Ilustración: Le Corbeau

Cuando los líderes de los principales
20 países desarrollados y emergentes
según la OCDE, más Holanda y
España, se sentaron en abril de 2009
en Londres con la intención de, palabras
textuales de Nicolas Sarkozy,
“refundar el capitalismo”, la inyección
de medio billón de dólares al
FMI (de los cuales 4.000 millones de
euros fueron aportados por España)
era la panacea para estimular la concesión
de créditos.

Al hilo de la doctrina de moda en
el G-20 inducida por el FMI, Zapatero
preparó un desembolso de más
de 50.000 millones de euros destinados
a contrarrestar la crisis mediante
el estímulo a la economía. A principios
de 2009 asomaba la cabeza el
Plan E. Al término de esta inyección
de crédito, 426.000 puestos de trabajo
generados, no todos mantenidos,
que no lograron compensar una escalada
de desempleo que hoy día sigue
con los frenos averiados.

El sector bancario disfrutó también
de su dosis de inyección de dinero
procedente de las arcas públicas.
Finalizaba el 2008 cuando José
Luis Rodríguez Zapatero anunció la
inyección de 30.000 millones de euros,
ampliables a 50.000, al sistema
financiero mediante el Tesoro, destinados
a comprar activos financieros
de las entidades en dificultades. Y
casi dos meses después de la
Cumbre de Londres, el Gobierno
concretaba la creación del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB).

el FMI reconocía
en un informe que las dos terceras
partes del incremento de la deuda de
los países más avanzados se debía a
la caída de los ingresos

Su intención era proporcionar
dinero a este sector para garantizar
su subsistencia al mismo
tiempo que se impulsaba un proceso
de fusiones entre entidades. Los fondos
iniciales, 9.000 millones aportados
por el Estado, con un límite de
99.000 millones de euros.
Esta tónica se prolongó hasta la
cumbre de Pittsburgh, celebrada el
20 de septiembre de 2009, cuyas conclusiones
fueron poco más que un
compendio de buenas palabras (“No
estimular de nuevo las prácticas que
llevaron a la crisis”, rezaba el documento
concluyente de la cumbre).

Los nubes londinenses, más que
amainar, se habían tornado grisáceas
y amenazaban tormenta. Por
aquél entonces no valía inyectar capital,
porque los países se habían
quedado secos.

El diluvio global

Y en mayo de 2010 cayó el diluvio. El
día 15 de ese mes, el FMI reconocía
en un informe que las dos terceras
partes del incremento de la deuda de
los países más avanzados se debía a
la caída de los ingresos, dependientes
en gran parte de los impuestos
derivados del consumo. En ese documento
los doctores del FMI concretaban
su nueva receta para curar
la enfermedad financiera: reducir los
déficits a toda costa. ¿Cómo?
Mediante la congelación del gasto
per cápita, incremento del coste de
la sanidad pública, reformas en las
pensiones e incremento del IVA.

Quienes estuvieron cerca de
Zapatero hablaron de un presidente
reticente a obedecer al FMI pero acorralado
ante las presiones de oposición
y organismos internacionales. A
partir de entonces el PSOE abrazó
las soluciones del neoliberalismo: rebaja
del 5% del sueldo de los funcionarios,
congelación de las pensiones
(salvo las mínimas y las no contributivas),
supresión del cheque-bebé,
subida de dos puntos del IVA, incremento
de impuestos al tabaco, subida
de gas y electricidad y tijeretazo a
los productos farmacéuticos, entre
otras medidas.

Dentro del ritmo que marcan los
timbales del FMI, el Gobierno aprobó
la privatización de Loterías y de
AENA, la reforma del mercado laboral
(aprobada el 9 de septiembre de
2010), la reforma de las pensiones, la
retirada de la prestación de 426 euros
a los parados que habían agotado
todas las anteriores, la Ley de
Economía Sostenible (que incluía en
su haber la discutida Ley Sinde), etc.
Para seguir cumpliendo las exigencias
del FMI, España se enroló
en una dinámica de subasta de su
deuda como solución a esta nueva
crisis, combinada con uso y abuso de
la tijera. Con los medios de comunicación
pendientes de la variación de
la prima de riesgo y centrados en la
cuestión de la desconfianza general
en la economía española, el Gobierno
ha seguido la lógica del recorte de
derechos.

En sus últimos informes, el FMI
apuntó directamente a las Comunidades
Autónomas, por lo que la ministra
de Economía, Elena Salgado,
se apresurara a introducir en el debate
de las autonomías la cuestión
del techo del gasto, no sin recibir varios
aldabonazos por parte de algunos
representantes territoriales.
Comunidades como Catalunya y
Madrid se animaron a colaborar.
Recortes en subvenciones, incremento
del precio del transporte público,
paralización de obras regionales…
y otras medidas como los recortes
en la educación pública madrileña
(aumento de horas lectivas
para profesores, despido de los interinos,
cierres de escuelas de adultos
y bachilleratos nocturnos, aumento
de alumnos por clase) y la sanidad
catalana (cierre de servicios de urgencia
de ambulatorios, cierre de
quirófanos, menor número de camas
por hospital…).

Nuevas exigencias

El organismo que ahora dirige la exministra
de Economía francesa
Christine Lagarde pone tildes sobre
el IVA, el cual aún considera bajo, y
propone cargar en el carburante, y
en el gasto en funcionarios, “uno de
los más altos de la zona euro”.

Además, pide una “mayor descentralización
de las negociaciones colectivas”,
que se deje de vincular los
salarios con la inflación y una “menor
compensación por desempleo”.

La respuesta a estas últimas exhortaciones
neoliberales ha sido instantánea.
El 19 de agosto, y tras la
celebración de un Consejo de
Ministros extraordinario, Elena
Salgado anunciaba la reducción
temporal del IVA para la compra de
vivienda nueva hasta el 31 de diciembre,
el cobro adelantado del
impuesto de sociedades a las grandes
empresas y la reducción del
gasto farmacéutico, con la intención
de obligar a los médicos a recetar
genéricos.

Remató la comparecencia
el saludo de Salgado a la
moderación de los salarios, pendiente
de negociar con los principales
sindicatos españoles, a cambio
“de repartir las cargas de la crisis”.
Un apunte más: la supresión de las
diputaciones va camino de ser una
realidad antes de lo imaginado;
PSOE y PP ya lo incluyen en sus
programas electorales para las presidenciales
de noviembre.