BUENOS AIRES: EL GOBIERNO RECURRIÓ A GRUPOS VIOLENTOS PARA EL DESALOJO
Diez días de represión en Villa Soldati

El Parque Indoamericano, un descampado inmenso
que lleva diez años abandonado, es el
lugar elegido por trabajadores pobres, desocupados,
explotados, sin tierra ni vivienda,
de Argentina, Paraguay y Bolivia, que son caracterizados
como “bandas de narcos” y “delincuentes”.
La represión de estas personas se
ha saldado con tres muertes.

- Foto-galería: Ocupación de tierras y asesinatos racistas

07/01/11 · 8:00
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Entre los días 8 y 9 de diciembre miles de personas ocuparon un parque abandonado para vivir en él.

El domingo 5 de diciembre el diario
Perfil publicó una nota donde el
Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires anunciaba que daría títulos
de propiedad a los habitantes de
las villas de la ciudad. Al día siguiente,
la juez María Cristina
Nazar, a cargo del Juzgado de lo
Penal, Contravencional y de Faltas
n.º 26 de la Ciudad de Buenos
Aires, ordenó el desalojo de la hacienda
que había sido recuperada
por vecinos de Lugano y Soldati como
modo de reclamar “vivienda
digna y tierras”.

En primera instancia intervino
la comisaría n.º 36. No obstante,
en el desalojo del martes 6 de diciembre
intervino la Policía
Metropolitana –a cargo del Gobierno
de la Ciudad de Buenos
Aires– y la Policía Federal –bajo
las órdenes del Gobierno nacional–.
Ambas fuerzas reprimieron
a cientos de personas que reclamaban
“un lugar para vivir”. El
saldo de la campaña fue de dos
muertos, Bernardo Salgueiro y
Rosmarie Puña, a manos de la
Policía Federal, además de decenas
de heridos. En declaraciones
a la prensa, Diosnel Pérez, delegado
e integrante del Frente Popular
Darío Santillán
y miembro
de la junta vecinal de Villa 20, denunció
que la toma “fue una protesta
por falta de cumplimiento de
la ley 1.770, de 2005, que disponía
la urbanización de la Villa 20, con
la construcción de 1.600 viviendas”.

Otra ocupación

Los pobladores volvieron a recuperar
el predio luego del desalojo; el
miércoles 8 se instalaron carpas. La
cantidad de vecinos que se sumó a
la toma creció, situación que dio
cuenta de la necesidad de vivienda
de las personas trabajadoras y
desocupadas de esta área. Ese mismo
día, el repudio a los asesinatos
y al desalojo se expresó en una
marcha conjunta a la hacienda de
Soldati de organizaciones sociales,
políticas, culturales, estudiantiles y
de derechos humanos.

Tres días después, el jueves 9, los
ataques de las patotas [bandas] y
los barrabravas [grupos de hinchas
de los equipos de fútbol] dejaron como
saldo la muerte de Juan
Castañeta Quispe, y más de 30 heridos
graves. ‘Julito’ Capella, barrabrava
de Huracán, aparece identificado
a través de las imágenes de los
medios disparando contra los pobladores
en Villa Soldati. Estos grupos,
que intentaron desalojar la toma,
buscaban quebrar la lucha por
una vivienda digna, y forman parte
de la terciarización de la represión
por parte del Estado.

El Día de los Derechos Humanos,
viernes 10 de diciembre, las
patotas armadas asesinaban a otro
joven de 19 años, Juan Valero. El
director del Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME),
Alberto Crescenti, declaró que el
joven estaba herido y que lo sacaron
de la ambulancia y lo “remataron
en el lugar”, en tanto que el médico
Julio González, que se encontraba
en el interior de la ambulancia,
debió ser internado por el estrés
que le produjo la situación. El
SAME confirmó oficialmente que
les fue “imposible” entrar en Villa
Soldati ya que las patotas impidieron
con piedras y disparos de armas
de fuego su ingreso para asistir
a las familias.

Mientras el predio de Villa Soldati
era “zona liberada” para seguir matando
y amedrentando a vecinos y
vecinas que exigían un lugar para
vivir, en el anexo de la Cámara de
Diputados se autoconvocaba una
comisión de legisladores que impidió
en un comienzo el ingreso a las
organizaciones sociales y delegados
de la toma de tierras que se acercaron
hasta allí. Después se les permitió
el ingreso y hablaron los delegados
y las organizaciones. Pese a manifestar
su intención de darle una
solución al conflicto y de presentarse
en la toma, los legisladores allí
presentes no lo han hecho.

13.000 personas sin vivienda

El censo que se realizó el domingo
12 en las 130 hectáreas del predio
de Villa Soldati por parte del
Ministerio de Desarrollo Social a
las familias, arrojó como resultado
final un total de 13.333 personas
con necesidad urgente de vivienda,
de las cuales 5.866 personas estaban
censadas en el predio y otras
7.467 no estaban en el lugar, pero
que son parte de esas familias.

Los Gobiernos de la ciudad de
Buenos Aires y de la nación anunciaron
una “oferta”, el martes 14,
por la cual se comprometieron a
otorgar en el futuro una vivienda a
todos aquellos que “la necesiten” y
que estén censados. En el documento
provisto por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación se
reconocía que los pobladores necesitaban
vivienda y que habían estado
en la toma de Villa Soldati por
esa necesidad. Además, se planteaba
que iban a tramitar los documentos
de identidad de las personas que
no dispusieran de él. Todos los censados
debían firmar el documento y
luego retirarse del predio; si se negaban,
por la noche se produciría
un nuevo desalojo y se les amenazaba
con excluirlos de cualquier futuro
plan de vivienda. Bajo esa amenaza,
el miércoles 15 todos los pobladores
desocuparon el predio.


Marcha contra
los asesinatos

_ Las organizaciones sociales y
políticas salieron a las calles el
viernes 9 de diciembre para
repudiar los asesinatos. A
medianoche se realizó una reunión
entre el Gobierno Nacional,
Gobierno de la Ciudad y organizaciones
sociales, que continuó
al día siguiente. En la negociación
del sábado 11, la lucha y
la resistencia por parte de los
pobladores y organizaciones
sociales y políticas que apoyaron
el reclamo, dio como resultado
el supuesto compromiso
de garantizar la integridad de
los vecinos, alimentos, agua y
un puesto sanitario.

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