Medidas a favor del automóvil
ERE encubierto en la supresión de líneas de media distancia impulsada por el Ministerio de Fomento

El Ministerio de Fomento anuncia la eliminación del 32% de las líneas ferroviarias de media distancia.

06/06/13 · 7:56
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MADRID-IRÚN. Esta vía permanece cerrada desde 2011. / David Fernández

El Gobierno de Mariano Rajoy ha iniciado ya la definición de los Servicios Ferroviarios de Media Distancia que se regirán por Obligaciones de Servicio Público (OSP) y que conllevará la reducción del 32% de líneas ferroviarias de media distancia a partir de julio de este año. Bajo el pretexto de la baja ocupación de los ferrocarriles y con el objetivo de ahorrarse entre 50-85 millones de euros hasta 2015, el informe INECO, que elabora la propia consultora del Ministerio de Fomento, resuelve eliminar aquellas líneas de trenes de media distancia –unas 48 líneas “consideradas ineficientes” y aproximadamente 800 trenes, según fuentes sindicales–, que cuentan con una aprovechamiento de pasajeros por debajo del 10-15%.

Según Renfe, el 51,7% de los trenes de media distancia cubren servicios que sólo usa un 16% de los viajeros. La medida del ministerio que preside Ana Pastor permitirá suprimir aquellos trayectos que afectan principalmente a las localidades más pequeñas, “sin importar el malestar social que ello conlleve”, explica una fuente consultada por Diagonal, que añadía que el coste ahorrado es comparable al presupuesto destinado en 2013 para la financiación de los partidos políticos.

El ahorro no es tan relevante si se tiene en cuenta que sólo la construcción de la línea del AVE Madrid-Galicia supondrá un coste para las arcas públicas superior a los 5.500 millones de euros Varios expertos recelan de la excusa esgrimida por Fomento para ahorrar costes. Estiman que este ahorro no es tan relevante si se tiene en cuenta que sólo la construcción de la línea del AVE Madrid-Galicia supondrá un coste para las arcas públicas superior a los 5.500 millones de euros, con sólo tres trenes por dirección al día. Fuentes sindicales calculan el déficit anual de Renfe en unos 36 millones de euros, de los que gran parte de culpa la tiene el excedente de trenes AVE, muchos actualmente inoperativos. El coste del AVE Madrid-Valencia superó los 5.000 millones y el de Madrid-Barcelona, unos 8.900 millones, un 31,4% más del precio de adjudicación (6.822,83 millones) y un 18,8% por encima del precio fijado en los concursos (7.550,42 millones de euros).

Las consecuencias son vastas y variadas, ya que muchas de las líneas de media distancia afectadas conectan pequeñas y medianas ciudades, con un tránsito anual de 1,6 millones de pasajeros, muchos de los cuales necesitan este transporte para llegar a su trabajo. En la medida flota también la sombra de una privatización por parte de operadores nacionales y extranjeros de las empresas públicas que gestionan el servicio ferroviario español.

A esta coyuntura se añade la propia situación de Renfe Operadora y de Adif –Administrador de Infraes­tructuras Ferroviarias–, donde desde hace un tiempo temen una estrategia del Gobierno para reducir su plantilla. “Con la excusa del cierre de líneas van a echar a muchos”, lamentaba un afiliado de CC OO la semana pasada. La medida no se ha hecho esperar. El viernes 24 de mayo, el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá, planteaba a Renfe y Adif la necesidad de realizar sendos expedientes de regulación de empleo (ERE) que, en un principio, serán “voluntarios y universales”, sin especificar el número. Las dos empresas públicas cuentan actualmente con unos 13.600 empleados, en el caso de Adif, y unos 13.400 trabajadores, en el de Renfe.

El secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá, planteaba a Renfe y Adif la necesidad de realizar sendos expedientes de regulación de empleoRafael Castañeda, asesor del sector ferroviario de CGT Renfe, desconfía de la palabra de la ministra. “Ya habíamos sido avisados de que nuestro convenio contemplaba la movilización forzosa y avisaba del excedente de personal”, alertaba el portavoz a Diagonal hace sólo unas semanas. Otras fuentes consultadas aseguraron que el ERE se realizará seguro y adelantaban que unas 4.000 personas podrían salir de Renfe en un plazo de cinco años. A esta tesitura se añade la reciente integración en Renfe de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), sumando 1.800 empleados a la plantilla total, “que se reducirá con total seguridad”, desvelaba una fuente.

Desde CGT Renfe se resumen los recortes en dos principales amenazas: la liberalización del sector en manos privadas y la segregación de la propia Renfe en cuatro sociedades anónimas (viajeros, mercancías, mantenimiento y alquiler de excedente), con la consiguiente consecuencia de “ir al mejor postor”. En 2012, Julio Gómez-Pomar, presidente de Renfe Operadora, desvelaba que, de cara a la liberalización, pondría en alquiler 26 trenes de alta velocidad excedentes, apenas utilizados, a través de la nueva filial Rosco (por su denominación inglesa Rolling Stock Operating Company).

Alternativas

El Gobierno seleccionará las líneas afectadas este verano y definirá los trayectos “indispensables y dispensables”, revisable cada dos años, e insta a los afectados a utilizar transportes alternativos, como autobuses, trenes de alta velocidad o vehículo propio, con el consiguiente incremento de precios. Si bien Fomento ha echado el guante para que aquellas comunidades autónomas que lo deseen, gestionen los trayectos suprimidos, asumiendo ellas mismas los costes.

Para Ecologistas, las consecuencias son claras, los pasajeros españoles se verán obligados a tomar la carretera (con el consiguiente aumento de accidentes) e incrementarán sus gastos (carburante, autopistas de pea­je, etc.) Pero ¿el recorte de líneas es sólo una medida temporal? Fuentes de Renfe consultadas lo tienen claro: “Los trayectos que se eliminen, serán para siempre”. Este julio podría iniciarse la liberalización del servicio ferroviario a manos privadas. Si bien la fecha de liberalización total (entrada de empresas foráneas) se retrasó hasta 2017 o 2019, sí se ha comenzado a liberar un primer paquete de trenes turísticos y viajes chárter, según fuentes sindicales. Por su parte, Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, no duda en definir el recorte de líneas como “un auténtico despropósito”. Segura estima que se están gestando las bases para crear un servicio ferroviario sólo para pasajeros con alto nivel adquisitivo. “Se debería apostar por su mantenimiento, no por recortarlo o gastar en servicios costosos”, añade. Para Ecologistas, las consecuencias son claras, los pasajeros españoles se verán obligados a tomar la carretera (con el consiguiente aumento de accidentes) e incrementarán sus gastos (carburante, autopistas de pea­je, etc.) Segura recuerda que la mitad de la población carece de carné de conducir y añade que el Gobierno ha aprovechado que la gente utiliza ahora menos el servicio para tener el pretexto del cierre de líneas.

Castilla y León, una de las áreas más afectadas

Castilla y León será una de las comunidades que más estaciones perderá por los recortes, según INECO. El comité de empresa de Adif en Ávila ha recogido firmas contra la supresión de servicios, que estiman afecte a 64 trenes con destino a Madrid, 67 a Valladolid y 14 a Salamanca. En León se podrían eliminar 38 trenes semanales, según CC OO, y unos 90 entre Segovia y Madrid. Respecto al recorte de trenes Murcia-Cartagena (10 semanales), los comités provinciales de Renfe y Adif dirigieron un escrito de rechazo al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel. Desde los comités entienden que asumir los trenes de larga distancia la supresión de líneas conllevará encarecer el coste de los billetes.
 

 

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