VÍCTOR ANCALAF. El activista mapuche visitó Madrid a finales del mayo pasado / Fernando Molina

“Quiero que mis hijos vivan con la
naturaleza como compañera de piso”.
Ése es el último mensaje publicitario
de la multinacional energética
española Endesa. Un mensaje que
indigna a Víctor Ancalaf, representante
del Movimiento Mapuche chileno.
Víctor ha participado desde finales
de los ‘90 en la defensa de las
tierras de este pueblo nativo suramericano
(10% de la población chilena)
y en las movilizaciones contra las
empresas forestales y la multinacional
eléctrica española Endesa. Por
ello, y tras un juicio en el que no
quedó demostrada su participación
en unos sabotajes, fue condenado a
cinco años de prisión. En 2007 recuperó
su libertad y en estos días se
encuentra en Madrid para denunciar
la situación de opresión a la que
se ve sometido el pueblo mapuche.
“Es un mensaje irónico”, dice Ancalaf
en referencia al anuncio de la
eléctrica, “habría que recordar a Endesa
que mis hijos no van a poder vivir
con la naturaleza como compañera
de piso porque nuestras comunidades
están bajo 180 m de agua”.

Víctor se refiere al agua de la presa
hidroeléctrica Ralco, que Endesa
inauguró hace dos años en el río Bío
Bío, uno de los más importantes
ecosistemas del país y que supuso
la expulsión de sus tierras para varias
comunidades con siglos de existencia
en la zona. La resistencia de
Víctor y de su pueblo sigue hoy día,
pues Endesa, junto con otras multinacionales
como la noruega NS
Power y la italiana Benetton, siguen
planeando nuevas centrales y nuevas
formas de extraer los recursos
naturales que dejarán nuevamente
mermados a los mapuches.

D.: ¿Qué repercusiones ha tenido la
construcción de esta presa?

V.A.: Ha dejado 15.000 ha inundadas.
Se destruyó todo el bosque nativo
que existía e interrumpieron el ciclo
natural de vida de la flora y la fauna
del río Bío Bío. Además, Endesa
dijo que se iba a ocupar de nuestras
familias, que esta presa iba a contribuir
al progreso y desarrollo del país
y de nuestro territorio. Pero en la
práctica no ha sido así. Nos han engañado
como a niños. La población
fue realojada en terrenos desérticos,
en lugares aislados con 2 metros de
nieve en invierno y con ausencia de
pastos en verano. Prometieron regalarnos
el flujo eléctrico, pero no han
cumplido. Y además, lo que dicen
no es cierto. No es cierto que esta
central eléctrica beneficie a nuestra
comunidad o a la población chilena
en general. Se comercia con esa
energía. Gran parte de la energía obtenida
en nuestro territorio es vendida
a Bolivia y a Perú.

D.: A pesar de las movilizaciones, la
construcción de la central se produjo
finalmente.

V.A.: Creo que también los hermanos
del Alto Bío Bío tuvieron gran
parte de responsabilidad por no tener
políticamente claro qué es lo que
querían y por no saber reclamar sus
derechos. Por eso Endesa lo tuvo fácil,
compró a todas las familias implicadas.
Invirtieron para comprar las
tierras a los dueños. Los asistentes
sociales iban casa por casa para convencerlos
de que vendieran. Era de
esperar, pues las obras estaban muy
avanzadas y la gente temió que se
quedaran con sus tierras a cambio
de nada. Por eso decidieron vender y
al menos quedar con algo.

D.: ¿Qué métodos habéis utilizado
para resistir?

V.A.: La dignidad de nuestro pueblo
se sitúa al calor de la lucha. Nosotros
estamos luchando más allá de la defensa
de nuestra tierra. Estamos luchando
contra un sistema económico
injusto. Y por eso hemos tenido
cuatro muertos y numerosos heridos,
y continúan muchos compañeros
presos. Además, nos aplican la
ley más dura, la ley antiterrorista. Yo
he sido condenado a cinco años de
cárcel por la presunta participación
en unos sabotajes a una maquinaria
durante la construcción de la presa.
Pero no se llegó a demostrar. Se me
encarceló por ser presunto. Hasta el
día de hoy no se ha demostrado que
yo estuviera implicado.

D.: ¿Se ha producido algún cambio
desde la llegada de Michelle Bachelet?

V.A.: No. Ninguno. Durante los cuatro
gobiernos de la concertación en
Chile hemos continuado con la misma
política y la misma Constitución
que dejó Pinochet en los años ‘80.
Así que la represión no se ejerce sólo
contra los mapuches. La privatización
de la educación, de la salud y
de los recursos naturales crea una
fosa social cada vez más importante.
Ni siquiera es por causa de la propia
Bachelet. Ella es prisionera del
sistema. Seguimos viviendo en un
sistema impuesto que los pueblos
originarios no hemos podido ni elegir
ni desarrollar.

D.: Todo esto a pesar de que existen
en Chile leyes de protección de los
pueblos indígenas. ¿En qué medida
se cumplen éstas?

V.A.: Existe la Conadi (Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena),
pero es estatal. A nosotros no nos
protege el Estado, nos protege nuestra
gente, nuestro movimiento. El
Estado se preocupa de proteger a las
trasnacionales, desde un punto de
vista policial y jurídico. En realidad,
la Ley Eléctrica sobrepasó a las leyes
indígenas. No sirve de mucho que
haya una ley de protección de los mapuche
si luego no hay leyes que protejan
las tierras o los recursos hídricos.
Los intereses financieros se encuentran
por delante. En 20 años,
nuestros territorios fueron invadidos
por multinacionales forestales, centrales
hidráulicas y empresas pesqueras.
Todas esas actividades son
apoyadas por las autoridades chilenas
que financian más de la mitad de
los gastos para la instauración de
esas multinacionales.

D.: También demandáis que se reconozcan
vuestros derechos políticos
como pueblo, vuestra autonomía...

V.A.: En realidad nosotros siempre
fuimos un pueblo indígena autónomo,
o al menos así nos hemos considerado.
Lo que sucede es que hay
una ley indígena que no se cumple.
Tampoco se respetan los derechos
de los pueblos originarios ni las leyes
medioambientales. Pero además,
como decía, nuestra lucha es
contra este sistema político globalizado
neoliberal y mercantilista que
es perjudicial. Luchamos contra las
empresas forestales, mineras, pesqueras
y energéticas que han hecho
bastante daño desde el punto
de vista ambiental, social, económico
y político. Pero también luchamos
contra los grandes fundios, para que
haya una distribución justa de la tierra.
Porque hoy día el pueblo mapuche
tiene casi 3,5 hectáreas por familia.
Una cantidad muy pequeña
para que una familia común y corriente
pueda vivir holgadamente.