En un marco de privatizaciones
generalizadas, ahora es el turno
del agua. Eso es lo que ocurre en
la Comunidad de Madrid y así lo
ha propuesto la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
que el pasado 16 de septiembre,
durante la primera sesión del
Debate sobre el Estado de la Región,
lanzó la posibilidad de privatizar
el 50% del Canal de Isabel II.
Las reacciones no se hicieron
esperar y, poco después, su compañero
de partido y alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, amenazó
con quitar el contrato al
Canal si éste pasaba a manos privadas.
Pero, más allá de esta guerra
política, ¿cómo afectaría la privatización
al recurso hídrico?

Los colectivos ecologistas lo tienen
claro. Para Santiago Martín
Baraja, de Ecologistas en Acción,
privatizar la gestión del agua tendría
impactos ecológicos graves,
empezando por el fomento de un
uso insostenible del recurso por
parte de la ciudadanía. “Si se privatiza
el agua desaparecerían las
campañas de ahorro y concienciación
que lleva a cabo el Canal”,
afirma Martín Baraja. “Hacer campañas
para el ahorro va en contra
de cualquier empresa privada”.

Por otro lado, más allá del derroche
del consumidor, se produciría
un derroche en la gestión del recurso.
“Para una empresa, no es rentable
arreglar las pequeñas pérdidas
de agua. Saldría más caro repararlas
que dejarlas así”, añade el miembro
de Ecologistas en Acción.

A todo esto hay que sumarle los
impactos en las cuencas hidrográficas
asociados a la construcción de
embalses. “En la actualidad se planean
dos embalses, en la sierra norte
y en el sur de Madrid. Si no hay
ahorro, se incrementa el consumo
y, por tanto, se aumentaría el número
de embalses necesarios para
abastecer la alta demanda de la población”,
concluye Martín Baraja.

Una tendencia estatal

A pesar de los impactos ambientales
señalados, la situación que vive
Madrid no es excepcional en el
Estado español, sino que más bien
es una tendencia en la gestión estatal
del recurso hídrico. Según
datos de Ecologistas en Acción, el
50% de las aguas del Estado se encuentran
en manos privadas.

Entre las empresas encargadas
de la gestión del recurso destaca
Aqualia, presente en 850 municipios
de España, atendiendo a una
población de 13 millones de habitantes,
según cifras de la propia
empresa. Esta entidad se dedica a
gestionar el ciclo integral del
agua en Almería, Canarias, Ávila,
Jaén, Lleida, Oviedo, Santander y
Vigo, entre otras.

Por Comunidades Autónomas,
Cataluña es la que más ha interiorizado
la lógica mercantil en la gestión
del recurso hídrico. La empresa
Aguas de Barcelona (AgBar) gestiona
el 85% de la cuota de la
Comunidad, según datos recogidos
en el libro del economista Germà
Bel Economía y política de la privatización
local. Además, en Galicia,
Castilla y León, Castilla La Mancha
y Murcia el porcentaje de población
abastecida por empresas privadas
también es superior al 50%.

Martín Baraja cree que la privatización
del agua en Cataluña ha empeorado
la calidad de la misma. “En
Madrid el agua del grifo se bebe; en
Barcelona, no”, sentencia.

Esta tendencia española es contraria
a la tendencia internacional.
Tal y como afirma un portavoz de
la Plataforma en Defensa de los
Servicios Públicos, las tendencias
mundiales no son hacia la privatización,
sino hacia el retorno a lo
público. Así, en ciudades como
Atlanta (EE UU), París (Francia) o
Postdam (Alemania) se está retornando
a la gestión pública tras vivir
experiencias privadas.

Aumento del precio del agua

Mientras tanto, los madrileños podrían
verse afectados directamente
en sus bolsillos. Para la Plataforma,
la privatización iría unida a
un incremento en las tarifas que
pagan los usuarios. “Como es natural,
la empresa tendría unas expectativas
de beneficios, cosa que
no tiene el Canal”, denuncia el portavoz
de la Plataforma. Dichas expectativas
de beneficios podrían ir
acompañadas con una segunda
medida: la reconversión laboral, es
decir, la reducción de personal en
plantilla.

Desde Ecologistas en Acción
van más allá: la reducción de personal
en la gestión privada redundaría
en un deterioro en la calidad
del recurso provocado y podría
obligar a los madrileños a consumir
agua embotellada. Según sus
cálculos, una familia de cuatro
personas bebiendo y cocinando
con agua mineral gastaría 75 euros
al mes mientras que, en la actualidad,
la misma familia gasta
30 céntimos de euro.