El Ejecutivo de Rajoy actualiza sus previsiones económicas y no prevé que el paro baje del 25% hasta 2016
El Gobierno anuncia menos poder adquisitivo en el sector público

La vicepresidenta del Gobierno anuncia en la presentación del nuevo programa económico que los contratos públicos dejarán de tener el IPC como referencia.

26/04/13 · 17:30

El aparente relajamiento por parte de la Unión Europea en los objetivos de reducción del deficit han permitido al Gobierno no ser demasiado explícito con las medidas del plan económico que ha anunciado hoy en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Reducir la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta el Estado sigue siendo el objetivo marcado a hierro por las políticas europeas, pero de la subida de impuestos negada por Rajoy el martes y esperada por todos los medios sólo se ha anunciado el mantenimiento de las subidas del IRPF hasta 2015, la subida en los impuestos especiales (el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha precisado cuáles), nuevas tasas ambientales que no afectarán a los carburantes y la retirada de algunas deducciones en el Impuesto de Sociedades a las empresas con más de 20 millones de facturación.

El cuadro presentado por el Gobierno confía en el tirón del sector exterior y dibuja un panorama sombrío para el consumo interno
Del lado de los gastos, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha abierto la puerta a una bajada generalizada en los sueldos de los empleados públicos al anunciar que los salarios en el sector dejarán de subir con el Índice de Precios al Consumo (IPC). La vicepresidenta se ha referido en concreto a una "Ley para la desindexación de la economía española", que supondrá el abandono del IPC como referencia de los contratos en la administración. Sáenz de Santamaría también se ha referido a un "redimensionamiento del empleo público" y ha hecho referencia a que, pese a que en el último año han desaparecido 258.000 empleos públicos, durante el periodo 2007-2011 las administraciones crearon más de 200.000 puestos de trabajo.

Lo que no ha tocado el Gobierno, de momento, son las pensiones. El Ejecutivo se ha remitido al grupo de expertos que prepara la reforma en el cálculo de las pensiones en función de los años cotizados y la esperanza de vida, el llamado factor de sostenibilidad que afectará a las pensiones de las generaciones que ahora se encuentran en edad laboral y a las que se vayan sumando, tal y como se ha ensayado ya en Alemania.

Este consejo ha marcado el fin de las ilusiones de recuperación económica inmediata del Ejecutivo. El esquema presentado a los medios no prevé que el paro disminuya del 25% hasta 2016, año en que se situaría en un 24,8%, según las previsiones presentadas hoy viernes. La reducción del desempleo era unas de las principales promesas del Ejecutivo, y las nuevas previsiones suponen el destierro de su realización en esta legislatura.

Entre medias, un reconocimiento de que el Producto Interior Bruto (PIB) caerá un 1,3% este año frente a las previsiones oficiales hasta hoy de un crecimiento del 0,5%. El Gobierno confía fuertemente en que las reformas sirvan para mejorar la competitividad de las empresas españolas: de este modo, mientras dibuja un panorama más bien sombrío para el consumo interno -principal motor de la economía estatal-, prevé que el sector exterior llegue a crecer un 7,1% en 2016, más del doble de lo registrado el año pasado.

"Las medidas del Gobierno han evitado una evolución mucho peor", similar a las de otros países, como Grecia y Portugal, sometidos al programa de ajuste estructural de la troika, ha asegurado el ministro de Economía, Luis de Guindos. Pese a esta interpretación, el Gobierno no cuenta con bajar el deficit actual del 7% (sin contar los más de tres puntos adicionales debidos al rescate bancario) al 4,1% hasta 2015, al 6,1% en 2013 y al 5,5% el año que viene. Pese al aparente relajo del procedimiento europeo por deficit excesivo que suponen estos objetivos, el jueves mismo el comisario económico europeo, Oli Rehn, indicaba que el plan presentado por el Gobierno debía completar "reformas adicionales" y condicionaba de hecho la prórroga en el cumplimiento del objetivo de deficit a que estas reformas fueran suficientes.

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