TRANSGÉNICOS // LA REGULACIÓN ESPAÑOLA ES ESCASA Y NO SE CUMPLE
Escenario de riesgo para la cadena alimenticia

El 12 de diciembre, 71 organizaciones sociales
enviaron una carta al presidente del Gobierno para
mostrar su inquietud por su política sobre organismos
modificados genéticamente (OMG).

08/05/06 · 15:05
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ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE. La industria biotecnológica ha dado un salto sin precedentes en la historia de la
evolución de la vida sobre la tierra al crear un ser vivo a partir de dos especies diferentes.

Desde 1998 en el Estado español se
permite el cultivo de maíz transgénico,
concretamente las variedades
Bt176 y MON810, siendo el primer
país de la Unión Europea en permitirlo.
A este hecho hay que añadir las
grandes cantidades de maíz y soja
modificada genéticamente que se
importan (seis millones de toneladas
de soja de las cuales el 66% es transgénica)
para la elaboración de piensos
y para el uso en la industria alimentaria
como grasas vegetales (2/3
partes de los alimentos que ingerimos
contienen derivados de soja o
de maíz). En 2004 la superficie cultivada,
según estimaciones de las propias
empresas suministradoras de
este tipo de semillas, ascendieron a
58.000 hectáreas de maíz modificado
con genes de bacterias.

Esta indefinición sobre el cultivo
de OMG ha llevado a Amigos de la
Tierra, Ecologistas en Acción, la
Coordinadora de Organizaciones
Agrarias y Ganaderas (COAG),
Greenpeace y a la Unión de Pequeños
Agricultores (UPA), junto al respaldo
de 66 organizaciones de la sociedad
civil (como la Sociedad
Española de Agricultura Ecológica -
SEAE-, Vida Sana, ATTAC o
WWF/Adena) ha mandarle una carta
al presidente Zapatero con las demandas
que se creen necesarias para
evitar los riesgos ambientales y en
la salud pública derivados de los
OMG. Para estas organizaciones,
“este escenario representa un riesgo
grave para que a medio y largo
plazo se produzcan procesos de
contaminación en toda la cadena de
producción de alimentos, desde las
semillas hasta el producto final que
ingerimos, con consecuencias para
la salud impredecibles”.

Una de las reclamaciones que con
más firmeza se le hace al Gobierno
socialista es sobre la legislación existente.
Según Liliana Spadeler, Coordinadora
del Área de Biotecnología
de Amigos de la Tierra, “el marco
normativo es insuficiente y no se
cumple, por ejemplo en los temas de
etiquetado (a partir del 0,09% el producto
final tiene que advertir que lleva
OMG mediante una etiqueta) o
en la trazabilidad, que permite detectar
en todo el proceso productivo
de dónde viene ese alimento. Esto se
produce por falta de medios y pasa
lo mismo con el maíz y la soja importados,
no se separan y se mezcla
lo transgénico con lo convencional y
ecológico, distribuyéndolo a la industria
alimentaria”.

Otra crítica planteada es la no
existencia de medidas para evitar la
contaminación de cultivos y productos
no transgénicos. “No hay un análisis
sistemático, no hay un plan de
control que vigile la contaminación
de los cultivos, se detectan por partes
interesadas, como asociaciones
ecologistas y de agricultores ecológicos”,
comenta Liliana Spadeler.

Contaminación genética

Para Liliana Spadeler, “si se tienen
dos campos de maíz, uno transgénico
y otro ecológico, el polen de una
variedad poliniza al campo ecológico,
con lo que una parte de la cosecha
estará contaminada. Esto es
más grave si la plantación es para
obtener semillas, ya que se irá acumulando
la contaminación en cultivos
sucesivos”. Aparte de este
mecanismo, llamado polinización
cruzada, Liliana apunta otros casos
de contaminación de los alimentos:
la recolecta de dos campos diferentes
con la misma máquina o la mezcla
de cosechas.

En este sentido, Greenpeace, el
Consejo Aragonés de Agricultura
Ecológica (CAAE) y la Unión de
Agricultores y Ganaderos de Aragón
(UAGA) presentaron el 20 de diciembre
en Zaragoza el resultado de
los análisis de transgénicos realizados
por CAAE sobre la cosecha de
maíz ecológico en esta región, con
unos resultados que muestran la
incompatibilidad de la coexistencia
de ambos tipos de agricultura. Un
40% de las muestras estaban contaminadas
entre un 0,23% y 1,9%, lo
que obliga a la CAAE a impedir la
venta de este maíz como ecológico,
con el consiguiente perjuicio a los
agricultores, que se ven indefensos,
al optar por un tipo de producción
que respeta el medio ambiente
y en un mercado más difícil,
frente a los transgenes de un grupo
de grandes empresas. Esto hace
preguntarse a los agricultores afectados
“a qué tipo de coexistencia
se refieren estas empresas de semillas
o la administración”.

El Gobierno ha presentado borradores
de Reales Decretos para
regular la “coexistencia”, pero
Juan Felipe Carrasco, responsable
de la campaña de transgénicos de
Greenpeace, advierte de que "los
cultivos transgénicos están contaminando
las cosechas de agricultores
vecinos desde hace cuatro
años”. Este escenario presenta el
agravante del maíz Bt176, que según
la legislación europea, debería
estar retirado desde el 31 de diciembre
de 2004.

Por último, en la carta se demanda
que Zapatero aplique la política
que sigue en las votaciones de la
UE, donde apoya a los países que
tienen la prohibición de plantar
OMG en su territorio (como hizo
en junio de 2005), adoptando el
principio de precaución y prohibiendo
cualquier OMG en los países
de la Unión Europea.

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