Texto de Fernando Sabaté Bel, miembro de la Asamblea por Tenerife

Las Cabritas, pequeño barriosituado junto al Polígono deOfra, saltó a los titulares dela prensa local en la primaverade 2004, debido a las intencionesdel Ayuntamiento de Santa Cruzde eliminar las trazas del caserío,reubicando a sus habitantes en otroslugares del municipio. Se pretendíaubicar allí un parque que ‘recualificara’el entorno de la autopista TF-5y sus nuevas conexiones viarias haciala zona residencial que se pretendeimplantar en Hoya Fría. Más queel proyecto urbanístico, la noticia fuela respuesta y la movilización queprovocó entre sus habitantes.

La presión vecinal se expresó en
asambleas, concentraciones, pancartas
visibles desde la autopista y
un duro pulso mediático. La corporación,
controlada por Coalición
Canaria (o sus precedentes) desde
1979, tuvo que dar marcha atrás:
cursaría instrucciones al equipo redactor
del Plan, el parque no se haría
y los vecinos permanecerían residiendo
en el lugar que levantaron
con tanto esfuerzo.

La experiencia espoleó un movimiento
que se extendió a lo largo del
verano. En el suroeste de la capital
las determinaciones del Plan General
iban sembrando la alarma entre
sus pobladores: las nuevas conexiones
viarias previstas y, sobre todo,
la recalificación de cantidades
ingentes de suelo urbano impulsó
un movimiento asambleario en pueblos
como El Tablero o El Sobradillo.
Llegaron a congregarse más de 500
personas en sesiones públicas de información
y debate, promovidas por
un movimiento que desborda a las
asociaciones de vecinos tradicionalmente
afines al poder. Se repiten
concentraciones multitudinarias
frente al Ayuntamiento. En La Laguna,
barrios afectados por el arranque
de la proyectada autopista (Guamasa,
Cruz Chica) se pusieron también
en marcha. Y a ellos se sumaron
otros como San Lázaro y el
Camino de la Villa, con una larga experiencia
de enfrentar planes de ordenación
concebidos a espaldas de
la ciudadanía. Muchos de estos barrios,
y otros que también entraron
en conflicto con el Plan General (como
María Jiménez, Salud Bajo o El
Toscal), establecen contactos entre
sí. Así surge, a finales del verano, la
Coordinadora de Pueblos y Barrios
del Área Metropolitana.

Por su parte, el movimiento ecologista
tinerfeño había presentado
unos meses antes en el Parlamento
de Canarias la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) para proteger el litoral
donde se pretende ubicar el macropuerto
industrial de Granadilla:
más de 56.000 firmas, casi cuatro
veces más de las necesarias, la mayor
ILP presentada en el archipiélago.
Los sectores del empresariado
local (constructores, inmobiliarios
y la CEOE) constituyeron
una Plataforma para el Progreso de
Tenerife, para exigir al poder político
que ejecutara sin retraso diversos
megaproyectos públicos: el susodicho
puerto, el cierre del anillo
insular de autopistas y la segunda
pista del Aeropuerto del Sur se
cuentan entre los más emblemáticos.
Los ecologistas convocaron a
su vez una amplia asamblea ciudadana
abierta a profesionales, activistas
y miembros del movimiento
vecinal que se está configurando en
el área capitalina. Fue a finales del
mes de julio. Había nacido la ‘Asamblea
por Tenerife’.

El conjunto de megaproyectos antes
citados, y varios más (un puerto
adicional en el litoral de Guía de
Isora, otro más en el norte de la isla,
urbanización turística de Las Teresitas,
etc.), estaban planteados en
el III Plan de Desarrollo del franquismo
(1965-1970). El primer Plan
Insular de Ordenación de Tenerife,
elaborado por la consultora Doxiadis
Ibérica en los primeros años
setenta, trató de dotar de ‘coherencia
territorial’ a esta suma de actuaciones,
concebida en un contexto
ideológico y cultural caracterizado
como desarrollista, propio de una fase
de expansión del capitalismo con
un fuerte componente industrial,
preferencia por la gran dimensión y
nula sensibilidad hacia el impacto
ecológico o social de las intervenciones
sobre el territorio.

Dicho plan nunca fue aprobado, si
bien se llegaron a materializar varias
de sus determinaciones, como el
Aeropuerto del Sur y el arranque de
la autopista hacia la gran comarca
meridional, que dio paso a la expansión
turística y transformó las bases
de la economía tinerfeña.

El proyecto de reconfiguración territorial
quedó aparcado a la espera
de mejores tiempos. Entre tanto, se
va completando el programa básico
de infraestructuras sociales, que conoce
un progreso notable durante el
primer Gobierno socialdemócrata
de la autonomía. Entre tanto, también,
el bloque de poder tradicional
dominante en Tenerife aborda un
proyecto, lento pero sostenido, que
busca pacificar primero, y subordinar
políticamente después, al movimiento
vecinal urbano.

En los noventa, se produce la
confluencia de casi toda la izquierda
canaria que había luchado contra
el fascismo en una única organización
política; y, a renglón seguido,
su inusitada convergencia
con los herederos del franquismo
bajo el paraguas de Coalición Canaria,
presentado como un ejercicio
de pragmatismo al servicio de
los intereses populares. En el cambio
de siglo, las condiciones políticas
estaban dadas para retomar
proyectos ya viejos, que se hacen
pasar por modernos.

Para las élites, en el ámbito económico,
los mejores tiempos llegaron
de la mano de una actualización
de las peculiaridades fiscales
de Canarias, concebida de forma
muy favorable para el capital:
la Reserva de Inversiones de Canarias
(RIC) supone unas posibilidades
de acumulación sin precedentes,
por la vía de eludir casi toda
la fiscalidad sobre los beneficios
empresariales. Se estima en
tres billones de pesetas la cifra depositada
en la RIC en sus cinco
años de vigencia. Un capital obligado
a desplegarse a corto plazo,
haciéndolo en su mayor parte por
los medios que la experiencia y la
rutina empresarial aconsejan en
Canarias: inversión inmobiliaria,
construcción de edificios, y también
de obras públicas que durante
este periodo sufragan con generosidad
los fondos estructurales
europeos. Las prisas por ejecutar
las megainfraestructuras tienen
que ver con el riesgo de que Canarias
pierda la condición de región
subvencionada. Tales prisas
hacen perder hasta las formas democráticas
más elementales: se
niega la toma en consideración de
la ILP más apoyada de la historia
de Canarias.