Foto: David Fernández

Durante ese período, Rumania,
encaminada hacia una seria recesión,
estuvo gobernada por un ejecutivo
provisorio. El primer ministro
Emil Roc, también reelegido,
acaba de constituir un nuevo
Gobierno liberal. Rumania está integrada
en la OTAN desde 2004 y
es uno de los Estados más pobres
de la Unión Europea, a la que se
adhirió en 2007.

Es evidente que el acuerdo concluido
en marzo de 2009 con el
Fondo Monetario Internacional
(FMI), la Unión Europea (UE), el
Banco Mundial y otros prestamistas
para una ayuda de 20.000 millones
de euros no servirá para que la
población pobre se libere de la crisis
financiera que sufre el país.

Como es habitual, cada vez que
el FMI concede un préstamo, esta
institución se inmiscuye en la política
económica del país, en este caso
para reformar el sistema de pensiones
y reducir los salarios de los funcionarios
públicos, impidiendo
cualquier acto soberano del Gobierno.
Para conseguir esto, asfixiando
aún más una economía maltrecha,
el FMI bloquea junto a la UE
una parte del préstamo, de 2.500 millones
de euros, que Rumania debía
recibir desde noviembre de 2009.
De igual modo y en el mismo momento
que en el caso de Ucrania, el
FMI, despreocupándose de los efectos
de la crisis económica que afectan
a los más desfavorecidos, ejerce
este bloqueo para presionar en las
negociaciones sobre la satisfacción
de sus exigencias neoliberales.

Presiones

Ya en el mes de agosto, Jeffrey
Franks, responsable del FMI y en
ese momento en plenas conversaciones
sobre el futuro económico
del país, anunciaba que las autoridades
deben reducir la masa salarial
del sector público del actual 9%
del PIB hasta llegar a un 6% del PIB
en cinco años. Franks calcula entonces
que las condiciones impuestas
a Rumania son “ambiciosas pero
realistas” y “adaptadas al país”.
Pero esto no parece ser la opinión
de la población, que realizó una importante
movilización: el 7 de octubre
de 2009, salieron a la calle millares
de personas para manifestarse
en contra de las medidas de austeridad
del Gobierno. Y aparecen
otros frentes de movilización, como
en el seno de Alcatel Lucent, donde
los asalariados decidieron crear su
primer sindicato y comenzar una
huelga para defender sus derechos.
La multinacional, presente en Rumania
desde hace 18 años, prevé
transferir el 30% de sus empleos hacia
el subcontratante indio Wipro.

Como era necesario facilitar las
negociaciones en curso con el
FMI, el presidente Traian Basescu
nombró primer ministro, el 15 de
octubre de 2009, a Lucian Croitoru,
ex representante del FMI en
Rumania, que trabajó también en
el Banco Mundial. A fines de diciembre,
Sebastian Vladescu, el
próximo ministro de Finanzas del
nuevo Gobierno de Emil Boc, confirma
el sometimiento a la institución
financiera al comprometerse
a suprimir 100.000 puestos de
funcionarios durante el año 2010,
o sea, el 7,5 % de la función pública.
Las condiciones del préstamo
del FMI serán respetadas por el
nuevo Gobierno. Aunque una
gran parte de los puestos de trabajo
serán reducidos al no ser sustituidos
los empleados que se acogen
a la jubilación, es inconcebible
aceptar un plan que forma
parte de una estrategia cuyo objetivo
es reducir a la mitad la masa
salarial de la función pública. El
FMI y la UE, en misión en Bucarest
el 14 de diciembre de 2009,
intervienen directamente en la
elaboración del presupuesto de
2010, lo que es una condición para
conseguir el préstamo.

Además de la supresión de
100.000 puestos de trabajo, las medidas
impuestas por el FMI, e incluidas
en el presupuesto, pasan
por una congelación de las pensiones
y de los salarios con un mantenimiento
del salario mínimo mensual
de 600 lei (145 euros). Y a cambio
de esto, Rumania podría recibir
el 17 de febrero una “ayuda” de
2.300 millones de euros del FMI.

El rescate del FMI
La crisis financiera, en la que el FMI
tiene una gran responsabilidad, no
ha frenado el dinamismo de la institución
sino todo lo contrario. En estos
últimos años, varios países habían
reembolsado anticipadamente
sus deudas con el FMI y, por consiguiente,
el Fondo vio cómo se reducía
su cartera de préstamos de cerca
de 100.000 millones de dólares a
comienzos de 2000 a 17.000 millones
justo antes de la crisis de 2007,
mientras que su único préstamo fue
para Turquía. En ese momento interviene
el G-20, que, reunido en
Londres el 2 de abril pasado, pidió
a los Estados (o sea, a los contribuyentes)
insuflar a la institución casi
un billón de dólares. De este
modo, el G-20 promueve ante el
público un FMI desacreditado y
despreciado por los movimientos
sociales, sujeto a graves problemas
de corrupción y debilitado por
sus problemas de liquidez.

Sin embargo, el FMI puede continuar
con su política lucrativa de
préstamos hacia toda una serie de
nuevos países en dificultades
(Islandia, Ucrania, Letonia, Hungría,
etc.) y Dominique Strauss-
Kahn, como un banquero entusiasmado
por encontrar nuevos clientes,
explicaba: “El Fondo está allí,
fue creado para eso, y estamos listos
para suministrar a los países
que lo deseen la liquidez necesaria”.
Desde entonces, los negocios
recomienzan y la institución anuncia
unas ganancias en alza de cerca
de 700 millones de dólares para el
ejercicio 2009-2010, sin contar los
4.700 millones de dólares de beneficio
generado por la venta de casi
212 toneladas de oro de su stock.

En forma similar a la crisis de
1982, el FMI llega como prestamista
de última instancia acompañado
de sus funestas consecuencias, llamadas
vulgarmente ajustes estructurales.
El economista Bernard
Maris, aparentemente reconciliado
con el FMI de su director gerente
Dominique Strauss-Kahn, afirmaba
el 7 de octubre de 2009: “Es cierto
que con Strauss-Kahn y sus intervenciones
puntuales, sin contrapartidas
estructurales en Hungría,
Irlanda, Polonia, Ucrania, etc., el
FMI se reconcilió con su modestia
y su filosofía original. Y es por ello
por lo que Strauss-Kahn es unánimemente
elogiado”. ¿Puede ser un
economista tan ciego hasta el punto
de no ver en los recientes préstamos
del FMI la imposición de ajustes
estructurales devastadores que
los acompañan?

El Tribunal Constitucional de Letonia
parece, sin embargo, haber
detectado correctamente que la
disminución de las pensiones de jubilación
estaba condicionada por el
préstamo de 7.500 millones de dólares
del FMI y de la UE, ya que en
diciembre de 2009 declaró la medida
anticonstitucional y ordenó el
reembolso a los jubilados de las sumas
correspondientes a la reducción
de sus pensiones.

Al contrario de lo que decía
Michel Camdessus –ex presidente
del FMI desde 1987 hasta 2000–,
nosotros no pensamos que es necesario
“adaptar el capital” a un
mundo en crisis para preservarlo
mejor, sino más bien atacar el problema
de manera radical, es decir,
ir a la raíz del sistema capitalista
mortífero y promover un igualitario
reparto de la riqueza.