CRIMINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN HUMANITARIA
Garzón procesa a una pacifista española

El procesamiento de Remedios García Albert, activista impulsora del proceso de paz en Colombia, por colaboración con las FARC ilustra la criminalización de quienes trabajan por los derechos humanos en el país.

04/09/08 · 0:00
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EL RIESGO DE SER ACTIVISTA EN COLOMBIA. Según la OIT, es el país más peligroso del planeta para ejercer la acción sindical.

Más de un mes después del procesamiento
de Remedios García Albert,
activista por los derechos humanos
implicada en impulsar el proceso de
paz en Colombia, bajo la acusación
de colaboración con banda armada,
el procedimiento está aún bajo secreto
de sumario y su abogado no
ha podido acceder al mismo. Una
cuarentena de organizaciones denuncian
la criminalización de las
personas y asociaciones que hacen
trabajo humanitario en Colombia y
la complicidad del Gobierno de
Uribe con el paramilitarismo y el
narcotráfico, que permean la misma
estructura del Estado colombiano.
La Policía Nacional detuvo a Remedios
García Albert el 26 de julio
por integración en banda armada,
acusándola de ser la responsable de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) en el Estado
español y de recoger fondos para
la guerrilla en Europa. La Fiscalía
General de la Audiencia Nacional y
el Juzgado Central número 5, cuyo
titular es el juez Baltasar Garzón,
supervisaron el operativo en colaboración
con las autoridades policiales
colombianas.

Un día después, Garzón liberó a
García Albert sustituyendo la acusación
inicial por la de colaboración
con banda armada e imponiéndole
una fianza de 12.000 euros a pagar
en una semana. Según el Ministerio
del Interior, García Albert figuraba
como destinataria y remitente de varios
correos electrónicos hallados en
el ordenador de Raúl Reyes, responsable
de relaciones internacionales
de las FARC asesinado el pasado
1 de marzo en el ataque del Ejército
colombiano a un campamento de la
guerrilla en suelo ecuatoriano.

Interior aseguró que García Albert
encubría su actividad mediante
“su cargo dentro del secretariado de
Ospaal (Organización para la Solidaridad
para Asia, África y América Latina)”.
El presidente de Ospaal, Jaime
Ballesteros, alabó el trabajo de
García Albert “por la resolución de
conflictos” y aclaró que en 2000 organizó
una Conferencia Internacional
en Alcalá de Henares para impulsar
el proceso de paz entre el
Gobierno de Colombia y las FARC,
aún no incluidas en la lista de organizaciones
terroristas de la UE. En
ella participaron representantes del
presidente Andrés Pastrana y el líder
de las FARC Raúl Reyes, que se
entrevistó con la CEOE, los sindicatos
mayoritarios, el presidente del
Congreso, Federico Trillo, y el de la
Generalitat, Eduardo Zaplana, entre
otras autoridades.

El abogado de García Albert, Enrique
Santiago, explica a DIAGONAL
que no ha podido acceder por el secreto
sumarial a las únicas pruebas
acusatorias, los correos electrónicos
que le mostraron a García Albert durante
el interrogatorio, “lo que limita
las posibilidades de defensa”. Sin
embargo, denuncia que el Grupo
PRISA, presente en Colombia, “está
filtrando intencionadamente información
del sumario. La publican en
medios colombianos y 24 horas después
la reproduce El País, Levante...”
Santiago duda de “la veracidad de
los correos, porque no se han hecho
comprobaciones” y su defendida
“no reconoce algunos de los que le
atribuyen”. Por otro lado, “aunque
fueran del ordenador de Raúl Reyes,
son pruebas ilícitamente obtenidas
y quedarían anuladas conforme al
Derecho español”. Según Santiago,
su defendida atendió una “petición
humanitaria de alguien vinculado a
las FARC para llevar 6.000 dólares
a un refugiado en Suiza, extremo
verificado por las autoridades suizas,
que atestiguan que no es de la
guerrilla. Tenía un parásito en el cerebro
y requería una operación
complicada que sólo se hacía en una
clínica privada suiza”.

En su recurso de reforma, Santiago
incluye una “sentencia de un tribunal
danés que absuelve a siete
miembros de la ONG Fighters and
Lovers (“Luchadores y Amantes”)
acusados de recaudar fondos para
las FARC y afirma que ésta no es una
organización terrorista, aunque esté
en la lista de la UE. Eso es una construcción
política sin valor jurisdiccional”.
Santiago aportó una traducción
no jurada de algunos párrafos de la
sentencia e instó al juzgado a verificar
su autenticidad. El juez Garzón le
dio 20 días para presentar la traducción
jurada y certificar su veracidad,
algo “imposible en agosto y menos
en ese plazo”, por lo que podría querer
retrasar la resolución del recurso.
La Operación Cali, como denominó
la policía a la detención de García
Albert, se inició un día después
de que el fiscal jefe de la Audiencia
Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal
general de Colombia, Mario
Iguarán, se reunieran en Bogotá para
abordar la lucha conjunta contra
el narcotráfico y el blanqueo de capitales
de las FARC en Europa. Más
de 40 organizaciones, entre ellas
Izquierda Unida, rechazaron la detención
de García Albert y recordaron
la “vinculación” de Iguarán
con el paramilitarismo y su “responsabilidad
en la sistemática impunidad
de los crímenes contra la
población civil”. Iguarán propició
la extradición a EE UU el pasado
mayo de los 15 jefes paramilitares
de las Autodefensas Unidas de
Colombia y en agosto absolvió a
Mario Uribe, primo del presidente
colombiano procesado por vínculos
con el paramilitarismo.

Según Araceli Escudero, de la
Asociación Solidaridad Derechos
Humanos-Colombia, “se está criminalizando
a todos los que hacemos
trabajo humanitario por Colombia.
Uribe dijo que hablar con las FARC
es delito y Freddy Padilla de León
(comandante general de las Fuerzas
Armadas) aseguró que supone
convertirse en objetivo militar. Curiosamente,
el grupo paramilitar
Águilas Negras utiliza la misma terminología
para amenazar a personas
y organizaciones de derechos
humanos y hasta a la Embajada española
en Colombia”.


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MANIPULACIÓN. 48.055 archivos sufrieron modificaciones.

INCÓGNITAS Y UTILIDADES DEL ORDENADOR DE RAÚL REYES

J.G.G.
La madrugada del 1 de marzo
de 2008, el Ejército colombiano
bombardeó un campamento de
representantes internacionales
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC)
que estaba en territorio ecuatoriano
para negociar con Francia
la liberación de Ingrid Betancourt.
En la operación asesinaron
a tres estudiantes mexicanos que
iban a entrevistarse con Raúl
Reyes, representante internacional
de las FARC, y ejecutaron a
varios guerrilleros a quemarropa.
El ataque causó una grave crisis
diplomática: Ecuador estuvo a
punto de romper relaciones con
Colombia por la violación de su
espacio aéreo y territorial, así
como del derecho humanitario
internacional (ver DIAGONAL 74).

Tras el ataque, el Ejército colombiano
afirmó haber hallado el
ordenador de Reyes y lo custodió
hasta el 3 de marzo. En mayo,
Interpol publicó un informe de
peritaje técnico sobre su contenido.
Éste concluye que “las marcas
de tiempo de 48.055 archivos
indicaban que habían sido
creados, abiertos, modificados o
suprimidos” durante su custodia
por funcionarios antiterroristas
colombianos (ver DIAGONAL 79).

El 10 de mayo, el rotativo de
Colombia El Tiempo (cuyo director,
Enrique Santos, es hermano
del ministro de Defensa y primo
del vicepresidente colombiano) y
el diario español El País (propiedad
del grupo PRISA, poseedor
del Grupo Caracol en Colombia)
afirmaron que, según los archivos
del ordenador de Reyes, Chávez
financió a las FARC. El 30 de
mayo, Colombia aseguró que las
FARC buscaban la colaboración
de ETA para atentar en Madrid y
en junio la Fiscalía de la Audiencia
Nacional empezó a investigar.

Un día después de que el fiscal
jefe de la Audiencia viajara a
Bogotá para recabar datos de
dicha vinculación, la Policía detuvo
a García Albert. Según su abogado,
“no le hicieron ni una pregunta
al respecto” de la relación
entre las FARC y ETA.

¿Uribe ante la CPI?
_ El 27 de agosto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Francisco Javier Ricaurte, anunció que denunciaría al presidente Álvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional (CPI) por orquestar un complot contra la justicia colombiana. Lo hizo aprovechando la visita del fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo a Bogotá para conocer el proceso de Justicia y Paz colombiano y la extradición de 15 paramilitares a EE UU. Ricaurte denunció la «convivencia entre paramilitares y asesores de palacio» tras hacerse públicas las recientes reuniones de ambos en la sede del Gobierno. Su objetivo sería planear acciones para descalificar a la Corte Suprema, único ente judicial no infiltrado por el paramilitarismo.

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