El 25 de agosto empezó oficialmente
la campaña electoral para las legislativas
del 26 de septiembre en
Venezuela. En ellas, 17 millones de
votantes han de elegir a 165 diputados
–tres de ellos indígenas– para
la Asamblea Nacional, y 12 diputados
al parlamento latinoamericano,
el Parlatino.

El Gobierno chavista tiene como
objetivo repetir su mayoría absoluta
en la Asamblea, revalidando así
la indiscutible hegemonía social y
política de la que ha hecho gala en
14 de las 15 elecciones celebradas
desde que Chávez ganó las presidenciales
de 1998. Pero indicadores
sociales y encuestas señalan síntomas
de fatiga: tras el desgaste de 11
años de Gobierno, parece asentarse
la sensación general de que el proceso
bolivariano ha entrado en una
fase de estancamiento.

Esta tendencia
se incrementó entre enero y mayo,
cuando el Gobierno aprobó una
batería de medidas muy impopulares:
una devaluación del 100%, cortes
de agua y de luz para afrontar la
crisis eléctrica, congelación del gasto
público, incremento de los salarios
por debajo de la inflación, reducción
de las importaciones de
bienes de consumo, etc.

Crisis económica

Todo ello, en una coyuntura de fuerte
crisis, con una caída del PIB del
5,8% en el último trimestre de 2009,
con una inflación interanual del
30,5% –el precio de los alimentos se
incrementó en 25,2% entre enero y
julio–, con una reducción del ingreso
petrolero del 42%, y con una crisis
comercial con la vecina Colombia.
De guinda, las políticas sociales dirigidas
a la alimentación se han visto
manchadas por uno de los más sonados
escándalos de corrupción: el descubrimiento
de cientos de contenedores
con comida importada en
descomposición. Así las cosas, es
comprensible que, según las encuestas,
el 70% de la población considere
que los diputados y diputadas han
ayudado poco o nada a resolver los
problemas del país. Con independencia
de que se sigan valorando muy
positivamente los logros del proceso
bolivariano, amplios sectores de la
población están desencantados o escépticos.

Esta situación podría trasladarse
al voto, sobretodo en unas
elecciones de segundo orden como
las legislativas, en la que no se elige
directamente la figura presidencial,
cuya valoración sigue altísima.
Por lo pronto, entre 2006 y 2009, el
proceso bolivariano sufrió una pérdida
bruta de un millón de electores, y
la oposición tuvo un incremento bruto
de 900.000 votos. Ésta última plantea
las legislativas como el principio
del fin del proceso. Pese a que sólo
tenga en común su rechazo a Chávez,
pese a seguir lastrada por los viejos
aparatos partidistas y las prácticas
semimafiosas del anterior régimen,
y pese a carecer de proyecto
alternativo al chavista, la Mesa Unitaria
Democrática (plataforma que
aglutina a la mayor parte de las organizaciones
opositoras) aspira a llegar
a un empate en la Asamblea.

Según algunos analistas, no sacarían
mucho más de los 50 diputados
que lograron en las legislativas del
año 2000 –se negaron a participar en
las legislativas de 2005, entregando
al chavismo el 98% de la Asamblea–.
Su programa es sencillo: más allá de
promesas de leyes genéricas, no han
presentado propuestas concretas salvo
las de controlar al presidente y revocar
las medidas gubernamentales.
Desde el altavoz parlamentario, su
objetivo será erosionar la figura de
Chávez. Y es que, para todos los actores
políticos, el trasfondo de los comicios
del 26 de septiembre es la
campaña para las presidenciales de
2012. De esta forma se abriría un escenario
de cierta fragilidad: hasta
ahora –a excepción de 2003 y un breve
periodo en 2007–, no existía el espacio
político que pudiera amenazar
al proceso. Hoy sí existiría.

EL TIRÓN DE CHÁVEZ. Mitin celebrado en la ciudad de Barinas el 21 de agosto, bajo el lema de la campaña: ‘El Pueblo pa’ la Asamblea’. Prensa Presidencial de Venezuela

Chávez, sin un opositor firme

Pero las señales de desgaste no implican
que exista ningún líder, partido
o plataforma opositora en condiciones
de capitalizar políticamente
a los sectores populares escépticos.
Chávez ha demostrado ser un
animal político capaz de sobrevivir
y revertir las situaciones más adversas.

Actualmente, ya ha logrado remontar
unas encuestas que daban a
su Gobierno por perdedor. Su partido,
el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), cuyo lema para
estas elecciones es: “El pueblo pa’la
Asamblea”, tiene siete millones de
afiliados, de los cuales un millón y
medio son militantes. Además, controla
una engrasada maquinaria
electoral. Desde mayo, los esfuerzos
del proceso por mitigar el impacto
de la recesión en los sectores
populares han ido dando sus frutos:
los masivos operativos de venta de
alimentos a precios reducidos, para
quebrar el desabastecimiento y la
especulación; los esfuerzos –por
ahora exitosos– por reducir la inflación;
la extensión de los derechos
de los usuarios frente a las aseguradoras
y las clínicas privadas; la ampliación
de la cobertura del Seguro
Social a sectores marginados; la tímida
recuperación económica, etc.

Por otro lado, un 30% de los venezolanos
con derecho a voto son
chavistas acérrimos que votarían
por Chávez en cualquier circunstancia.
El electorado tiene un alto
grado de formación política y de interés
por la res publica. Es muy dudoso
que los sectores populares voten
a una oposición que no puede
esconder su clasismo y que amenaza
con revertir las conquistas del
proceso. El conflicto social es enconado.
Por ejemplo, desde la implantación
de la Ley de Tierras en 2001
para luchar contra el latifundio, 227
campesinos han sido asesinados
por sicarios. El Gobierno tiene claro
que el resultado de las elecciones
dependerá de la abstención,
que es lo que medirá el desencanto
popular. Las proyecciones más serias
plantean una modesta victoria
del chavismo, pero no se puede anticipar
el número en diputados. Con
las variaciones de la nueva Ley de
Procesos Electorales, estrenada en
estos comicios, la indeterminación
de la composición de la futura
Asamblea es completa.

El proceso bolivariano atraviesa dificultades

El sistema judicial, que no
ha sido reformado todavía,
es un ejemplo de las dificultades
por las que pasa
el proceso bolivariano. “De
no darse una solución al
problema de la administración
de Justicia, que es
conservadora y complaciente
con el rico, a pesar
de que se autodenomina
‘socialista’, en este país no
habrá cambio” afirma el
activista Francisco Sierra
Corrales. El retraso judicial
golpea duramente a los
sectores más desfavorecidos
de la sociedad: el
70% de las 32.624 personas
presas no tiene sentencia.
Hay 1.840 jueces,
de los que 807 son penalistas,
según los datos de
ONG. Las mismas fuentes
resaltan que no es un problema
presupuestario, ya
que el sistema judicial de
Venezuela tiene asignado
el 2,6% del presupuesto
nacional.

DATOS DE VENEZUELA HOY

70%
De la población venezolana
considera hoy que
los diputados y diputadas
han hecho poco o
nada para mejorar los
problemas del país.

25,2%
Fue el incremento del
precio de los alimentos
entre enero y julio de
este año. Con una
inflación interanual
del 30%.

227
Campesinos
han sido
asesinados por sicarios
desde que entró en
vigor la Ley de Tierras
contra el latifundio.

7 millones
Son los afiliados
del PSUV, el partido
de Chávez, de los cuales más de un millón
y medio son militantes muy activos.

30%
Del electorado es chavista acérrimo,
aunque sus votantes son
muchos más. Chávez ganó las presidendiales de
2006 con el 62% de los votos.

2012
Las legislativas que se celebran
este 26 de septiembre tienen
como trasfondo las presidenciales previstas para
el 2012. Estos comicios son un termómetro del
nivel de desencanto popular.