Foto: Argos Collective

SEQUÍA EXTREMA. En el Cuerno
de África pone en peligro la
vida de millones de personas

La crisis económica y financiera ha
barrido el objetivo de no superar el límite
de 2º centígrados de aumento en
la temperatura global de la agenda
política y mediática de Durban. La
cumbre, que comenzó el 28 de noviembre
y se ha prolongado hasta el
9 diciembre ha dejado claro que las
prioridades de muchos gobiernos firmantes
de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático han cambiado. La mayoría
de Estados han reducido notablemente
gastos para energías renovables
o medidas de eficiencia energética.
En 2010 el aumento de la temperatura
media global registró valores
récord en todas las regiones del globo,
así como los principales gases de
efecto invernadero, cuyo origen fue
ocasionado por el actual modelo
agro-urbano-industrial capitalista.

Se batieron también nuevos récords
de concentración en la atmósfera
desde la época preindustrial, según
la Organización Meteorológica
Mundial (OMM). Sólo las emisiones
de dióxido de carbono –representan
el 64% de los agentes que influyen
en el cambio climático– aumentaron
el año pasado un 5%, fundamentalmente
por la combustión de energías
fósiles, a pesar del momento de
recesión económica.

Durban se perfila como un choque
de paradigmas entre quienes
creen que el mundo necesita un sistema
climático multilateral basado
en la ciencia y en la justicia, y quienes
procuran desmantelar el régimen
climático internacional conocido
como Plan de Acción de Bali. Esta
Hoja de Ruta, firmada en 2007 por
los 192 países integrantes de la
Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático,
acordaba llevar a cabo negociaciones
para garantizar que los países
llamados “países desarrollados” o
“países del Anexo I” (que incluyen la
UE, Rusia,Canadá, Japón,Australia,
etc.) adoptaran un segundo periodo
de compromiso para reducir emisiones
conforme al Protocolo de Kioto
a partir de 2013; EEUU asumiría
compromisos similares conforme a
la Convención; y los países del “Sur”,
que incluyen países emergentes como
India, China y Brasil iban, a cambio,
a reducir emisiones con el apoyo
financiero y tecnológico de los países
del Anexo I y EE UU.

Pero en la cumbre sudafricana un
puñado de países, entre los que destacan
EE UU, Canadá, Japón y
Rusia, quieren desmantelar estas reglas
que les obligan a reducir sus
emisiones, y pasar la carga a los
emergentes como China, India,
Brasil o Indonesia, por razones de
competitividad comercial y económica.
EE UU y otros gobiernos en
Durban buscan reemplazar los
acuerdos de Bali con un “compromiso
y revisión” voluntario que podría
tardar hasta 2020 en implementarse.
La Unión Europea, como en pasadas
citas, aplica tácticas dilatorias. Al
mismo tiempo buscan mantener y
ampliar los mecanismos de mercado
surgidos en Kyoto para crear nuevos
mercados de “economía verde” para
las corporaciones multinacionales.

Foto: Friends of the Earth International

Como en anteriores cumbres, uno
de los puntos calientes de Durban ha
sido la decisión para renovar el
Protocolo de Kyoto, que a pesar de
sus deficiencias, es el único instrumento
legal vinculante para obligar
a los países más contaminantes como
España a reducir sus emisiones,
evitando un vacío tras el vencimiento
de los primeros compromisos
de ese pacto, a finales de 2012. La
propia Agencia Internacional de
Energía –que ha privilegiado el uso
de los combustibles fósiles durante
décadas– fija 2017 como la fecha “sin
vuelta atrás” en los intentos para evitar
que la temperatura del planeta
aumente dos grados.

El estilo imperio

El 50%de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero proceden de dos
países, EE UU y China, y ninguno
está dispuesto a asumir reducciones
adicionales de las emisiones. Según
el Programa de la ONU para el
Medio Ambiente, para tener una
buena posibilidad de mantener el calentamiento
global por debajo de los
2°C —un objetivo que no garantiza
la seguridad—las emisiones anuales
deben reducirse en 12 gigatoneladas
(Gt) para 2020. En Copenhague
(2009) los países del Sur se comprometieron
a lograr reducciones de
más de 5Gt, sin embargo, los países
industrializados ofrecieron una
reducción de sólo cuatro gigatoneladas.
Desde el movimiento por la
justicia climática se demanda una
reducción de 14 Gt para lograr un
calentamiento inferior a 1,5° C.

En vista de lo alejados que están
los compromisos de reducción de las
emisiones en los países más contaminantes,
queda claro que las negociaciones
no han ido por buen camino.
En este contexto, se comprende
la posición común del Grupo de los
Países Africanos, de los Países
Menos Desarrollados (LDC) y el
grupo Alba (Centroamérica y
Caribe) que exigen a los países del
Anexo I, los que más contaminan,
un segundo periodo de compromisos
del Protocolo de Kyoto y la reducción
de emisiones de al menos
40% en 2017 y el 95% en 2050, respecto
a los niveles de 1990.

Uno de los temas en el que se ha
mantenido abierta la posibilidad de
acuerdos, es el debate sobre la financiación
climática que los países más
industrializados se comprometieron
–de forma vinculante– a transferir a
los países en desarrollo para hacer
frente a la crisis climática. En
Copenhague y Cancún se acordó
una financiación climática de 30.000
millones de dólares USA entre 2010-
2012 y 100.000 millones anuales a
partir de 2020. Pero no están garantizados
ni el origen ni la forma de implementar
esos recursos. Tal como
recogía el informe del Comité de
Transición para el Diseño del Fondo
Verde para el Clima presentado en
Durban, “el Fondo tendrá una línea
de financiación para el sector privado
que le posibilite financiar directa
e indirectamente actividades del sector
privado”. Lo que podría desviar
los escasos recursos financieros para
el clima hacia subvenciones al sector
privado para propuestas que interesan
en Wall Street y la City.

Desde el movimiento por la Justicia
Climática se plantean medidas
demás calado como la implantación
de una tasa sobre las transacciones
financieras, así como impuestos
sobre la emisión de dióxido de
carbono, y muy especialmente al transporte
marítimo (bunkering) y aéreo.
El objetivo es detener la aplicación
de falsas soluciones tales como el comercio
de carbono, la privatización
del suelo, el agua y los bosques a través
de los mecanismos REDD+, la
geoingeniería, que permite el secuestro
y almacenamiento del Carbono,
la energía nuclear, las mega represas,
los agrocombustibles industriales
o el llamado “carbón limpio”. Es
por todo esto que el movimiento ecologista
está embarcado en la lucha
por una arquitectura climática internacional
que se base en la ciencia, la
equidad y la justicia.