CIERRE DE ‘EGIN’. El 15 de
junio de 1998, 200 policías
clausuraron en Hernani la
redacción de este diario. / Foto: Ikor Kotx.

“No podemos sino oponernos a la designación
del juez Baltasar Garzón
como defensor de derechos humanos,
cuando su actuación ha sido,
mientras le era favorable a sus intereses,
idéntica a la que ahora denuncia”.
Así de contundente termina el
manifiesto, titulado La Paradoja de
Garzón, hecho público a mediados
de abril por 26 conocidos activistas
en la defensa de los derechos humanos
del Estado español.

Según Jorge del Cura, del madrileño
Centro de Documentación contra
la Tortura, y uno de los firmantes del
manifiesto “es necesario e imprescindible
investigar todas y cada una
de las responsabilidades de los crímenes
del Franquismo, pero esta investigación
no puede servir para avalar
y dar un barniz democrático a un
tribunal como la Audiencia Nacional
(AN). El manifiesto –añade– nace ante
el estupor y la indignación de ver
cómo se presenta a Garzón como un
héroe de los derechos humanos al
tiempo que se oculta, o se silencia, su
papel y, sobre todo, el de la Audiencia
Nacional en el retroceso de las libertades
en el Estado español”.

Y es que los nombres del juez estrella
y el de este tribunal especial están
íntimamente ligados desde que
en 1988 Garzón se incorporara a la
Audiencia Nacional como juez instructor.
Una dilatada carrera durante
la cual Garzón ha marcado su estilo.
“Si entendemos el juez de instrucción
como un juez garante de los derechos
fundamentales de los investigados,
Garzón no aprueba: no materializa
su función de control de la labor
policial y se limita a reproducir
los atestados de la policía en los autos
judiciales” describe Benet Sallelas,
letrado catalán que ha tenido que
lidiar con diferentes ocasiones con
los sumarios de este juez. “Ha utilizado
siempre un modelo totalmente
inquisitivo, dificultando mucho la labor
de las defensas. Parece que ahora
le ha pasado algo parecido”.

El titular del juzgado nº 5 de instrucción
no ha sido un juez más de la
AN. Para el abogado vasco Julen
Arzuaga, de Behatokia, un observatorio
vasco de derechos humanos
y uno de los impulsores del manifiesto
crítico con Garzón, éste “es el creador
de la interpretación extensiva del
‘todo es ETA’. Él diseñó el empleo
ambiguo del derecho penal y de su
brutal intromisión en la vida política
pública. Es el responsable de toda esa
línea de intervención que supone dejar
en suspenso los derechos políticos
de un sector importante de la sociedad
vasca”. Y lo ha hecho, según
Arzuaga, “impulsando sumarios de
motivación política y recurriendo al
derecho Penal del enemigo, ese derecho
que juzga, condena y encarcela,
no por lo que has hecho, sino por lo
que eres y piensas”.

Y el juez ha ido marcando línea.
Como afirma del Cura, “la AN, con
Garzón a la cabeza, adelantaba, exigía
y daba un aparente barniz legal a
las modificaciones para endurecer la
legislación en cada momento”.

La purga de la sala cuarta

Lo sucedido con los jueces de la sala
cuarta de lo penal de la AN es un
buen ejemplo del sesgo que imprimió
Garzón. El veterano August Gil
Matamala, ex presidente de la Asociación
de Abogados Demócratas
Europeos recuerda este caso: “Garzón
es un juez instructor con facultades
enormes, pero sus decisiones se
pueden revisar y recurrir en un nivel
jurisdiccional superior: la sala cuarta
de lo penal de la Audiencia. Dos magistrados
no se dejaron embaucar
por su visión desorbitada del tejido
asociativo vasco y, desde finales de
los ‘90, revocaban numerosos procesamientos.

Entonces los magistrados
sufrieron una campaña mediática de
desprestigio”. Posteriormente, en febrero
de 2002, en un confuso caso, la
sala cuarta dejó en libertad a un narcotraficante,
que se dio a la fuga. Sus
jueces fueron fulminantemente expedientados,
suspendidos e inhabilitados
por seis meses. Tras aquella
drástica sanción, en los pasillos del
tribunal, la letanía de su personal fue
la misma: “Cotino (entonces director
general de la Policía) y Garzón han
tomado la AN”. En 2004, el Supremo
consideró inmotivada la suspensión
y los magistrados fueron rehabilitados
y se reincorporaron a la Audiencia.

“Pero –sostiene Gil Matamala– el
daño ya estaba hecho: desde entonces
ninguna sala de la AN se atreve a
cuestionar las decisiones de Garzón”.
En ello abunda Fernández: “Sin recordar
aquella batalla es hoy imposible
comprender instrucciones y sentencias
como la del macroproceso
18/98 o el cierre de los periódicos
Egin y Egunkaria o la equiparación
de desobediencia civil y terrorismo”.

Impasible ante la tortura

Pero si hay una crítica al juez que se
repite, es su actitud ante las denuncias
de torturas. Según Del Cura “son
muchos los casos de personas que, al
comparecer ante Garzón, denunciaron
haber sufrido torturas y/o malos
tratos durante el periodo de detención
incomunicada. Y la respuesta
de éste ha sido la misma: en ningún
caso ha ordenado investigar o remitir
las denuncias al juzgado competente.

Y ha dado por buenas todas
estas declaraciones”. Su desidia ante
las denuncias de abusos policiales le
valió a Garzón la desaprobación del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En 1992, 30 independentistas
catalanes que fueron detenidos
en vísperas de los Juegos Olímpicos
y a los que les fue aplicada la legislación
antiterrorista, denunciaron ante
el juez haber sido torturados sin que
éste hiciera nada. Tras un largo proceso,
en 2004, el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos sentenció
que las investigaciones de Garzón
respecto a las torturas no habían sido
“lo suficientemente profundas y
efectivas”. Sallelas recuerda otro episodio
sangrante: “Se trataba de un
chico que él trajo de Guantánamo
para juzgar por terrorismo. En aquel
momento no le pareció ningún problema
que viniera de ahí. Al imputado
lo absolvió el Tribunal Supremo,
que sí negó validez a este tipo de procesos.
Sin embargo, él, como juez de
instrucción, no había hecho nada”.

Para Arzuaga “le juzgan precisamente
por una acusación desproporcionada,
con connotaciones políticas
y derivada de una interpretación extensiva
de la ley. Esa es la justicia española.
Él ha contribuido a que pueda
llegar adonde hoy llega”.

EL MACROSUMARIO 18/98, UNA COBERTURA PARA TODO

“De la misma manera en que
las Madres de la Plaza de
Mayo hemos agradecido al
juez Baltasar Garzón el procesamiento
de los genocidas
argentinos que ensangrentaron
nuestro país, hoy tenemos
la obligación de denunciar la
conducta vergonzosa y vejatoria
de este mismo juez. Repudiamos
con todas nuestras
fuerzas la operación policial y
represiva ordenada por él contra
el diario Egin”.

Este duro
pronunciamiento de un referente
mundial en la defensa
de los derechos humanos
refleja la doble cara del juez
que llegó a postularse como
candidato a premio Nobel de
la paz. En 1989, valiéndose
de sus relaciones con las unidades
de Investigación e Información
de la Guardia Civil,
Garzón inició unas diligencias
secretas con escuchas telefónicas
e información de detenciones
de miembros de ETA.

En 1998 abrió el macrosumario,
con el que pretende juzgar
“todo el entramado de ETA”.
En base a este, clausuró e
intervino judicialmente el
periódico Egin y la radio Egin
Irratia. Es tal el volumen del
sumario, que el juez lo dividió
en cinco piezas: las empresas
que la acusación vincula a
KAS y Orain, editora del diario
Egin; Ekin; Fundación Zumalabe
y Xaki. 55 personas fueron
procesadas. El periodista
David Fernández destaca lo
que significó la llamada pieza
de la Desobediencia Civil:
“durante nueve años, nueve
personas activas en el pacifismo,
ligadas a la Fundación
Zumalabe, han sido, por obra
de Garzón, convertidas en
terroristas, para ser finalmente
absueltas”. Sin embargo, tras
el juicio, la AN validó las acusaciones
de Garzón con duras
condenas.

En 2009 el Supremo,
aunque mantuvo numerosas
condenas, rebajó muchas
otras. En su sentencia declaró
la ilicitud del cierre Egin y
reconocía la “aplicación indebida”
por el juez instructor del
Código Penal para la clausura
de Egin.