Bayer, Coca-Cola, Unilever, Cargill,
Nestlé, un mundo aparentemente
controlado por multinacionales que
campan a sus anchas. Uno de los casos
más emblemáticos es el de la
India: en los últimos diez años más
de 200.000 campesinos se han suicidado
por no poder pagar las deudas
contraídas con la multinacional de la
biotecnología Monsanto. Pese a que
los supuestos beneficios de los transgénicos
son refutados por multitud
de organizaciones y científicos, la
propaganda sobre sus múltiples beneficios
se multiplica alrededor del
mundo en lo que la ecofeminista india
Vandana Shiva denomina “monocultivo
de la mente”. El poder de
las multinacionales y los lobbies de
la industria biotecnológica en los Gobiernos
es un mal muy extendido y
el Estado español no se queda atrás
(ver DIAGONAL nº 101).
El pasado mes de abril el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino del Estado español
(MARM) firmó un acuerdo con el
Gobierno de la India para colaborar
en materia comercial, agrícola y económica.
Un acuerdo que abre literalmente
la puerta a los transgénicos al
identificar como áreas de cooperación
“la comercialización y consumo
de los productos agroalimentarios,
incluyendo los organismos genéticamente
modificados (OGM)”. Como
colofón el acuerdo también recoge el
“fomento de energías renovables para
el impulso en el sector agrario de
la biomasa y los biocarburantes”, sin
especificar qué tipos de cultivos se
van a destinar para la producción de
energía. Este acuerdo posiciona al
Estado español como catapulta de
los OGM en el continente europeo,
que cada vez se muestra más reacio
a este tipo de cultivos.
El pasado mes de marzo, más de
20 países votaban en contra la proposición
de la Comisión Europea de suprimir la moratoria sobre el cultivo
de transgénicos en la Unión. Un
mes después, en abril, Alemania se
subía al carro de países como Francia
o Grecia que prohíben el cultivo
de maíz BT invocando el recurso
preventivo de la moratoria europea.
En este panorama, el Estado español
se sitúa como el mayor productor
de transgénicos de Europa con
más de 80.000 hectáreas de maíz BT
cultivadas en 2008 y ocupa el puesto
14 del ránking mundial.

PRASHANT BHUSAN. Este abogado llevó a la justicia los conflictos de intereses en el Gobierno indio alrededor de los trasgénicos. Autor: Javier Díaz Villán

Grupos de presión

Según el abogado indio Prashant
Bhusan, en declaraciones a DIAGONAL,
“aunque el acuerdo indio-español
es bastante genérico, es sorprendente
cómo se refiere específicamente
al consumo de OGM como
un área de cooperación y promoción.
Demuestra una vez más la influencia
de las compañías de OGM
ya que, según un informe de la
IAASTD (Evaluación Internacional
del Papel del Conocimiento, la Ciencia
y la Tecnología en el Desarrollo
Agrícola), los transgénicos no son el
camino a seguir”.
Bhusan es abogado del Tribunal
Supremo de la India y lleva más de
25 años luchando por el medio ambiente,
los derechos humanos y la
responsabilidad social de la administración.
Ha participado en importantes
casos contra multinacionales
como Enron o Coca-Cola.
Ahora sus esfuerzos se centran en
combatir el lobby de las multinacionales
en el Gobierno indio. Bhusan
ha sabido encontrar un agujero en
el sistema para luchar contra este
conflicto de intereses, llegando hasta
la corte india y logrando una victoria
sin precedentes.

DIAGONAL: ¿Qué pasos has seguido
para llevar el caso a las cortes?

PRASHANT BHUSAN: En la India
existe un organismo, el Comité de
Evaluación de Ingeniería Genética
(GEAC, en sus siglas en inglés) que
supuestamente concede las autorizaciones
sobre transgénicos. Debe
asegurar que no existe ningún riesgo
para la salud ni para el medio ambiente.
Lo que ocurre es que las funciones
de este comité fueron suplantadas
por el Departamento de Biotecnología.
Además, casualmente,
su codirector es miembro del consejo
del ISAAA, una organización estadounidense,
fundada y financiada
por industrias de la biotecnología como
Monsanto y Syngenta. Su principal
objetivo es promover los OMG,
sobre todo los destinados a la alimentación,
y aumentar su presencia
en todo el mundo, especialmente en
los países más pobres. Llevamos este
caso a los juzgados alegando conflicto
de intereses.
Las cortes dictaminaron que el
GEAC debía incluir científicos independientes
en su plantilla, que
los laboratorios que analizasen los
OMG también deberían ser independientes.
Hasta la fecha se
aprobaba los OMG en función de
los informes de Monsanto, que los
mantenía en secreto alegando a la
propiedad intelectual. Tras un fallo
de la Corte suprema la multinacional
se vio obligada a hacer
públicos sus informes, pero lo
cierto es que no valen para nada
porque no miden en ningún momento
la toxicidad. Actualmente
en la India hay campos de ensayo
para diez tipos de verduras modificadas
genéticamente. Son cultivos
que no se han probado en ninguna
otra parte del mundo, como
el de la berenjena BT, que puede
ver la luz a final de año. De momento
el caso sigue abierto.

D.: ¿Qué posibilidades de lucha legal
observas en el caso del Estado español?

P. B.: La legislación española y la
directiva europea tratan el tema de
los peligros de los alimentos transgénicos
y mencionan el principio de
precaución. Esto quiere decir que el
Gobierno español y todos los gobiernos
deberían examinar si la
Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA en sus siglas en
inglés) realiza todas las pruebas necesarias
de bioseguridad. Ya que el
Gobierno español confía enteramente
en sus informes creo que podría
existir una posibilidad de demandar
al Gobierno por la vía administrativa
pidiéndole que realice
las pruebas indicadas por científicos
independientes, como las que
recomienda el doctor Bhargava en
la India, llevadas a cabo por laboratorios
públicos independientes con
completa transparencia.