Autor: Pepe Farruco MMV

Las asambleas, paros parciales y cortes de carreteras venían siendo una costumbre entre los empleados de Seat en Cataluña desde hace algunas semanas ante las amenazas de la filial de Volkswagen. Con un “plan de salvamento” sobre la mesa, que pretende aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a 1.400 trabajadores de la compañía, las medidas de presión han aumentado. Como expresaba a los medios un dirigente de CC OO Catalunya: “si la empresa se radicaliza, nosotros nos radicalizaremos también”.

La huelga de 24 horas convocada entre el 9 y el 10 de noviembre para todos los talleres de la empresa en Cataluña, con manifestación incluida hasta las puertas de la Generalitat, supone un aumento de la tensión movilizadora para señalar la responsabilidad del Tripartit. Se trata de una iniciativa unitaria de los tres sindicatos mayoritarios en la compañía, UGT, CC OO y CGT, para situar el conflicto en un nivel político y presionar de este modo a la empresa a través de la mediación de la Generalitat.
Tal y como ha explicado a DIAGONAL Paco Selas, representante de CGT en Seat, la intención de los tres sindicatos es que el conflicto se extienda a las empresas auxiliares. Según las estimaciones de los trabajadores, por cada puesto de trabajo perdido en la filial de Volkswagen se pierden otros tres en las empresas de fabricación de componentes para el automóvil que dependen de Seat.

Se trata de una continuación de la unidad sindical abierta con el rechazo a las propuestas de la dirección, que planteaban la reducción de un 10% en el sueldo para toda la plantilla, de acuerdo con los planes que según la empresa pretendían hacer frente a la situación de “debilidad estructural” de la demanda y bajada de la producción. Precisamente el rechazo a este plan es el motivo del ERE que afecta a 1.346 trabajadores de los centros de Zona Franca, Martorell y recambios, y a otros 54 trabajadores del Grupo Seat, en la línea de las amenazas lanzadas por la dirección en los últimos meses.

La nueva situación no deja de presentar contradicciones. La propuesta que habían rechazado UGT y CC OO junto con CGT era una consecuencia de lo firmado por los dos primeros sindicatos en el último convenio, en vigor desde enero de 2004. La llamada “cláusula de salvaguarda” fijada en dicho convenio preveía que, sobrepasado el límite de 30 jornadas “adeudadas” por los trabajadores a la empresa por la baja producción, se produjera una reducción automática de sueldo: el 10% que luego ha reclamado la dirección a la plantilla. Este tipo de medidas ya se han tomado en la planta de Landaben (Navarra), pese a lo cual la empresa sigue hablando de que “sobran” trabajadores en dicho centro.

Según Selas, la situación se estaba volviendo insostenible para los 4.000 trabajadores jóvenes que se han incorporado a la empresa con motivo del acuerdo de rejuvenecimiento de la plantilla. Uno de estos trabajadores cobra poco más de 700 euros al mes, un 30% menos que el resto de los empleados. “Si a eso se le hubiera restado el 10% que planteaba la empresa, el resultado es que estarían cobrando por debajo del convenio del metal de Barcelona, lo cual resulta directamente ilegal”, concluye el sindicalista.
Tras la negativa de la plantilla al plan y la presentación del ERE, se abre un período de un mes en que ambas partes deberán llegar a un acuerdo. Los últimos despidos masivos, producidos en 1994, dejaron en la calle a 6.400 trabajadores, de los cuales 5.000 tenían más de 55 años.