el ministerio de economía retrasa de nuevo la expectativa de crecimiento
El Gobierno amplía el ciclo del shock con su agenda de reformas

El adelgazamiento de las administraciones públicas y la introducción del factor de sostenibilidad de las pensiones destacan en los recortes planteados por el Gobierno

, Redacción
06/05/13 · 8:00

Complemento a la agenda del shock desarrollada en 2012,  el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad,  presentados en el Consejo de Ministros del 26 de abril,  sirvieron para que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría,  desa­rrollase algunos de los “elementos esenciales” de la agenda de reformas económicas que el Gobierno anunció en el pasado debate sobre el estado de la nación. Entre esas transformaciones, algunas ya están en proceso, como las referentes al sistema de la Seguridad Social o la administración electrónica, y otras forman parte de la convergencia con las ­directivas europeas, como la introducción de gravámenes medioambientales, que no afectarán a los hidrocarburos.

Pero el elefante encima de la mesa de la Moncloa pesaba seis toneladas. La Encuesta de Población Activa presentada por el Instituto Nacional de Estadística el 25 de abril, en la que por primera vez se franqueaba la barrera de los seis millones de parados, marcó una rueda de prensa en la que los tres representantes del Gobierno trataron de presentar un mensaje de optimismo en función del relajamiento de las condiciones para el endeudamiento del Estado español y el relajamiento del objetivo de déficit pactado con Bruselas.

Las previsiones de Luis de Guin­dos, enmarcadas en el llamado Programa de Estabilidad,  anuncian un decrecimiento del PIB del 1,3% a finales de año, pese a que en marzo el ministro hablaba de crecimiento por encima de cero en el cuarto trimestre de 2013. El paro no bajará del 25% de la población activa hasta 2016, según el Ejecutivo, que ha dirigido sus reformas a la mejora de la competitividad de las exportaciones, que seguirá creciendo a tenor de las previsiones del Gobierno.

El consumo interno sigue supeditado a la reducción de la masa salarial­ por distintas vías: desde la eliminación de empleos en la Admi­nistración –Sáenz de Santa­maría reconoció que se habían suprimido 258.000 empleos públicos entre 2007 y 2011, un plazo en el que las administraciones crearon 200.000 puestos de trabajo– hasta la pérdida del poder adquisitivo a través de la sustitución del IPC por otro baremo sobre los precios al consumo acorde al rigor sobre la inflación impuesto por el Banco Central Europeo.

Sector público

El Gobierno fía para junio de este año el siguiente hito en su agenda reformadora de la administración local. Ese mes se presenta el informe que sucede al Anteproyecto de Ley para la Reforma de Ley de Raciona­lización y Sostenibilidad de la Administración Local, que establece, entre otras medidas, la supresión de 3.725 entidades locales menores y el recorte de 21.338 concejales que se llevará a cabo en las elecciones municipales de 2015. La medida prevé un ahorro de 8.000 millones pero cuenta con la oposición de distintas plataformas, en su mayoría del medio rural, por lo que supone de pérdida de participación política en los entes afectados: juntas vecinales, concejos y un largo etcétera.

Pero la principal novedad anunciada el 26 de abril es la llamada Ley para la desindexación de la economía española, que introducirá un nuevo índice de referencia que debe sustituir al Índice de Precios al Consumo, el baremo utilizado hasta ahora para calcular desembolsos en el ámbito de la Administración pública, y ajustes automáticos de precios y rentas. Esto afectará a campos como el precio del transporte o la revisión automática de los alquileres.

No será hasta mayo cuando se conozcan las líneas principales de la reforma anunciada por el Gobierno, que entrará en vigor en 2014. El Gobierno ha anunciado un nuevo baremo, “más exigente que el IPC”,  acoplado al rigor sobre precios del BCE. Las preguntas a Soraya Sáenz de Santamaría se centraron en si esa desindexación se aplicará al cálculo de las pensiones, pero la vicepresidenta eludió las cuestión, ya que ese capítulo forma parte de una reforma con su propia agenda. El FMI, la Comisión Europea o el Gobierno alemán han instado desde 2010 y hasta la actualidad a romper con la relación salario-IPC en pro de la competitividad. A modo de resumen, la tesis de esos actores internacionales es que la ligazón entre las rentas y la inflación mantiene el poder adquisitivo de asalariados y pensionistas pero encarece los precios de los productos de cara a su exportación. La patada a seguir lanzada por el Gobierno certifica una pérdida del poder adquisitivo que en el ámbito de las administraciones públicas ya se había producido mediante la congelación de salarios por decreto, la supresión de pagas extra en julio de 2012 y la desaparición de complementos salariales. No obstante, el aumento de precios y el descenso de salarios es una constante desde mayo de 2010. En tres años las rentas del trabajo han perdido un 6,4% de su poder adquisitivo y el peso en el PIB de la remuneración de las personas asalariadas es del 44,2%, frente al 46,1% que suponen los beneficios de explotación de las rentas más altas antes de impuestos.

Reforma de pensiones

A decir del ministro de Hacienda, un “comité de expertos plural en términos ideológicos” está encargado de introducir el factor de sostenibilidad de las pensiones, la fórmula establecida en Alemania para calcular el salario diferido (pensiones de jubilación) que obtiene el grueso de la población llegada la edad de retiro.

El presidente de la comisión de expertos que prepara la reforma de la jubilación pronosticó en 1995 que el sistema de pensiones quebraría hacia 2025 En Consejo de Ministros, Cristó­bal Montoro, titular de Hacienda, descartó que la edad de jubilación vaya a subir hasta los 70 años. Sáenz de Santamaría, por su parte, esquivó las preguntas sobre esta nueva reforma de las pensiones aludiendo a dicha comisión de expertos.  Ésta la forman once varones y una mujer y su presidente es Víctor Pérez-Díaz, quien en un informe titulado La reforma del sistema público de pensiones en España, publicado por La Caixa en 1995, establecía un horizonte temporal de 30 años para el posible crac del sistema público y propuso como soluciones el retraso de la edad legal y efectiva de jubilación y la eliminación de la actualización de las pensiones en base al IPC. Además de Pérez Díaz, el grupo de expertos lo conforman dos representantes de los sindicatos de concertación, un catedrático propuesto por el PSOE y un ramillete de representantes de Unespa –patronal del sector de seguros privados–, el Servicio de Estudios Económicos del Grupo BBVA, la Fundación FAES –ligada al Partido Popular–, el think tank liberal FEDEA, la Confederación Española Cajas de Ahorros y la Fundación Mapfre.

El factor de sostenibilidad establecerá nuevos índices en el cálculo de la pensión contributiva y límites para acceder a ella pero la Ley 27/11 ya estableció una escala por la que desde 2013 hasta 2023 el cálculo de la pensión tendrá en cuenta un mayor periodo de vida laboral, desde los 15, con que se calcula la pensión en la actualidad, hasta los 25. Además, en 2027 se exigirá haber cotizado 37 años para obtener el 100% de la pensión.

La reforma del comité de expertos en la que se introducirá el citado factor seguirá andando el camino trazado en 2011 en un contexto general de devaluación del salario diferido: el 58,5% de la población pensionista percibe menos de 658 euros y el gasto del Estado español en pensiones es del 9% del PIB, por debajo de la media europea, que alcanza el 12%. El objetivo de los representantes de las principales instituciones de inversión es aumentar el peso de los fondos privados: los últimos datos muestran que su peso es del 8% en relación al PIB, un porcentaje muy alejado de la potencia que muestran en países como Holanda o Suiza, donde el ahorro privado supera el 100%

Las rentas altas capean el temporal

Beneficios de la gran banca:
La semana en la que se conocían los datos del paro se presentaron los resultados de los principales bancos en lo que va de 2013. El Santander ganó 1.205 millones en tres meses; el BBVA, 1.734 millones de euros.   

Sociedades: El 26 de abril, el ministro de Hacienda anunció la eliminación de determinadas deducciones en el Impuesto de Sociedades. El sindicato de técnicos de Hacienda considera la medida insuficiente y pide una subida del 35% para las que tengan más de un millón de beneficio.    

El 1% gana más: En los últimos 30 años la evolución de la renta anual media percibida por el 1% de los hogares de mayores ingresos ha aumentado un 21,5%, según datos del Barómetro Social de España. El del 99% de la población ha decrecido un 1,8.

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