(Ilustración: María Calzadilla)

La Caixa ha presentado su Fondo
Ético Garantizado, un fondo que
garantiza el 100% del capital y cuyos
rendimientos se vinculan a la
evolución de la cotizaciones de algunas
empresas. La novedad está
en que estas empresas cumplen
con los estándares de responsabilidad
social corporativa (RSC)
establecidos por el índice FTSE4
Good Europe (índice sostenible establecido
por la Bolsa de Londres),
y por ello son consideradas empresas
socialmente responsables.

Los criterios de RSC y la capacidad
de evaluar bajo estos criterios
de algunas auditoras han sido
fuertemente cuestionados desde
que éstas aparecieron, debido a
que se trata de empresas transnacionales
con una gran red de filiales,
y cuyo control resulta complicado
incluso para la propia matriz.
Como se anuncia en la web de La
Caixa: “Invertir según criterios
sostenibles no implica renunciar a
la rentabilidad de las inversiones”.
Pero ¿a qué se refiere Caixa
Bank cuando habla de sostenibilidad?
¿Es sostenible una empresa
siempre que haya sido evaluada
según el índice FTSE 4 Good
Europe? El listado de empresas
supuestamente ‘ejemplares’ incluye
a Allianz, Deutsche Post,
Bayer, Inditex, KPN... Pero el currículum
de estas compañías dista
bastante de ser una muestra ejemplar
de responsabilidad social y
medioambiental.

Bayer es miembro fundador de
la iniciativa Global-Compact de la
ONU y coopera también con el
Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA).
Podemos leer en la web de la empresa
las siguientes afirmaciones,
que justifican la sostenibilidad social
y ambiental de esta compañía:
“Las empresas químico-farmacéuticas
no deben limitarse a producir
medicamentos, sino que su labor
debe promover la calidad de vida
de la sociedad a través de la prevención
y el diagnóstico precoz.
Centramos nuestro interés –continúa
la declaración de Bayer– en las
áreas de formación e investigación,
medioambiente y naturaleza,
asuntos sociales y salud, así como
deporte y cultura”.

Pero la realidad choca con la declaración
de buenas intenciones.
Según la organización Coalition
Against Bayer Dangers, que sigue
la pista de la empresa alemana
desde 1983 y ha denunciado multitud
de impactos sociales y ambientales
desde su fundación en el siglo
XIX hasta la actualidad, Bayer
se ha lucrado considerablemente a
través de su colaboración con dictaduras
como la de Pinochet o el
régimen nazi.

Colaboración con el nazismo

Así, Bayer comenzó su gran expansión
con el nacimiento, en el
año 1934, del complejo químico IG
Farben. Esta empresa fue
declarada culpable por el Tribunal
Internacional de Crímenes de
Guerra de Núremberg, cuyo juicio
se celebró durante 1947, por su
responsabilidad en la guerra y la
represión de la dictadura nacionalsocialista.
Uno de los inventos de
este complejo fue el gas zyklon-B,
utilizado en las cámaras de gas durante
el genocidio.

En pleno holocausto nazi, IG
Farben dispuso, por orden del jefe
de las SS Heinrich Himmler, de
una fábrica de productos químicos
al lado del campo de exterminio
de Auschwitz. Aunque la relación
entre la transnacional y el
nazismo sea cosa del pasado,
siempre que se presenta la ocasión
Bayer sigue demostrando
que el lucro pasa por delante de
los derechos humanos.
En los ‘80, Bayer siguió vendiendo
en Asia y Latinoamérica un medicamento
anticoagulante para hemofílicos
que ya no podía vender
ni en Europa ni en Estados Unidos,
con el que ganó millones de dólares.
El medicamento tenía un alto
riesgo de contagiar el VIH a los enfermos,
y la empresa decidió deshacerse
de sus excedentes en mercados
con un menor control.

En octubre de 1999, en la comunidad
de Tauccamarca, Perú, 44
niños y niñas fueron intoxicados
por consumir un desayuno contaminado
por un plaguicida altamente
tóxico, parathión etílico,
prohibido desde 1998. Murieron
24 de ellos y los demás han quedado
con secuelas neurológicas.
La revista Multinational Monitor,
que vigila el comportamiento de
las corporaciones transnacionales,
eligió a Bayer durante los
años 2001, 2002 y 2003 como una
de las diez peores empresas del
mundo. RussellMokhiber y Robert
Weissman, editores de la publicación,
acusan a Bayer de chantajear
al Gobierno estadounidense y a
los ciudadanos con el precio de su
medicamento contra el ántrax,
Ciprobay. Bayer mantuvo el monopolio
de este antídoto en plena
crisis por los atentados del 11 de
septiembre en Nueva York.

Además, la compañía ha sido encausada
en las tres ediciones del
Tribunal Permanente de los
Pueblos (Viena 2006, Lima 2008 y
Madrid 2010) por violar más de 20
normas internacionales en materia
de derechos humanos mediante el
fomento de la confianza en la venta
y el uso de pesticidas peligrosos
e inseguros como el endosulfán,
paraquat y los neonicotinoides.

La empresa obtiene buena parte
de sus beneficios (que ascendieron
a 166 millones en 2011) de
las desastrosas condiciones de la
ganadería industrial, un sector en
el que surgen nuevas enfermedades
constantemente por el abuso
de productos como Baytril, que
favorecen la aparición de cepas
resistentes a los antibióticos, que
se traspasarán a las personas que
consuman carne de dicho animal.
Un estudio realizado por la
European Food Safety Authority
(EFSA) el pasado otoño llegó a la
conclusión de que el uso de antibióticos
en la cría de animales aumenta
el riesgo de su ineficacia
en los seres humanos.

Antibióticos en animales

Durante años, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) también
ha exigido la prohibición de la
utilización a gran escala de antibióticos
en la cría de animales, pero
Bayer sigue publicitando sus productos
como si de grandes soluciones
para la ganadería se tratara.
El 28 de diciembre de 2011,
Bayer realizó una petición para
cultivar en España algodón genéticamente
modificado GHB614 tolerante
al glifosato, el principio
activo del herbicida Total
Roundup. El cultivo de organismos
genéticamente modificados
(OGM) ha generado también la
crisis de los apicultores españoles,
que han visto desaparecer rápidamente
las poblaciones de abejas
debido a la contaminación con
polen de OGM.

Inditex
Un grupo poco ético

El multinacional Inditex se ha expandido
rápidamente y hoy en
día es el comercializador de ropa
más grande del mundo y el que
registra mayores beneficios.
Inditex es propietaria de las marcas
Zara, Pull and Bear, Massimo
Dutti, Bershka, Stradivarius,
Oysho, Zara Home y Uterqüe.
Amancio Ortega, su fundador y
propietario, posee la fortuna más
grande de España.

En la expansión de la compañía
gallega, fundada en 1986, la
contratación de la confección a
fábricas repartidas por todo el
mundo se ha convertido en la
norma. Inditex es el principal
cliente de las fábricas y talleres
de países como Bangladesh,
Camboya o Marruecos. Tras las
numerosas acusaciones por situaciones
de explotación laboral en
sus fábricas proveedoras, la empresa
ha desarrollado una estrategia
de responsabilidad social
empresarial que se utiliza como
ejemplo en las escuelas de negocios
que impulsan este concepto.
Incluso, en el marco de la responsabilidad
social, ha firmado un
acuerdo marco internacional con
la Federación Internacional de
Trabajadores de la Industria del
Textil, la Confección y el Cuero.

Ropa bajo explotación

A pesar de ello, en los últimos cinco
años los casos de explotación
laboral, persecución sindical y
vulneración de la libertad de
asociación se han venido sucediendo
en Bangladesh y Camboya.
Estos países ‘gozan’ de la gran
ventaja competitiva de pagar los
salarios más bajos del mundo.
En el caso de Bangladesh, el salario
medio de una obrera de la
confección se sitúa alrededor de
los 34 euros mensuales, mientras
en Camboya ronda los 60 euros
mensuales. Aunque estas cifras
se ajustan a la legalidad, a duras
penas alcanzan para cubrir los
costes de una nutrición digna. En
ambos países las movilizaciones
de las plantillas para lograr un
aumento del salario mínimo legal
han chocado con la dura represión
por parte del Estado y de la
patronal.

En agosto de 2011, el Gobierno
brasileño descubrió talleres clandestinos
en São Paulo donde inmigrantes
latinoamericanos confeccionaban
ropa de Zara en
condiciones de esclavitud. El caso
se saldó con un acuerdo entre
Inditex y Brasil por el cual la empresa
gallega destinaría 1,4 millones
de euros a finalidades sociales
en dicho país.

En Argentina, la cooperativa La
Alameda ha denunciado casos
muy similares a los de Brasil, documentando
situaciones de esclavitud
entre inmigrantes bolivianas
que cosían ropa para Zara. En
diciembre de 2011, la campaña
Ropa Limpia publicaba un informe
sobre las condiciones de vida
de las obreras de la confección de
Tánger en el que se documentaban
las situaciones de explotación
laboral que viven las trabajadoras
que cosen ropa para el mercado
internacional en las zonas industriales
de la ciudad marroquí.

55 horas de trabajo semanal

Las obreras que trabajaban para
fábricas proveedoras de Zara,
Bershka u otra firma del grupo
Inditex no gozaban de mejores
condiciones que las demás.
Aunque suelen pagarse los salarios
mínimos establecidos por el
código de trabajo del país (unos
200 euros mensuales), las jornadas
semanales de más de 55 horas
eran la norma, al igual que la
represión a cualquier intento de
organización sindical. Y las denuncias
públicas hacia la compañía
de Amancio Ortega no proceden
solamente de sus fábricas
proveedoras en el extranjero. Las
personas que trabajan en sus
tiendas sufren unas condiciones
laborales que suelen situarse al
borde de la legalidad.