ESTADO ESPAÑOL
El diálogo social añade dureza a la LOEX

La publicación del borrador de
Reglamento de Extranjería el 8 de
febrero ha abierto dos procesos
independientes que, en la actual
correlación de fuerzas política,
traerán un endurecimiento de las
actuales políticas de extranjería
concretadas en la Ley de
Extranjería (LOEX).
El primero de los procesos ha
sido el de diálogo social con las
organizaciones que el Gobierno
considera interlocutoras para delimitar
algunas de las líneas de su
política de extranjería. Las discusiones

25/03/11 · 8:00
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La publicación del borrador de
Reglamento de Extranjería el 8 de
febrero ha abierto dos procesos
independientes que, en la actual
correlación de fuerzas política,
traerán un endurecimiento de las
actuales políticas de extranjería
concretadas en la Ley de
Extranjería (LOEX).
El primero de los procesos ha
sido el de diálogo social con las
organizaciones que el Gobierno
considera interlocutoras para delimitar
algunas de las líneas de su
política de extranjería. Las discusiones
han pivotado formalmente
en el Foro de Inmigración, formado
por las grandes ONG y liderado
por Cruz Roja española, que
ha suavizado los procedimientos
de expulsión previstos en el borrador.
También dentro del diálogo
social, pero de espaldas a la
opinión pública, las discusiones
con la patronal y los sindicatos
han endurecido los requisitos para
la reagrupación familiar al introducir
la obligación de una renta
mínima de 800 euros para que
el reagrupante pueda traer a sus
familiares. En el mismo plano, el
énfasis del borrador en penalizar
a los empleadores que no garanticen
contratos de un año para
aquellos trabajadores que son
contratados en sus países de origen
no tendrá una aplicación
práctica fácil, dado que la legislación
laboral española permite el
despido objetivo de trabajadores
en todo tipo de situaciones.

Monólogo bipartidista

En el segundo proceso, el de las
competencias territoriales, resulta
difícil distinguir entre el debate
político práctico y la confrontación
electoralista. El centro de la discusión
entre Gobierno y PP parecen
ser las nuevas competencias otorgadas
a las comunidades autónomas
para certificar el arraigo de
aquellas personas que solicitan
’los papeles’. Esta variación supone
la posibilidad práctica de que el
PP aplique su polémico contrato
de integración en las regiones que
gobierna. La sorpresa llegó cuando
el principal partido de la oposición
anunció que se negaría a
aceptar tal competencia. Mientras
el debate se mantiene en estos términos,
la crisis y el mercado de
trabajo siguen imponiendo su ley:
en febrero se encadenaron siete
meses de caídas en la afiliación de
extranjeros a la Seguridad Social.

Tags relacionados: Ley de Extranjería Fronteras
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