Dinero público y ‘ecocidio’
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Ampliación del ‘Reina’. Ecologistas precintaron las obras el 20 de octubre
18/02/06 · 13:27
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Ampliación del ‘Reina’. Ecologistas precintaron las obras el 20 de octubre

En las obras de la ampliación, recién inaugurada, del Museo Reina Sofía en Madrid se ha utilizado jatoba, una madera tropical, para la fabricación de suelos, paredes y falsos techos de la biblioteca, auditorio y otras nuevas dependencias. En enero de 2003, desde Greenpeace enviamos una carta a la dirección del museo en la que mostrábamos nuestra preocupación porque en el proyecto de ampliación se preveía utilizar este tipo de madera, procedente, la Amazonía brasileña, donde aproximadamente el 80% de las talas son ilegales. Pasó el tiempo hasta que El Mundo publicó el 5 de junio un reportaje en el que se hacía eco de nuestras sospechas. Al día siguiente, el museo comunicaba al periódico, a través de una carta al director, que esta institución “puede garantizar documentalmente la lícita procedencia de todas las maderas empleadas”.

A principios de agosto solicitamos a la dirección del museo estos documentos, que nos enviaron el 20 de septiembre. De ellos se deduce que Dragados/ACS había confiado en Maderas Besteiro como suministrador de los suelos de jatoba. Esta firma es también la importadora de la madera, procedente del Estado de Pará (Brasil). Pará está siendo asolado por las talas ilegales, que suelen ir vinculadas a violaciones de derechos humanos tanto con las comunidades indígenas como con los trabajadores. Allí fue asesinada Dorothy Stang, misionera norteamericana, en febrero de este año, por su labor de denuncia.

Maderas Besteiro compró la madera a tres empresas: Madeireira São Marcos, Serraria São José y Madeireira Santa Clara. Según nuestras investigaciones en Brasil, las tres han sido multadas en los últimos años por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) por infringir la ley, confirmándose el grave problema del que advertíamos al museo hace más de dos años. Las infracciones son, entre otras, extraer más madera de lo permitido por contrato y talar, transportar y aserrar sin permisos. Finalmente el museo pagó unos 15.000 euros por la madera con dinero público, procedente del Ministerio de Cultura.

Desde Greenpeace denunciamos que el dinero público financie situaciones de injusticia y destrucción en los países productores de madera. Exigimos una legislación en la UE que impida la entrada de madera ilegal y permita perseguir a los responsables; al Estado le exigimos que controle sus fuentes de suministro y evite situaciones como ésta.

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