéntico
en ambos casos: en el primer caso,
la asistencia a las reuniones ha sido
usada por el Gobierno para legitimar
el proceso y dar por hecha la
consulta, aunque no haya habido
acuerdo; en el segundo, la renuncia
a presentarse ha hecho que el Estado
dé por terminado el plazo y autorice
la puesta en marcha de los
trabajos en diciembre de 2006.
A pesar de que en Colombia las
operaciones de las petroleras han
dejado a su paso un rastro de graves
violaciones a los derechos humanos,
el pueblo u’wa no quiere ceder
en su determinación, como uno
de sus miembros declara sin titubeos:
“Nos tendrán que matar a todos,
con que quede uno sólo seguiremos
peleando. Es como cuando
se produce una sucesión, para quedarse
con todo hay que matar a todos
los herederos”. Mientras tanto,
Repsol deja que sea la empresa estatal
Ecopetrol la que asuma los costos
políticos de la exploración, con
lo que se da la paradoja de que la
mayor petrolera de América Latina
opera en Colombia prácticamente
en la clandestinidad. Pero los u’was
lo tienen claro: “La empresa que
opera es Ecopetrol, aunque la que
da el dinero por detrás es Repsol...”.

Entran los tráilers
_ El 17 de enero, representantes de
la Asociación U'wa denunciaban
en un comunicado que 150 tráilers
con material de perforación
petrolera estaban ingresando en
territorio u'wa, en el pozo Gibraltar
3. Con esa acción, según el
escrito, se confirmaría «la decisión
arbitraria, inconstitucional e
ilegal» de Uribe, que está utilizando
«para lograr su cometido, los
aviones y helicópteros enviados
por los Estados Unidos como proyecto
del Plan Colombia para
garantizar las actividades petroleras
en nuestro territorio».

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