El Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos francés (INSEE) anunciaba a mediados de mayo que Francia había entrado oficialmente en recesión. En efecto, y según los indicadores macroeconómicos contemplados por las economías de mercado, el Pro­ducto Interior Bruto galo cayó un 0,2% entre enero y marzo de 2013, sumando así su segundo trimestre a la baja. Al igual que en las otras economías de la eurozona, el fantasma de una recesión duradera planea sobre el Gobierno y el pueblo francés.

El presidente de la República, François Hollande, si bien admitía el mal dato, consideraba que “lo peor había pasado”, augurando una mejoría económica de aquí a final de año, haciendo suyo un discurso que también puede escucharse en Grecia, Italia, Irlanda o España. Un mismo discurso para unos resultados muy parecidos a efectos económicos y, sobre todo, sociales.

Con las mismas recetas

Sin embargo, Francia lleva aplicando desde hace años las mismas recetas socioeconómicas que el resto de países europeos, siguiendo lo marcado por el Tratado de Lisboa, el Acuerdo General sobre el Comercio y los Servicios, o el sacrosanto principio de “déficit cero” de las cuentas públicas.

En este sentido, su política responde a los dictados de la comisión europea, el Banco Europeo, el FMI y las agencias internacionales de notación. Después del retraso de la edad de jubilación de 60 a 62 años, la reducción drástica de empleados de la función pública y la exoneración de parte de sus impuestos para las empresas y las grandes fortunas de la ‘era Sarkozy’, Hollande ha seguido, a grandes rasgos, los pasos de su predecesor.

Apenas unos días después de su llegada al poder en mayo de 2012 –y de su último discurso contra el mundo de las finanzas–, el presidente francés renunciaba a subir sustancialmente el salario mínimo interprofesional que actualmente está fijado en 1.430 euros brutos. Siguió el anuncio por parte de Jean-Marc Ayrault, primer ministro de Hollande, de un plan de austeridad presupuestaria de 30.000 millones, acompañado de un nuevo ‘perdón’ de impuestos de 20.000 millones a las grandes empresas y un aumento del IVA –un impuesto que afecta de igual manera a ricos y pobres–.

Llegó entonces la primera prueba de fuego del Gobierno socialista francés, con el mano a mano entre Arnault Montebourg, Ministro del “Enderezamiento Productivo”, y Lakshmi Mittal, dueño multimillonario de un imperio empresarial del sector metalúrgico, quién amenazaba de cerrar los últimos centros de producción que poseía en Francia. Después de una amenaza de nacionalización por parte del ministro Montebourg, Hollande y Ayrault se juntaron para desautorizarle y permitir a Mittal la liquidación de los últimos altos hornos franceses.

Las promesas del Ejecutivo galo para relanzar la economía, desviándola del sector financiero para basarla en la economía real, un mejor reparto de la riqueza y nuevas inversiones, parecen haberse esfumado. En los últimos treinta años, la dinámica económica en Francia ha sido la misma que la de su entorno: el empleo en la industria cayó más del 35%, siendo reemplazado –en parte– por trabajos menos cualificados y remunerados en el sector servicios.

Con la crisis actual, los grandes grupos automovilísticos franceses –Renault-Nissan y Peugeot-Citroën (PSA)–, también despiden masivamente y cierran plantas. La balanza comercial, a pesar de poder contar con sectores beneficiarios como la aeronáutica o la industria del lujo, sigue siendo ligeramente deficitaria por el descenso de la demanda interior de los hogares franceses.

Ahora el Gobierno francés se ve obligado a buscar la solución a un problema insoluble en el marco de una economía capitalista “ultrafinanciarizada”: ¿Cómo relanzar la economía cuando el paro se dispara, con más de 3,3 millones de desempleados, representando el 11% de la población activa, se acrecienta el dinero destinado a prestaciones sociales, los precios suben, el consumo cae vertiginosamente, a la vez que se siguen disparando los beneficios de las grandes empresas y protegiendo los dividendos de los accionistas?

Aunque la derecha francesa se hace muy crítica con el Gobierno de Hollande y Ayrault, es para incitarle a acentuar aún más las políticas de austeridad y acabar con buena parte de las prestaciones sociales que, en Francia, siguen siendo de las más altas de Europa. Sin embargo, la oposición a las políticas del Gobierno también viene de su flanco izquierdo, el mismo que le apoyó para su acceso al poder contra la promesa de hacer políticas que rompan con los dictados de la UE.

La principal fuerza de Izquier­das, el Frente de Izquierda (PCF y Partido de Izquierda) sigue reclamando un plan de reindustrialización ambicioso que pase por nacionalizaciones, una verdadera revolución ecológica que impulse el sector de las renovables, así como nuevas medidas que impidan los despidos en empresas con beneficios, la disminución de las horas de trabajo y la vuelta íntegra de la jubilación a los 60 años.