LA IDEA SE PRESENTÓ EN EL DEBATE DEL SENADO SOBRE LA REFORMA LABORAL
ERC quiere subir a 4 años el contrato de formación

La propuesta, que al final será discutida en los próximos nueve meses con los
agentes sociales, ya ha sido rechazada por los sindicatos, quienes recuerdan que
en 1988 una medida similar desembocó en huelga general.

18/01/07 · 0:00
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CONTRA LA REFORMA LABORAL. Manifestación del 1º de mayo en la Plaza Sant
Jaume de Barcelona./Guillermo Valle

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera,
aprovechó la rueda de prensa
convocada para explicar las cifras
del paro correspondientes al último
mes de 2005 para hacer balance de
los resultados “extraordinariamente
buenos” de la última reforma laboral
aprobada por el Ejecutivo socialista,
una medida que todavía tiene algunos
flecos por definir. Uno de ellos
es la propuesta que ERC puso sobre
la mesa en forma de enmienda el pasado
3 de octubre y que plantea una
reformulación del actual contrato de
formación para “facilitar” el acceso
de los jóvenes al mercado laboral, según
sostienen los republicanos.

La enmienda, en concreto, plantea
la ampliación del contrato de formación
de dos a cuatro años (ampliable
a cinco si así lo establece el
convenio colectivo) y reclama que
sus titulares coticen y tengan acceso
a la prestación por desempleo, algo
que no existe en la actual figura.

En palabras del responsable de
movimiento sindical de las juventudes
de ERC, Daniel Mallén, la filosofía
de la propuesta es “dignificar y
dotar de utilidad una figura contractual
que no es nueva y que ha caído
en desuso, como es el contrato de formación,
y que entendemos puede ser
una puerta de entrada válida para los
jóvenes al mercado de trabajo”. Se
trata, prosigue, de “introducir mecanismos
que garanticen que durante
el contrato de formación se ofrezca
auténtica formación, o bien que sirvan
para luchar contra la acumulación
de este tipo de contratos”.

Actualmente, alrededor de 100.000
jóvenes han firmado este contrato, y
casi el 90% se hacen mediante su duración
mínima de seis meses. Además,
los sindicatos también denuncian
la realidad de que muchos de
estos contratos se realizan para cubrir
puestos de trabajo no cualificados
que no precisan formación.

CC OO, uno de los sindicatos que
negoció la reforma, se ha declarado
enseguida totalmente contraria a un
nuevo contrato de inserción para los
jóvenes, además de criticar el hecho
de que no se les consultara antes la
propuesta. Según Daniel Mesa, de la
Secretaría Confederal de Juventud
de CC OO, “precisamente lo que hay
que hacer es simplificar la forma de
contratación de jóvenes e igualarla a
la del resto de trabajadores, en lugar
de diversificarla”.

En la misma línea, Andrés Querol,
secretario general de Acció Jove (la
juventud de CC OO en Cataluña),
asegura que la propuesta “no sirve
para crear empleo, choca con el
acuerdo laboral firmado y representa
una vía ‘precarizante’ de contratación”,
muy lejos de la contratación
indefinida. Querol sostiene que la
propuesta de ERC responde a la misma
“lógica neoliberal” de las ETT,
contratos basura o incluso el Contrato
de Primer Empleo (CPE) que
tanto rechazo desató en Francia.

Precisamente, su sindicato recuerda
que ya se hizo una huelga
general en 1988 ante la intención del
Gobierno de entonces (del PSOE)
de establecer un contrato de inserción
para jóvenes, medida que finalmente
se materializó en 1994 en
la reforma laboral de aquel año, que
también fue contestada con otra
huelga general.

Los republicanos han logrado el
compromiso del Gobierno para impulsar
un paquete de medidas antes
del fin de la legislatura que mejoren
los mecanismos de inserción laboral
para los jóvenes. Las políticas concretas
se discutirán en una comisión
donde también tendrán voz los agentes
sociales y que se reunirá durante
los próximos nueve meses.

A pesar de esta polémica de última
hora, CC OO se ha mostrado satisfecha
porque “el Parlamento ha
preservado los elementos básicos de
la reforma laboral”. Sin embargo, algunas
centrales sindicales como
CGT, CNT o el recientemente creado
CO.BAS no comparten la misma opinión.
Así lo defiende Josep Bel, presidente
del comité de empresa de
Telefónica en Barcelona y dirigente
de CO.BAS, para quien “ni los convenios
ni las leyes se cumplen en la
mayoría de empresas”, como han demostrado
recientemente los casos de
La Vanguardia y Mercadona en Cataluña.
“Lo que faltan son modificaciones
legales, contundencia en las
sanciones por vulnerar los derechos
de los trabajadores y, sobre todo, dar
más poder a los trabajadores para
que se defiendan”, asegura.

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