LA MULTINACIONAL RASFER S.A. SUMINISTRÓ POR ERROR A LA SEGURIDAD SOCIAL PANAMEÑA UN CARGAMENTO DE UN PELIGROSO
Una empresa española vendió una sustancia que ha causado más de 50 muertos en Panamá

Graves irregularidades en la gestión de un cargamento de productos farmacéuticos generan medio millar de afectados en el país centroamericano. La justicia busca depurar responsabilidades entre los actores implicados.

18/01/07 · 0:00
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ALERTA SANITARIA. Alrededor de 500 personas resultaron afectadas por el medicamento, de las que más de 50 murieron.

Al comienzo del último otoño se declaró
en Panamá una alerta epidemiológica
por un aumento inusual
de las muertes entre pacientes aquejados
de Síndrome Parálisis e Insuficiencia
Renal Aguda (SIPRA). En
poco tiempo los decesos crecieron
hasta la veintena, lo que forzó al
Gobierno del presidente Martín
Torrijos a actuar. En el proceso de
investigación subsiguiente fueron
identificados cuatro medicamentos
fabricados y distribuidos por la Caja
del Seguro Social (CSS) panameña,
substancias que resultaron estar basadas
en dietilenglicol (abreviado
DEG, un compuesto orgánico de
gran toxicidad) en lugar de en glicerina,
como debiera haber sido.

Agentes sociales implicados denunciaron
que la pretensión de obtener
el máximo beneficio de una
transacción sanitaria que debía haber
estado protegida y supervisada
de cerca motivó un método de aprovisionamiento
plagado de intermediarios
con responsabilidades mínimas
ante una crisis sanitaria de
estas dimensiones.

Los destinatarios de estos compuestos
eran por lo general enfermos
aquejados de problemas de hipertensión,
diabetes e insuficiencia renal,
con edades comprendidas entre los
40 y 80 años. Es decir, consumidores
habituales de grandes cantidades de
medicamentos diferentes con organismos
debilitados por la enfermedad
y su terapia, que vieron cómo se
agravaban sus cuadros con fiebre,
diarrea y parálisis durante su estancia
en la clínica.

Secuencia de los hechos

En 2003 la CSS, una institución
pública panameña de carácter sanitario,
encargó a uno de sus contratistas
habituales, Medicom S.A.,
la importación de una partida de
glicerina para fabricar en sus laboratorios
una serie de medicamentos
genéricos de uso común.
Medicom encargó el producto a
Rasfer S.A., una empresa del sector
químico-farmacéutico basada
en Barcelona desde 1973, que a su
vez se dirigió a la corporación china
CNSC para conseguir un lote
que resultó ser DEG puro.

Todo ello pasó desapercibido hasta
que un número anormal de pacientes
de la CSS comenzara a fallecer
en otoño de 2006 víctimas de un
SIPRA con complicaciones toxicológicas
sospechosas. Una investigación
oficial llevada a cabo para justificar
la presencia de una sintomatología
tan atípica como la descrita llevó
a las autoridades hasta los propios
laboratorios de la CSS. Ésta se apresuró
a denunciar a su proveedora
Medicom, cuyo presidente fue acusado
de manipular las fechas de caducidad
de la partida, así como a varios
funcionarios de la CSS, acusados
de “irregularidades, negligencia
y corrupción”.

La pelota judicial acabó en el tejado
de Rasfer S.A. por haber suministrado
una sustancia tóxica fuera de
cualquier control, aunque la denuncia
fue cursada por Medicom y no
por la CSS, que centró sus esfuerzos
en obtener un castigo ejemplar de
cara a su población, antes de exigir
responsabilidades en profundidad.
Rasfer mantiene que su partida de
glicerina zarpó en buen estado, lo
cual resulta difícil de probar o desmentir
ya que no se realizó control
alguno sobre la mercancía.

Problemas derivados

El DEG es un derivado incoloro e inodoro
del alcohol, de difícil detección
salvo utilizando una cromatografía
de gases, procedimiento caro y de raro
acceso en países en desarrollo.
Estas características lo identifican como
una sustancia protagonista en sucesos
de este tipo a lo largo de la historia.
Sin embargo, su uso legítimo
está limitado al ámbito industrial, generalmente
como anticongelante, líquido
de frenos, disolvente o humidificador
de cigarrillos.

De los hechos acaecidos en Panamá
se desprenden dos problemas
que afectan a los sistemas sanitarios
de países económicamente similares
y, en última instancia y definitivamente,
a su población. En primer lugar,
el actual sistema mercantil fomenta
el uso de infinidad de intermediarios
cuando se trata de exportar
materias primas de ultramar a un
coste razonable. En este contexto,
cuanto mayor es el número de agentes
implicados en una transacción,
más difícil resulta rastrear el protagonismo
de cada uno a la hora de determinar
responsabilidades.

El otro problema que emerge
apunta también a la pretensión de
ahorrar costes en asuntos de salud
pública; ya un gran número de proveedores
de sustancias farmacéuticas
(normalmente los más económicos)
han sido señalados por la
OMS por introducir grandes partidas
de productos falsos o dañinos
en el mercado internacional. Los
países en vías de desarrollo suelen
ser los más perjudicados por estas
prácticas, con un 25% de falsificaciones
farmacéuticas estimadas
por esta institución, llegando hasta
un 50% en ocasiones.

Esta circunstancia, añadida a la
falta de medios técnicos de diversos
países o su falta de voluntad de
realizar los costosos controles de
calidad, pone en una situación de
desprotección permanente a los
usuarios de los sistemas clínicos de
países empobrecidos. Este último
punto cobra gran importancia en el
memorando girado a todas las autoridades
implicadas por Pablo
Solís, director nacional de Farmacia
y Drogas del Ministerio de
Salud panameño.

Al cierre de esta edición el Gobierno
panameño reconoce 50
muertos por intoxicación con DEG
y los familiares de los afectados reclaman
30 más; el fiscal del caso investiga
250 casos con una relación
probable con el suceso y el número
de afectados alcanza ya el medio
millar. Asimismo, Rasfer S.A. y
Medicom S.A. se enfrentan a sendos
procesos civiles para depurar
sus responsabilidades. La CSS y el
Gobierno de Torrijos también se
han visto afectados por la ola de
desconfianza e indignación provocada,
aunque no se han emprendido
acciones legales o ciudadanas
contra ellos.

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