PANORAMA / OPINIONES SOBRE LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA
Escepticismo asociativo ante el alcance de la Ley

¿Nacerá cojo el llamado ‘cuarto pilar del Estado de Bienestar’? Diferentes
organizaciones sociales reflexionan sobre los límites y aciertos del futuro sistema.

09/11/06 · 0:00
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ENTRE VISILLOS. Las organizaciones feministas recuerdan que la mayor parte del trabajo de cuidados se ejerce en el ámbito privado
por parte de mujeres. Algunos sectores del feminismo temen que la Ley refuerce esta situación con las ayudas económicas./ Antonio Navia

Las expectativas creadas por el
Gobierno ante la creación del
futuro Sistema de Atención a la
Dependencia corren riesgo de
volverse en su contra. Junto a sus
valoraciones, los grupos consultados
por DIAGONAL destacan
importantes límites en la Ley.

FORO DE VIDA INDEPENDIENTE
Grupo de diversidad funcional

“De este proyecto nos separa una
diferencia de concepto”, destaca
Javier Romanach, miembro de este
grupo al que define como una “no
ONG” por su carácter horizontal y
autofinanciado. “El Gobierno considera
que somos personas a las
que se debe proteger, y nosotros
pensamos que por nuestra situación
de diversidad funcional estamos
marginados”.

No es un simple matiz. Para el
Foro de Vida Independiente mantener
la capacidad de decisión sobre
la condiciones de la ayuda es
una forma más de defensa de la
propia autonomía. Por eso, la asistencia
personal que prevé la Ley
en su redacción actual no les satisface,
porque sólo cubre las limitaciones
para trabajar o para estudiar.
“Pero nosotros la limitación
la tenemos las 24 horas del día,
también para el ocio o para el
transporte”, explica. Además, que
el sistema incluya las ayudas técnicas
resulta para ellos igual de
prioritario que la asistencia personal.

Una silla de ruedas mecánica-
de las baratas- ronda los 1.900 euros,
y los sistemas de grúas para
las camas o ingenios domóticos,
como las puertas automáticas, son
también costosos. La Ley todavía
no garantiza estas prestaciones como
un derecho subjetivo y universal.
“Y es una forma de ayuda más
barata y eficiente que la asistencia
personal”, añade Romanach.

Una veintena de miembros del
Foro ocupó entre el 11 y el 12 de
septiembre la Dirección General
del Imserso. De la acción sacaron
en limpio una reunión con el ministro
de Trabajo, Jesús Caldera,
y su compromiso de incluir varias
de sus reivindicaciones en el trámite
parlamentario, como la suavización
del copago y la posibilidad
de que el propio beneficiario
pueda elegir la solución para sus
propias necesidades.

La Ley prevé que será la Administración
la que, mediante un
Plan Individual de Atención, establezca
qué tipo de intervención
se precisa. Algo conflictivo, por
ejemplo, si se estima como más
conveniente para alguien su ingreso
en una residencia. Para
quienes integran el Foro, con una
media de edad de 40 años, sería
otro ataque a la autonomía personal.
“Es la diferencia entre la
Ley de aquí y la que se está preparando
en el Reino Unido”, declara
Romanach. “Allí, la opción
de la residencia sólo se considera
si todas las demás no se pueden
aplicar”, compara.

Como avance, Romanach valora
que “políticamente, el sistema será
estable” debido al consenso alcanzado
por las diferentes fuerzas políticas,
lo que califica como “un
gran paso para que lo que se logre
no se pueda tocar”.

ASAMBLEA FEMINISTA
Organización madrileña de mujeres

“El Gobierno no ha tenido en
cuenta a las mujeres al redactar
la Ley”, señala Yolanda Iglesias.
Esta integrante de la Asamblea
Feminista de Madrid ve con preocupación
que el sistema institucionalice
la figura de la cuidadora.
“Se parte de un reparto social
del trabajo en que las mujeres cubrimos
el 83% de las tareas de
cuidados”, recuerda Iglesias. La
actual redacción del proyecto
prevé que se recurra a la figura
de la cuidadora o cuidador en casos
excepcionales, “pero no concreta
cuáles son las modalidades
o requisitos para que esta ayuda
sea excepcional”, apunta.

Así, el propio Caldera ha calculado
en un millón de personas
el contingente de cuidadoras y
cuidadores familiares que complementaría,
a cambio de una
prestación todavía por precisar,
el trabajo reglado de 350.000
profesionales de la atención a domicilio.
Iglesias opina que los baremos
de acceso a las ayudas del
sistema, limitados en función del
grado de dependencia presentada
y en función de la renta, pueden
acabar por ser “una trampa”
para miles de mujeres. “Los servicios
están garantizados para
las rentas bajas, pero las limitaciones
de acceso para rentas medias
pueden hacer que a muchas
les salga más económico cobrar
para ser ellas quienes cuiden de
asumir el copago del servicio”,
argumenta Iglesias. Según esta
interpetación, el propio esquema
de ayudas de la Ley puede perpetuar,
lejos de cualquier excepcionalidad,
el papel de las mujeres
como cuidadoras.

SECRETARÍA DE LA MUJER (CGT)
Secretariado permanente del sindicato

El sindicato CGT se ha mostrado
muy crítico con las diferentes fases
del proyecto. A las objeciones
propias de algunas organizaciones
feministas, la central añade
también el marco en el que se ha
preparado la Ley: el llamado diálogo
social entre el Gobierno, las
patronales, CC OO y UGT, que ha
producido acuerdos como la reforma
laboral y de las pensiones.

Así, el documento publicado en
junio por la Secretaría de la mujer
de CGT -entonces encabezada
por Sira del Río, destacada militante
feminista- cuestiona que la
Ley tenga un alcance universal
equiparable a las demás ‘patas’
de la protección social. Si bien las
diferentes enmiendas han introducido
en los grupos beneficiados
por el sistema a los menores de
tres años, esto apenas afecta al
60% de personas que se quedan
fuera del ámbito de protección de
la Ley según el propio Libro Blanco
sobre Dependencia: quienes
presenten dependencias consideradas
leves, como ciertos enfermos
mentales o las personas con
discapacidad intelectual.

CGT recalca que esas carencias
seguirán siendo cubiertas por la
sociedad, y muy especialmente
por las mujeres. Asimismo, el sindicato
destaca el hecho “insólito”
en cualquier sistema de protección
social de que los usuarios
vayan a aportar hasta el 35% del
coste de los servicios, tal y como
figuraba en la memoria económica
del anteproyecto de Ley.

PURA GARCÍA
Secretaria de Política Social de CC OO

El sindicato firmó en diciembre de
2005 el acuerdo de la Mesa de
Diálogo Social, que contenía muchas
de las medidas que ahora están
incluidas en la Ley. Según la
secretaria de política social de
Comisiones, éstas afectan a “cuestiones
centrales” y “servicios estratégicos”
del sistema, como la imposibilidad
de que se subcontrate
el organismo que decide quién recibe
las ayudas y la garantía de que
éstas serán preferentemente de
servicio y no monetarias.

CC OO ha preparado un documento
con propuestas para regular
las condiciones laborales de
los 350.000 empleos que se van a
crear hasta 2015 en un sector
con escasa protección social y alta
temporalidad. El documento
incluye, según García, las medidas
de formación y los criterios
de estabilidad en las plantillas
necesarios para que el servicio
resultante sea de calidad.

Otras cuestiones importantes
para evaluar el futuro alcance del
sistema, según García, será la
“coordinación entre los recursos
del nuevo sistema de Dependencia
con los que ya existen en el sistema
de Salud”, y las condiciones
por las que se regularán las entidades
tanto públicas como privadas-
concertadas que presten los
servicios de atención a la dependencia,
que deberán desarrollarse
en los reglamentos.

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