La especulación inmobiliaria ha llevado al Gobierno
chino a establecer medidas de excepción para evitar
que la burbuja inmobiliaria arrastre al país a la crisis.
- "Si la burbuja inmobiliaria estallase, también lo podría hacer la otra burbuja china: la de su crecimiento en plena crisis". Foto: Boris Svartzman.
Según David Harvey: “el capitalismo
nunca resuelve
sus crisis, sólo las mueve
geográficamente”. Después
de lograr un crecimiento del 10% en
2010, China aparenta estar aislada
de las dislocaciones que se están produciendo
a lo largo y ancho del globo.
Sin embargo, la degradación de
su estrategia de desarrollo está derivando
en la progresiva formación de
una burbuja inmobiliaria. Ésta no ha
alcanzado la dimensión a la que llegó
en economías como la estadounidense
o la española, pero la potencial
amenaza que supone ha puesto
en guardia al Partido Comunista
Chino (PCCh).
La propiedad de la tierra en el país
asiático sigue siendo estatal, al menos
nominalmente. A pesar de ello,
la liberalización generalizada de la
economía ha llevado a la ampliación
de los derechos sobre su usufructo y,
como ocurre cada vez que un mercado
es creado, la obtención de derechos
de compra-venta para algunos
ha significado la pérdida de derechos
sociales para otros. Así, las privatizaciones
y despidos emprendidos desde
1997 supusieron la desaparición
del danwei, sistema por el que los trabajadores
urbanos quedaban vinculados
a empresas estatales que, entre
otras cosas, les facilitaban una vivienda
en condiciones asequibles.
Desde entonces la extensión del
mercado inmobiliario ha ido paralela,
por un lado, al incremento del número
de personas que han comenzado a
necesitarlo para poder adquirir una
casa, especialmente los millones de
emigrantes rurales hacia los núcleos
urbanos de desarrollo industrial. Por
otro lado, ha derivado en una concentración
progresiva de inmuebles en
cada vez menos manos, dando lugar
a prácticas especulativas. Para tratar
de frenarlas el banco central ha respondido
con subidas de tipos de interés.
Sin embargo, dada la reducida
dependencia de las compras de vivienda
respecto al crédito bancario,
éstas han sido del todo insuficientes
para atajar la especulación.
De hecho, la caída de las exportaciones
debida a la crisis ha llevado al
capital chino a reorientarse hacia la
compra-venta de inmuebles. Así, durante
el último año ésta ha crecido
nueve puntos más que el conjunto de
la inversión. Además, el 40% de los
más de 500.000 millones de euros del
paquete de estímulo aprobado por el
gobierno se ha canalizado hacia proyectos
de infraestructuras.
Alrededor
de ellos han surgido desarrollos urbanísticos
(incluidas “ciudades fantasma”)
desvinculados de las necesidades
habitacionales de los chinos. De
modo que, aunque no de manera uniforme
en todo el país, los precios se
han incrementado un 23% desde
2009, haciéndolo en algunas ciudades
al 30% y al 50% sólo en 2010.
En esta situación, desde el comienzo
de 2011 el PCCh se ha visto obligado
a ir más lejos con las medidas.
Por un lado, ha prohibido la detentación
de más de dos inmuebles a las
familias que disponen de ‘hukou’
(permiso de residencia urbano) y de
más de uno a las que no. Asimismo,
los ayuntamientos de Chongqing y
Shanghai han implantado un, hasta
ahora inexistente, impuesto sobre la
propiedad. Más aún, el gobierno chino
ha aprobado un Plan Quinquenal
con el que, asegura, va a facilitar 10
millones de viviendas de protección
oficial (en propiedad o alquiler) durante
este año y otros 26 millones durante
los próximos cuatro. No sólo
eso, sino que además pretende financiarlo
con la recaudación del 10% de
los ingresos netos que los gobiernos
locales reciben de la venta de tierras.
Más allá del contenido concreto
que tome este programa, en conjunto
son medidas que, ciertamente, los
Gobiernos occidentales no se habían
atrevido ni a plantearse. Sin embargo,
existen al menos dos límites en
ellas. El primero, que no reducen la
dependencia de los gobiernos locales
respecto de los citados ingresos,
problema detrás del propio hinchado
de la burbuja y de las corruptas
expropiaciones de tierras a campesinos.
El segundo, que tampoco resuelven
los problemas de acceso a la vivienda
de los inmigrantes urbanos,
quienes para comprar el único apartamento
al que tienen derecho deben
demostrar haber pagado impuestos
en la ciudad en la que viven durante
cinco años, un requisito incongruente
con la informalidad en la que la
gran mayoría trabaja.
A pesar de ello, las políticas puestas
en marcha deberían limitar, al
menos relativamente, el crecimiento
de los precios. No en vano, si, por el
contrario, la burbuja inmobiliaria estallase,
también lo podría hacer la
otra burbuja en la que se encuentra
China: la de su crecimiento en plena
crisis mundial. No obstante, considerando
el control sobre la economía
que aún ejerce el Partido-Estado chino,
no parece algo probable a corto
plazo. Aunque esto no significa que
éste no se vaya a tener que enfrentar
a nuevas contradicciones en el futuro.
No hay que olvidar que las crisis
del capitalismo no sólo se mueven
geográficamente, sino que también
mutan de forma.
SIN PERSPECTIVA DE REVUELTAS
Los medios occidentales
no paran de especular
sobre algún tipo
de rebelión (a su
gusto) en China. Así,
amplifican la incidencia
real que en ella tienen
el encarcelamiento
de activistas como el
ahora premio nobel Liu
Xiaobo, o las concentraciones
convocadas
a través de internet en
Beijing o Shanghai.
Es
cierto que la acción del
PCCh supedita las preocupaciones
macroeconómicas
a asegurar
la estabilidad social
suficiente que le permita
mantener el poder.
Sin embargo, mayores
desafíos para ella
suponen tanto la
corrupción de los
gobiernos locales,
como la situación de
los emigrantes rurales.
Y, dada la práctica
inexistencia en la que
la represión mantiene
a las organizaciones
sociales, ni siquiera
debido a aquéllas
parece que se vaya a
originar ningún levantamiento
de relevancia próximamente.
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