Hace pocos días el conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat, Francesc Xavier Mena, anunció que casi 50.000 personas dejarán de cobrar la renta mínima de inserción de 420 euros, fruto de que en agosto de 2011 el Govern endureció las condiciones de cobro de esta ayuda. Este tipo de medidas ha caracterizado al gobierno de Artur Mas en los dos últimos años, y pasa examen el 25 de noviembre, en unas elecciones que pueden suponer un aumento del apoyo a CiU.

Desde las Candidatures d’Unitat Popular (CUP) se considera que se están produciendo “las peores privatizaciones desde el final de la dictadura franquista”, dejando un panorama desolador con tres millones de pobres, 1,7 millones de parados y 80.000 desahuciados. Desde este grupo se compara al Gobierno con un consejo de administración, que confunde el país con los negocios, David Fernández, candidato por Barcelona de las CUP, denuncia que “el padre de Mas es uno de los evasores fiscales descubiertos en Lienchenstein; Boi Ruiz era el presidente de la patronal privada de hospitales antes de ser nombrado consejero de salud; Felip Puig –consejero de Interior– anuncia que irá ‘más allá de la ley’ contra las protestas y el de Trabajo, Mena, recomienda a los jóvenes ir a servir cafés a Londres”.

Represión en las aulas

La represión policial “ha sido la reacción del Gobierno ante una conflictividad social y explícita”, recuerda Ermengol Gassiot, secretari d’Acció Social de CGT Catalunya y miembro de la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (Pudup). “En la Universitat Autònoma de Barcelona, muchos claustros han te- nido que hacerse protegidos por cordones policiales y no ha sido la única de las universidades en las que ha sucedido esto”, comenta Gassiot. El sindicalista sostiene que “el aumento de las tasas es sólo la punta del iceberg de todo lo que está pasando y que forma parte de un proceso que ya se intuía y que, de hecho, ya comenzó en 2008, durante el segundo tripartito”. Un proceso que se ha intensificado con las medidas de CiU.

“Desde el Departamento de Universitats, han impuesto las tasas universitarias más caras de todo el Estado, mientras se favorece a las privadas”, explica Fernández. Gassiot, que es profesor de arqueología en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), advierte de que “los despidos se hacen con la no re- novación de los contratos y se está machacando la capacidad de investigación y docencia cerrando las puertas a mucha gente joven, una masa de profesores que es gran productora de artículos científicos. Además se está limitando la oferta académica suprimiendo decenas de másteres, postgrados y asignaturas. Sólo en la UAB ha desaparecido la mitad de la oferta pública de doctorado”. Gassiot advierte “cambios en el modelo de gobierno de la universidad pasando a una estructura más vertical y me- nos democrática”, e, incluso, que cabe “la posibilidad de que el Gobierno catalán elija quién ha de dirigir la universidad imitando el modelo norteamericano”.

Casi mil millones menos

En cuanto a la asistencia sanitaria, “el impacto de los recortes –939 millones menos– ha aumentado las listas de espera un 43%, ha cerrado centros de atención primaria y servicios de urgencias, acompañado de una reorientación nada velada hacia las mutuas privadas, fomentando el apartheid sanitario para con los migrantes y el deterioro de las condiciones de trabajo de toda la plantilla médica. El conseller de Salut, Boi Ruiz, lo dijo en octubre de 2011: la salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado. Antes había dicho “la barra libre en salud para quien se la pueda pagar”. Para Ramón Serna, representante de la Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l’Administració de Catalunya (Catac-Cts), “a la excusa de recortar por la crisis, se unió la necesidad de hacer más eficiente la prestación de los servicios, un discurso que viene de lejos pero que, en la práctica, siempre ha repercutido mayoritariamente en una sobreexplotación de la mano de obra y muy poco en la eliminación de cargos y de órganos inútiles y en la mejora de las lógicas bolsas de ineficiencia que persisten por la misma incompetencia de los cargos”.

“Hay que poner un énfasis especial en las repercusiones sanitarias de la situación más general por cuanto no se están estudiando ni valorando. Mucha gente no acude o no se toma una baja o aplaza una intervención quirúrgica porque le supondría un despido o no renovación de contrato en su trabajo”, la- menta Serna. En cuanto a las condiciones laborales, las medidas “están siendo brutales”, comenta el miembro de Catac-Cts. La reducción de personal sanitario “no es tanto por despidos, simplemente se contrata menos, a lo que hay que añadir reducciones salariales que superan en muchos casos el 25%” Serna concluye afirmando que “nos quieren hacer trabajar más para contratar menos”. Esta tendencia quedó refrendada con el re- corte en el sueldo del personal público anunciado antes de que el Gobierno de Rajoy aprobara una medida similar en junio. Los 230.000 empleados públicos de la Generalitat han visto como su masa salarial se reducía un 5% y se han producido asimismo varios ERE en empresas públicas. Preguntamos a David Fernández qué pasará si CiU gana las próximas elecciones. Se muestra seguro de que, si gana la derecha catalana, “vendrá la cuarta ola de recortes. En dos años ha recortado 5.500 millones de euros, mientras la Caixa ha ganado 7.800 millones desde 2007”.