INSEGURIDAD NUCLEAR. La central nuclear de Cofrentes (Valencia) sufrió nueve
incidentes entre el 24 de febrero y el 28 de marzo pasados / Tony García / flickr.com

El Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) fue creado en 1980 para “vigilar
y controlar las instalaciones
nucleares y radiactivas del país, al
margen de cualquier interés empresarial
o político”. Investigadores y
grupos ecologistas denuncian, sin
embargo, que el CSN se ha convertido
en el primer lobby a favor de
quien debería ser controlada: la industria
nuclear. Por esa razón, en
septiembre de 2005, el grupo parlamentario
de Izquierda Verde-Izquierda
Unida - Iniciativa per Catalunya
Verds (IV-IU-ICV) llevó al
Congreso una propuesta para reformar
la Ley de Creación del CSN de
1980. El PSOE se comprometió parlamentariamente
a apoyar esta reforma,
pero según el representante
de Greenpeace, Carlos Bravo, todo
ha sido “una pantomima” porque
“ha dejado que el PP y CiU tumbaran
en el Senado todas las enmiendas
que se habían pactado con los
propulsores de la reforma”.

La independencia del CSN se evidencia
en su benevolencia con las
fallas de las centrales nucleares. Los
autores del libro Conspiraciones tóxicas
hablan de nueve incidentes
graves seguidos acreditados y otros
tres, sin llegar a ser notificados oficialmente.
En el accidente más grave,
el de Vandellós II en 2004, la propia
ex presidenta del Consejo, María
Teresa Estevan Bolea reconoció
que se había permitido que la central
funcionara en condiciones de
inseguridad durante siete meses.

Persecución laboral

La persecución laboral a los trabajadores
que denuncian fallas es algo
que, según Carlos Bravo, ocurre en
mayor o menor medida en todas las
centrales. Un ejemplo: “En Cofrentes
(Valencia), en el año 2002, los
propios inspectores del CSN denunciaron
una serie de deficiencias y
sufrieron una represión tremenda
por parte de la compañía propietaria,
Iberdrola. Además, los directores
técnicos del Consejo presionaron
a inspectores del propio
Consejo para que no sancionaran a
la central. Los trabajadores de la
propia central, cuando han denunciado
ante la dirección de la empresa
problemas como, por ejemplo,
un vertido del agua de la piscina de
combustible nuclear, han sufrido
una presión interna”. “Así”, continúa
Bravo, “los trabajadores prefieren
mandarnos muchas veces información
de forma anónima o confidencial
para que sea Greenpeace
quien denuncie”. En esa línea, la reforma
propuesta por IU-IV-IPC contemplaba
que los trabajadores pudieran
denunciar de forma confidencial
y sin riesgo de sufrir represalias,
pero este aspecto no ha sido
garantizado por la reforma descafeinada
de junio. Ante este problema
laboral, el sindicato más beligerante
ha sido CGT, especialmente
en Cofrentes. CC OO y UGT llegaron
a pedir la dimisión de la ex presidenta
del CSN por la presión tan
enorme que había dentro del organismo.

“Era una caza de brujas, según
la información que recibíamos
de trabajadores del Consejo represaliados
por querer ser más transparentes”,
explica Carlos Bravo.
Otra de las claves para entender
el listado de fallas en las centrales
es el escuálido régimen sancionador.
A las centrales nucleares les resulta
más barato pagar una multa
que dejar de vender electricidad si
hay algún percance. La multa más
grande la tienen que pagar Endesa
e Iberdrola, propietarias de Vandellós
II: 1,6 millones de euros por
estar funcionando cerca de siete
meses violando las normas de seguridad.

Escasa cantidad si se tiene en
cuenta que el beneficio que obtuvieron
durante ese tiempo se estima en
750 millones de euros. El grupo parlamentario
IU-IV-IPC, en respuesta
a una enmienda de su proposición
de reforma, exigía sancionar a las
instalaciones nucleares con el doble
de su beneficio, pero esto tampoco
se ha incorporado.
Finalmente, tras esta reforma, el
CSN puede seguir contratando ciertos
trabajos, como los análisis de
riesgo de las centrales, a empresas
de ingeniería nuclear que dependen
de las compañías eléctricas que son
las propietarias de las centrales (es
el caso de Soluziona, la empresa de
ingeniería de UF). “Estas empresas
estaban contratadas por el Consejo,
incluso ocupando despachos dentro
del Consejo, sin que mucha gente
del Consejo estuviese enterada”,
concluye Bravo .