Los Acuerdos de Asociación Económica (EPA), que la UE pretende firmar con 77 antiguas colonias de África, Caribe y Pacífico (ACP) antes del 1 de enero, buscan la liberalización de más del 90% de los intercambios.
- NAIROBI. Marcha contra la privatización del agua, un proceso incentivado por los acuerdos de asociación económica.
“Nuevos acuerdos comerciales compatibles
con las reglas de la OMC,
que supriman progresivamente los
obstáculos a los intercambios [comerciales]”.
Ésta es la esencia de los
Acuerdos de Asociación Económica
(EPA, por sus siglas en inglés) que la
Unión Europea pretende firmar con
las antiguas colonias europeas de la
ACP (organización de 77 Estados de
África, Caribe y Pacífico) antes del
próximo 1 de enero, y cuyo objetivo
es la liberalización de más del 90%
de los intercambios comerciales.
“La Comisión [Europea] ha puesto
sobre la mesa una oferta sin precedentes
(...) Ningún otro país o región
del mundo ha ofrecido nada remotamente
comparable para poner
el comercio al servicio del desarrollo”,
dijo en septiembre Peter Mandelson,
comisario de Comercio de la
UE. Desde la ACP, numerosas voces
denuncian que la intención de la UE
con los EPA no es precisamente la
ayuda al desarrollo, y muestran el
peligro de unos acuerdos de reciprocidad
entre la UE, el mayor exportador
mundial, con un PIB de más de
12 billones de euros, y los países ACP -39 de los cuales están entre los 50
más pobres del mundo- divididos en
seis grupos de negociación. “¿Por
qué la Dirección General de Desarrollo
no está envuelta en las negociaciones?
La Dirección General de
Comercio lidera las negociaciones;
se interesa en los mercados y su lenguaje
son las tarifas. La UE tiene ventaja
sobre los débiles, vulnerables y
divididos grupos de la ACP”, explica
a DIAGONAL Richard Kamidza,
analista de Zimbawe miembro de la
organización Accord.
Según el Simposio Africano de
Comercio Justo, “el establecimiento
de zonas de libre-cambio expondrá a
los Estados ACP a una competencia
devastadora de la UE”. El sudafricano
Alternative Information and Development
Centre explica que “la eliminación
de las tarifas significa que
las compañías de la región estarán
expuestas a la competencia de los
productos de la UE que inundarán el
mercado, y la competencia llevará a
la quiebra a la agricultura y compañías
locales. Las industrias nacientes
perderán la protección tarifaria que
necesitan para crecer y colapsarán.
Los agricultores, productores y artesanos
se verán sometidos a la competencia
desleal” de los productos
agrícolas europeos subvencionados
y de las potentes empresas multinacionales.
Según un estudio, los ‘costes
de ajuste’ (ajustes fiscales, ayuda
a los costes de producción y a la exportación...),
alcanzarán los 9.200
millones de euros. Todo esto sin contar
los ‘costes’ humanos: desempleo
masivo por la desindustrialización y
quiebra de unidades agrícolas, aumento
de la pobreza y las desigualdades...
Y la eliminación de las tarifas
arancelarias, que según el propio
FMI representan el 15% de los ingresos
fiscales de los países en desarrollo
y el 34% para los países africanos
menos desarrollados de África, se
traducirá “en la imposibilidad de financiar
el desarrollo social, especialmente
la sanidad, la educación, la
agricultura, el agua, las infraestructuras,
etc.”, según Kamidza. Más
aún, los acuerdos obligarán al ‘respeto’
de los “derechos de propiedad
intelectual”, lo que impedirá a estos
países la importación de medicamentos
genéricos baratos para tratar
enfermedades como el sida, que
afecta a 30 millones de africanos.
Ajuste estructural
Los detractores de los EPA afirman
que los efectos de la liberalización
del comercio ya han sido demostrados
por los programas de ajuste
estructural impuestos por el FMI y
el BM a los países en desarrollo en
las últimas décadas, que le han
costado a África 272.000 millones
de dólares, y denuncian que la UE
pretende, a través de los EPA, imponer
a los países ACP políticas
que ya rechazaron en las negociaciones
de la OMC. Según Kamidza,
además, “la integración regional,
empuje del desarrollo económico,
se verá muy afectada” por los EPA.
Mientras cientos de organizaciones
denuncian los efectos devastadores
de los EPA, la UE presiona y
amenaza con una fuerte subida de
tarifas y con un descenso de las ayudas
al desarrollo a aquellos que se
nieguen a firmar el 31 de diciembre.
Extorsión a la europea
_ En Agosto, Oxfam denunció el
chantaje al que los países
ACP, en concreto el grupo del
Pacífico Sur, son sometidos
por parte de la UE para que
firmen los EPA. La prueba: un
documento interno de la
Comisión Europea, filtrado a
Oxfam, en el que se advertía
de que «Un 'no' al EPA significaría
una reducción de aproximadamente
el 48%» de los
fondos de ayuda presupuestados,
que ascienden a 95
millones. Otra cláusula aclara
que si el Pacífico sólo firma
los EPA sobre comercio de
bienes, «perderá el 26%» de
los fondos. Una tercera cláusula
insta a los países a firmar
el EPA «antes del 1 de diciembre
de 2007», como condición
para las ayudas.
A poco más de dos meses de
la fecha límite del 1 de enero,
la UE multiplica sus políticas
de presión para lograr la firma,
y deja claro que subirá las tarifas
a quien no acepte los EPA.
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Agricultura
_ En los países ACP, entre un
30% y un 75% de la población
activa, dependiendo de
la región, se dedica a la agricultura.
Sólo en África, 73%
de la población rural son agricultores
con pequeños cultivos
de subsistencia. Desde los
'80, los programas de ajuste
estructural han llevado «a la
reducción del apoyo gubernamental
a los pequeños agricultores
y a la producción alimentaria
y han contribuido al
debilitamiento de la agricultura
local», según un informe de
los ACP. La bajada de las tarifas
a la importación han provocado
casos como el de
Camerún, donde el arroz
importado cubre el 87% de
las necesidades de la población,
en perjuicio de los productores
locales. Con las EPA,
el mercado de los ACP se abrirá
a unos productos agrícolas
europeos respaldados por
130.000 millones de euros
anuales en subvenciones.
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Movilizaciones mundiales
_ El pasado 27 de septiembre,
quinto aniversario de la iniciación
de las negociaciones
para la aprobación de los
EPA, miles de activistas,
movimientos sociales, organizaciones
campesinas, sindicatos
y ONG se manifestaron
en 36 países de Europa, África,
América y Asia en contra
de estos tratados de libre
comercio. Según la Campaña
¿Quién debe a Quién?, más
de 200 organizaciones de 42
países firmaron el llamamiento
del «Día Internacional para
detener los Acuerdos de Asociación
Económica entre la
Unión Europea y los países
de África, Pacífico y Caribe»,
entre ellas 13 organizaciones
internacionales como
ACCORD, ISP, Vía Campesina
y la Red de Agricultores y
Productores agropecuarios
de África Occidental.
En Madrid, una veintena de
organizaciones convocaron a
la protesta.
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