Nueve condenados a cadena perpetua, dos que cumplirán 30 años en prisión, ocho condenados a 25, dos a 20 y otros dos que ya han cumplido su condena en el periodo de detención preventiva. El veredicto del tribunal militar que juzgaba a 24 saharauis por los sucesos durante el desalojo del campamento de protesta de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, ha servido al Gobierno de Marruecos para lanzar un mensaje contundente al pueblo saharaui y a la comunidad interna­cional.

El proceso, que se ha demorado “innecesariamente”, según la defensa de los 24 activistas, ha mostrado la cara más punitiva de un régimen al que no le influyó la exigencia por parte del Parlamento Europeo de que se liberase a todos los presos políticos saharauis en las vísperas del juicio a los 24 prisioneros acusados por la muerte de 11 soldados marroquíes durante el asalto del Ejército al campamento, que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2010. Una batalla de la que, a día de hoy, todavía no se conocen cifras independientes de fallecidos entre los habitantes del campamento: el Frente Polisario habla de 19 personas fallecidas y miles de heridos mientras que Thawra, una iniciativa que agrupa a varios colectivos solidarios con el Sáhara que fue testigo del ataque a través de dos de sus integrantes, calcula que el número de muertes pudo superar el centenar. El Gobierno de Marruecos no reconoce otras estimaciones que las suyas, en las que no hay ningún fallecido saharaui.

Un juicio señalado

El dictamen del tribunal militar, que se conoció el 18 de febrero, ha provocado la repulsa de numerosos grupos de defensa de los derechos humanos y concentraciones que, en España, se convocaron frente al Ministerio de Exteriores, unas horas después de que el ministro de Industria, José Manuel Soria, hablase del “alto grado de entendimiento” entre España y Marruecos en el marco de un foro económico.

La Fundación Sáhara Occidental ha presentado un amplio dossier en el que analizan las circunstancias en las que se produjo el juicio, que consideran “nulo de pleno derecho”. Al margen del conflicto de competencias en el que se llevó a cabo el proceso, ya que la soberanía de Marruecos sobre el territorio de Sáhara Occidental no está reconocida por ningún Estado, las dudas planean sobre la instrucción del caso y sobre un tribunal de excepción que ha omitido “las garantías de un proceso legal”. La Fundación Sáhara Occidental denuncia la vulneración del derecho de defensa, ya que no se han investigado las denuncias de tortura por parte de los condenados, a través de las cuales, supuestamente, se obtuvieron las confesiones.

Violacio­nes sexuales y torturas “inimaginables” por parte de militares y paramilitares en distintos momentos y lugares, que han sido sucedidos, ya en la Corte, por la negación de prácticas de pruebas exculpatorias, o para la demostración de la tortura y otros defectos que para esta fundación convierten este proceso en un juicio político, celebrado en condiciones de excepción, contra personas que fueron seleccionadas por su participación en comités de defensa de los derechos humanos o miembros de la Comisión de negociación de Gdeim Izik sin relación con los hechos.

Tras conocerse el veredicto, el Frente Polisario ha anunciado la movilización del pueblo saharaui y ha hablado de “provocación” por parte del Estado marroquí.