AMÉRICA LATINA // DE FONDO, EL CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA MÁS RICA DEL PAÍS
Estados Unidos y empresas multinacionales financian a grupos paramilitares en Bolivia

La masacre de El Porvenir, en la región de Pando, en el
que fueron asesinados al menos 18 indígenas, se convierte
en un capítulo más de la lucha de las élites tradicionales
del país, que rechazan perder sus privilegios.

02/10/08 · 0:00
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Los sucesos de las últimas semanas
en Bolivia encendieron las alarmas.
Durante días, grupos paramilitares
se hicieron con el poder en las calles
de las principales ciudades orientales
sin apenas oposición de la policía,
desbordada por la organización
de estos grupos. Los saqueos de numerosos
edificios y las cuantiosas
agresiones y palizas recibidas por la
población civil a manos de estas
fuerzas de choque tuvieron como colofón
la matanza producida en el
municipio El Porvenir, en la región
de Pando, con un saldo de 18 campesinos
asesinados con armas automáticas,
30 heridos y un centenar de
desaparecidos.

El principal grupo de choque, y
causante de la violencia, son las
Uniones Juveniles. La más organizada
y violenta de ellas es la Unión
Juvenil Cruceña (UJC), una organización
compuesta por jóvenes del
entorno del Comité Cívico de Santa
Cruz. Según uno de sus dirigentes,
cuenta con 85.000 militantes, más
del doble de los efectivos de la Policía
Nacional boliviana. El discurso de la
UJC defiende las “causas autonomistas”:
negación de la nueva Constitución,
reivindicación de la autonomía
regional y gestión total del
impuesto de hidrocarburos (IDH).
Sus miembros se preparan para convertirse
en una auténtica fuerza armada
ante una posible secesión de
las regiones orientales del país. Los
últimos sucesos parecen demostrarlo.
Durante el referéndum de autonomía
del pasado 4 de mayo, sacaron
a la calle unos 5.000 miembros
sólo en la ciudad de Santa Cruz, con
el fin de “defender” la libre votación.

“En cada mesa de sufragio estarán
20 chicos”, dijo el vicepresidente del
grupo. En Santa Cruz, llevan varios
años convirtiéndose en el poder fáctico
en las calles, obligando a una
mayoritaria población indígena a
acatar los paros decretados por las
autoridades regionales y derrotando
muchas veces a la policía. En los últimos
incidentes tomaron simultáneamente
instituciones públicas y
las defendieron durante horas. Las
denuncias de las víctimas de su violencia,
mayormente de origen indígena,
quedan impunes judicialmente.
Incluso se regocijan negando la
evidencia de las pruebas gráficas de
sus ataques. “El Gobierno copió la
indumentaria de la Unión Juvenil y
pagó a gente para que pegaran con
nuestra indumentaria”, explica el
presidente de la UJC, David Sejas.
Apenas días después de la toma
de instituciones públicas, de nuevo
Sejas declaraba: “Tenemos una lista
de instituciones que serán tomadas
en los siguientes días, no tenemos
miedo de enfrentarnos a la policía”.
En junio del año pasado, uno de los
líderes de la UJC, Wilberto Zurita,
había propuesto crear un “ejército
democrático”. El ex comandante de
la Policía regional, Wilfredo Torrico,
afirmó a la prensa local estar preparándoles
para ello: “Nos vamos a
reunir por las noches en las canchas
para entrenarnos para las movilizaciones
y la propia vigilia de los recintos
electorales”. Zurita añadió que
“será un ejército democrático, sin
propósitos sediciosos, en defensa de
la autonomía, del Estado de derecho
y la democracia”, pero “si el Gobierno
quiere enfrentamiento lo tendrá,
si se rompe el Estado de derecho tendremos
que salir al frente”.

Estos grupos de choque están íntimamente
ligados a los Comités
Cívicos. Según la investigadora
Carmen Sandoval, “la UJC fue creada
por miembros del Comité Cívico
de Santa Cruz”, con el que comparte
no sólo el mismo discurso ideológico,
sino también sede en el mismo
edificio. El propio presidente de
la UJC, David Sejas, lo reconoce:
“Somos el brazo gestor del Comité
Cívico en todas las decisiones que
toma”. Su financiación proviene de
aportaciones de empresarios, prefecturas
y miembros de los comités.
Los Comités Cívicos son asociaciones
de entidades agropecuarias, ganaderas,
empresariales y cofradías
religiosas, unidas para canalizar los
mensajes políticos que defienden
sus intereses corporativos. Branco
Marinkovic, presidente del autonomista
Comité Cívico de Santa Cruz
(CCSC), además de ser un importante
empresario agroexportador,
director del Banco Económico y alto
cargo de varias patronales empresariales,
es también accionista
de la compañía petrolera Transredes,
filial de la Shell. Aunque
Marinkovic no ha sido elegido en
ninguna elección democrática, su
incidencia y presencia en la vida política
del país supera incluso a la del
propio prefecto regional.

Comités Cívicos y patronales

Los sectores empresariales y los
Comités Cívicos se retroalimentan
mutuamente. Los primeros financian
las movilizaciones políticas de
los segundos, y los segundos difunden
y exigen al Gobierno central las
demandas favorables para los intereses
económicos de los primeros.

El nexo de unión entre los Comités y
las multinacionales petroleras es evidente.
Éstas últimas contratan como
ejecutivos a profesionales cruceños
vinculados a las patronales (muchos
de ellos ex cargos políticos del antiguo
régimen), de tal modo que las
petroleras están presentes en los directorios
de varias patronales empresariales,
las cuales están integradas
en los Comités Cívicos.
Según un informe elaborado por
la ONG Acsur-Las Segovias, la Cámara
Boliviana de Hidrocarburos
(CBH), patronal petrolera dirigida
por Repsol YPF y Petrobrás, “es
miembro activo del Comité Cívico
Pro Santa Cruz”. Luis García, vicepresidente
de Andina, la filial de
Repsol YPF en Bolivia, es también
director de la CBH, la cual resalta
en su web que uno de sus objetivos
es “representar a la industria petrolera
en los diferentes ámbitos de
acción política”. El analista Fernando
Garcés insiste en ese nexo entre
multinacionales y las prefecturas
pues éstas “han asumido la representación
de la oligarquía y buscan
un desplazamiento del eje político
desde lo nacional a lo regional,
siempre en estrecha relación con
las trasnacionales”. Luis Gómez, de
la revista Brecha, afirma respecto a
los Cívicos cruceños y miembros de
la Prefectura que “son una treintena
las familias de la oligarquía que
se reparten Santa Cruz. Los apellidos
se repiten entre la CBH, los directivos
de las petroleras y los
miembros del Comité Cívico”.




LA USAID Y LA NED FINANCIAN A LA OPOSICIÓN

EE UU apuesta por la desestabilización

Siguiendo la conexión entre los grupos
de choque y otros actores del
conflicto, el Gobierno boliviano e
innumerables analistas acusan a
Washington de estar detrás de los
intentos de secesión de la mitad
oriental. La injerencia norteamericana
se realiza a través de la agencia
USAID. El propio administrador
de la agencia en 2003, Andrew Natsios,
reconoció que “los contratistas
privados financiados por la USAID
son un brazo del Gobierno de EE
UU”. En 2004, un año antes de la
llegada de Evo, la USAID abrió en
Bolivia la Oficina de Iniciativas de
Transición para, supuestamente,
ayudar a “reducir las tensiones en
zonas de conflicto social y apoyar al
país con la preparación de los eventos
electorales”. Según la abogada
Eva Golinger, se concertó con Casals
& Associates, una de las empresas
estadounidenses con más
contratos con el Ejército estadounidense,
la ejecución de proyectos por
13,3 millones de dólares para “reforzar
los gobiernos regionales”. La
USAID indica en su web que su objetivo
es armar en Bolivia proyectos
que “fortalezcan las capacidades de
los Gobiernos regionales para generar
ingresos”. Presume de haber
logrado “diagnósticos de desconcentración
de la gestión para algunas
prefecturas”. Esto demuestra
que se está apoyando abiertamente
un proceso de descentralización
que el Parlamento boliviano ni siquiera
ha aprobado. Su proyecto de
“Fortalecimiento de Instituciones
Democráticas”, tiene una subvención
de más de 2,6 millones de dólares
y lo está implementando Chemonics
International, una contratista
que fomenta la “gobernabilidad
económica” en Iraq con proyectos
de 60 millones de dólares.

El ministro de la Presidencia,
Juan Ramón Quintana, denunció
que en 2007 81 millones de dólares
portados por USAID escaparon del
control de las instituciones bolivianas
y estimó que el 70% de ese dinero
fue para sueldos de altos cargos
de las organizaciones ejecutantes,
casualmente todos ellos miembros
de anteriores gobiernos bolivianos.
Asimismo, denunció que los
fondos de los proyectos desarrollados
en Santa Cruz por USAID llegan,
sin ningún control gubernativo,
a las manos de Juan Carlos
Urenda, el principal ideólogo de la
propuesta autonomista del Comité
Cívico de Santa Cruz, además de
ser asesor y delegado de la Prefectura
cruceña durante la Asamblea
Constituyente.

EE UU también financia a entidades
en Bolivia a través de la Fundación
Nacional para la Democracia
(NED). Creada a comienzos de los
años ‘80, la NED pretende “apoyar
organizaciones favorables a la democracia
alrededor del mundo”. Sin
embargo, históricamente, su agenda
ha coincidido con la de la política exterior
de Washington. En Bolivia, según
Eva Golinger, la NED subvencionó
con más de 110.000 dólares a
proyectos que analizan los “efectos
económicos de las reformas propuestas
en la Asamblea Constituyente”,
con 40.500 dólares para “financiar
a diferentes representantes
de la sociedad civil durante la Asamblea
Constituyente” y con 200.000
dólares para promover el “diálogo
entre ciudadanos y funcionarios sobre
la Asamblea Constituyente”.

Según Mark Weisbrot, codirector
del Centro de Investigaciones Económicas
y Políticas del Reino Unido
“al proveer ayuda clandestina a grupos
que casi seguro están en la oposición,
da la impresión de que Washington
está contribuyendo a desestabilizar
al Gobierno boliviano”.
Ya en 1991, Allen Weinstein, uno
de los fundadores del NED, confesó
en un artículo publicado en The
Washington Post que “mucho de lo
que hoy hacemos lo hizo secretamente
la CIA durante 25 años”.

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comentarios

1

  • |
    kluis
    |
    25/10/2016 - 3:41am
    Ejecuciones extrajudiciales y el negocio inmobiliario. El objetivo de estas ejecuciones es, eliminar a los lideres y apoderarse de sus negocios. No odies lo que eres, odia en lo que te han convertido. De La guerra psicológica (PSYWAR), o los aspectos básicos de las operaciones psicológicas modernas (PSYOP) Han destruido los valores tradicionales de la familia con la legalizacion de las drogas, la pornografia y el rechazo de la inmigración. Durante la crisis financiera inmobiliaria, las grandes corporaciones se aseguraron de recuperar sus perdidas en los paises sub desarrollados, usando a las mafias, Policias y militares corruptos que tienen dos o mas familias: Una que es su verdadera familia y que esta oculta, por quienes estan dispuestos a negociar. Y las otras familias las usan y entrenan para evadir las normas, las leyes y cometer delitos con impunidad. ok
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