Según datos del Gobierno de David Cameron, 146.000 funcionarios participaron en alguna marcha durante la huelga del sector público del 30 de noviembre.
- LONDRES. Un grupo de jóvenes protesta durante la jornada de huelga en la capital del Reino Unido. / Foto: Matthew Taylor.
“Demasiado drásticos para ser
aceptables”. Así califican los sindicatos británicos los ajustes
propuestos por el Gobierno conservador de David Cameron. Unas
medidas que contemplan limitar
al 1% futuras subidas de sueldo de
los funcionarios, aumentar la edad
de jubilación hasta los 67 años, eliminar ayudas sociales varias y subir las tasas universitarias.
En teoría estas nuevas reformas
para salir de la crisis tienen como
objetivo mejorar la eficiencia del
sector público y van en la línea de
lo sugerido por la OCDE, pero los
funcionarios las sienten sumamente injustas y, en consecuencia, decidieron salir a la calle para
mostrar su oposición.
Según datos del Gobierno, durante la huelga el 62% de los 21.700 colegios ingleses permanecieron cerrados, 6.000 operaciones quirúrgicas
de 30.000 no fueron realizadas,
146.000 funcionarios participaron en
alguna marcha y 670.000 trabajadores de ayuntamientos en Inglaterra y
Gales (un tercio de su personal) no
acudieron a sus puestos de trabajo.
Los sindicatos mantienen que el seguimiento fue superior.
Con independencia de la cifra final de huelguistas, la del 30 de noviembre ha sido la mayor huelga que
ha vivido Reino Unido en los últimos
30 años. Una jornada a la que el primer ministro David Cameron restó
importancia en un principio para luego tener que admitir que “evidentemente, ha sido una gran huelga”. No
obstante, el Ejecutivo sigue adelante
con sus recortes como se presentía
tras las declaraciones del ministro de
Hacienda, George Osborne: “La huelga no va conseguir nada. Va a debilitar nuestra economía y potencialmente a causar despidos”.
Según recoge The Guardian, el
líder del sindicato Public and
Commercial Services, Mark Serwokta, ha anunciado que los huelguistas han marcado como fecha
límite el 15 de diciembre. Si para
entonces el Gobierno no rectifica convocarán nuevas acciones: “Si no conseguimos nada las cosas irán a peor.
Esto ha sido el principio, no el final”.
La jornada de protesta ha movilizado a cientos de miles de personas
en todo Reino Unido. A pesar de que
no se consiguió sacar a la calle a los
más de dos millones de personas
convocadas al paro, la primera gran
huelga de la era Cameron ha conseguido superar el seguimiento a las
movilizaciones del conocido como
‘winter of discontent’ que transcurrió entre 1978 y 1979.
También entonces, las calles se abarrotaron para protestar contra los recortes en
materia de pensiones propuestos
por el laborista James Callaghan en
un intento de controlar la inflación.
Sin restar importancia a lo acontecido, el seguimiento de esta huelga ha
sido menor al esperado por los sindicatos, quienes esperaban superar las cifras de las movilizaciones de
1926, un año en el que los mineros
tuvieron en jaque durante nueve días a un Gobierno del que Winston
Churchill era ministro de Hacienda, esta vez ante la negativa de aceptar un brutal recorte de salarios.
LAS MEDIDAS DE LA DISCORDIA
LÍMITE DE SALARIOS
Después de dos años de congelación de
salarios públicos, el ministro de Hacien-
da británico, George Osborne, anunció la
imposición del límite del 1% a las subi-
das en los presupuestos para 2012.
POBREZA PROGRAMADA
El Departamento del Tesoro reconoce
que la paralización de ayudas públicas
conducirán a 100.000 niños más a la
pobreza. Más de un 14% de británicos
vive por debajo el umbral de la pobreza.
DESTRUCCIÓN DE EMPLEO
El Gobierno calcula que hasta 2017
se destruirán 700.000 empleos en el
sector público. La tasa de paro de
Reino Unido actualmente está en su
nivel más alto de los últimos 15 años.
CUMBRE DEL EURO
El fin o la refundación de la UE
El segundo fin de semana de diciembre dará comienzo la cumbre del Euro en Bruselas. Para entonces ya se conocerá el plan de recortes en Italia y los presupuestos de Grecia para 2012, también si el Banco Central Europeo aprueba una rebaja de tipos de interés y una inyección de 200.000 millones de euros a Italia y España a través del FMI.
De cara a la cumbre de Bruselas, Alemania y Francia se oponen a la creación de un euro de dos, o incluso, tres velocidades; en el caso del Gobierno de Angela Merkel esa negativa se une al rechazo a la creación de eurobonos, esto es, emisiones de deuda pública comunes a los países de la eurozona.
A pesar de que el cambio de fichas en el Gobierno griego y la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo han supuesto una tregua momentánea en la crisis de la deuda, la subasta de bonos alemanes del 23 de noviembre, en la que el Bundesbank dejó sin colocar más de un tercio de lo que ofrecía es un síntoma para el analista Mike Whitney de que la deuda alemana se ha convertido en un 'activo de riesgo' como la de Grecia o Italia (aunque en grado menor). «La negativa de Merkel a los eurobonos y a las transferencias fiscales es una sentencia de muerte para la eurozona», explica Whitney.
"Si el euro cae, será visto como un error de Alemania, no de Grecia y ni siquiera de Italia", apuntaba The Washington Post el 2 de diciembre. Con este tablero dado, la cumbre de Bruselas puede suponer el principio del fin para el euro, o un avance rápido hacia la integración fiscal. Si se sigue "mareando la perdiz", apunta Withney, el mercado impondrá sus propias soluciones.
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