España entró en recesión a
finales de 2008. Durante
el primer trimestre de
2010, el PIB ha logrado
avanzar un penoso 0,1%. Es la primera
subida de este indicador, por
otro lado cada vez más criticado,
tras siete trimestres consecutivos de
contracción o estancamiento.

Ante la presión de los mercados
financieros, el Gobierno decidió
anunciar su intención de ahorrar
50.000 millones de euros en tres
años con el fin de rebajar el déficit
público. Ésste se hallaba en el 11,2%
del PIB en 2009 y el objetivo consiste
en reducirlo hasta el 3% para
2013, plegándose así a los deseos de
la Comisión Europea. El Gobierno
de Zapatero puso en marcha su plan
de recorte de las finanzas públicas:
congelación de las plantillas en la
función pública, retraso de la edad
de jubilación de 65 a 67 años, subida
del IVA del 16% al 18%, etc. El
Parlamento aprobaba, el 27 de mayo
y con un voto de diferencia, un
plan orientado a ahorrar 15.000 millones
de euros en dos años. El
Gobierno pide también a las autonomías
y a los ayuntamientos que
ahorren otros 1.200 millones.

Aunque los miembros del Gobierno
se hayan rebajado el sueldo hasta
un 15%, y aunque, por una vez,
las rebajas se hagan por tramos salariales,
el ahorro correrá básicamente
a cuenta de los funcionarios
y de los jubilados, y no de las élites
capitalistas, especialmente el sector
bancario (en 2009, el Grupo Santander
obtuvo cerca de 9.000 millones
de euros de beneficios; el BBVA,
4.200 millones, etc.). Además, como
Luxemburgo ya no es considerado
paraíso fiscal, el Gobierno permite,
a partir de julio, a las empresas españolas
invertir en los fondos de inversión
de este país, pagando así un
impuesto de sociedades ridículo, del
orden del 0,01%.

“Estas medidas son dolorosas pero
indispensables”, declaraba la ministra
de Economía Elena Salgado
ante un Parlamento, por una vez,
lleno. La Comisión Europea expresó
su satisfacción ante las medidas,
que juzga orientadas “en la buena
dirección”. También la OCDE ha
apoyado el plan. Por su lado, Strauss-
Kahn, director del FMI, en una
entrevista a ABC, declaraba: “Las
medidas que ha tomado el gobierno
son enérgicas y deberían permitir la
recuperación de la confianza en el
futuro. La cuestión es saber cómo
se van a aplicar, sobre todo las relativas
al mercado laboral”.

Dicho y hecho, Zapatero anuló su
viaje a Brasil con el fin de presionar
a los agentes sociales para llegar a
un acuerdo sobre esta reforma laboral
que prevé, entre otras cosas,
reducir las indemnizaciones por
despido, ofreciendo así en bandeja
a los empresarios despidos a bajo
coste. Tras haber aprobado la reforma,
Zapatero deberá someterla al
director general del FMI, que reclama
un cambio del mercado laboral
español “radical, ambicioso y profundo”.
Reforma que interesa mucho
al Banco Mundial, puesto que
éste clasifica a los países según su
“clima de negocios”, para ayudar a
los empresarios a escoger los mejores
sitios donde sacar mayores beneficios
a costa de los trabajadores.

¿Acaso no hay alternativas?

Hay alternativas y dinero para llevarlas
a cabo. Para empezar, se puede
poner en marcha una auditoría
independiente durante la cual se
suspendiera el pago de la deuda.
Este proceso permitiría rechazar el
reembolso de deudas ilegales y despejaría
fondos dedicados actualmente
al pago de la deuda. Además,
un mayor gravamen sobre las rentas
más altas aportaría fuertes sumas
que podrían ser utilizadas para
satisfacer las necesidades más básicas
de los más desfavorecidos. Una
serie de economistas consultados
por Público han enumerado algunas
otras posibilidades:

1) En vez de congelar las pensiones
de jubilación en 2011, el Estado podría
recuperar los 1.500 millones de
euros que se prevé que ahorre esta
medida retirando las tropas de Afganistán,
del Líbano y de Somalia
(ahorro de 750 millones) y suprimiendo
las inversiones en I+D militar
previstas para 2010 (950 millones).
Si sumamos los 1.400 millones
previstos en inversiones militares
para 2010, alcanzamos un ahorro
de 3.100 millones. Recordemos que
el presupuesto militar para 2010 supera
los 18.000 millones, o sea, cinco
veces más que el presupuesto
destinado a Educación y Ciencia.

2) Suprimir los salarios de los profesores
que dan clases de religión en
los centros públicos (650 millones
de euros anuales), de acuerdo con
la idea de un Estado laico, se podrían
respetar los 600 millones que se
pretenden ahorrar en la partida de
ayuda al desarrollo.

3) Otra idea para recuperar 785 millones
en dos años es ajustar los medicamentos
recetados a la duración
estándar del tratamiento y fomentar
los medicamentos monodosis.

4) Por otro lado, otra posibilidad, no
incluida entre las alternativas citadas
por los economistas consultados
por Público, consistiría en salirse
del FMI y recuperar los 9,63 millones
de euros pagados recientemente
al Fondo Fiduciario para el
Crecimiento y la Lucha contra la
Pobreza del FMI.

También los 600.000 euros utilizados
para desplegar el dispositivo
de seguridad en torno a la reunión
del club Bilderberg en Sitges, podrían
haber tenido otro destino más interesante
para los contribuyentes.
Ante todo un palco de multimillonarios
y de los gestores a su servicio,
Zapatero tomó la palabra para defender
que su política económica
debería reconciliar a los españoles
con un crecimiento que, nos quieren
hacer creer, acabará revirtiendo
en las clases más desfavorecidas.
La historia está plagada de ejemplos
contrarios a esta teoría liberal.

Frente a los recortes llevados a
cabo simultáneamente en diferentes
países de Europa con el fin de
facilitar el reembolso de una deuda
que no ha beneficiado a sus poblaciones,
es hora de llamar a la rebelión,
principal temor de Durão
Barroso y de sus comparsas. Hay
que debatir democráticamente las
alternativas que constituyan una salida
real de la crisis. Hay que apoyar
a todas las fuerzas que apelen a la
huelga general y a la acción unitaria,
siguiendo el ejemplo de las protestas
que están teniendo lugar en
estos momentos por la defensa de
los mismos derechos en Rumanía,
Grecia, Portugal, Italia o Francia.

GUARDIANES DEL LIBERALISMO

Un mes después de
que Standard & Poor’s
rebajara la calificación
de España (el 28
de abril, de AA+ a
AA), la agencia Fitch
se apuntó a la campaña
y rebajó de un
punto la calificación
de la deuda española.
En efecto, si bien
la deuda pública, fijada
en 2009 al 53%
del PIB, es en realidad
inferior a la de
numerosos países de
la zona euro, la
deuda del sector privado,
en cambio,
alcanza el 178% del
PIB, lo que según
Standard & Poor’s
resulta “inquietante”.
Además, juzgando
insuficientes las medidas
de austeridad
que justo acababa de
aprobar el Parlamento
español, Fitch lanzó
una fuerte andanada
a favor de una flexibilización
aún mayor
del mercado laboral:
“La rigidez del mercado
de trabajo y la
reestructuración de
las cajas de ahorro
locales y regionales
van a obstaculizar el
ritmo del ajuste”.

* Jerome Duval es miembro del CADTM internacional (Traducido por Eric Jalain, Aeiou Traductores)