STÉFANO LIBERTINI

La Mesa de Diálogo sobre
la “evolución” de la energía
nuclear es el espacio
que el Gobierno del PSOE
acaba de poner en marcha para tomar
una decisión sobre el futuro de
esta energía en España. Su nombre
ya muestra una preocupante
ambigüedad que indica una falta
de determinación para proceder al
cierre escalonado de las centrales
nucleares. La composición de la
mesa tampoco deja mucho lugar
para el optimismo, pues la mayoría
de sus miembros son pronucleares.
Las voces antinucleares claras en
la mesa son las de los representantes
de Ecologistas en Acción y
Greenpeace. Los sindicatos CC OO
y UGT tienen también sendos representantes
que no se han posicionado
en contra de la energía nuclear
sino que, por el contrario, han
intentado separar el debate sobre
la gestión de los residuos de alta
radiactividad del futuro de las centrales
nucleares, como si de verdad
se pudieran separar. La industria
nuclear está bien representada
mediante el presidente de la Agencia
Nuclear Europea y tres altos
cargos de UNESA, la patronal del
sector eléctrico, que son a su vez
miembros del Foro Nuclear. Además
participan representantes de
todos los grupos políticos del
Senado y el Congreso, altos cargos
de los Ministerios de Industria,
Educación y Ciencia, representantes
de las comunidades
autónomas con centrales nucleares,
de Red Eléctrica Española, y
el presidente de ENRESA. Ante
esta composición a las dos asociaciones
ecologistas sólo les queda
intentar que las conclusiones reflejen
al menos todas las posturas.
Los ecologistas hemos defendido
en las dos reuniones de la Mesa
que la energía nuclear no puede ser
una opción de futuro para resolver
el problema energético por los graves
problemas que conlleva. La
gestión de los residuos radiactivos
sigue siendo un problema abierto y
no es posible asegurar la seguridad
de las plantas al 100%, especialmente
teniendo en cuenta los factores
políticos y económicos que
rodean el uso de esta fuente de
energía. En nuestro país, el marco
de liberalización de la electricidad
ha hecho que disminuyan sensiblemente
las inversiones en seguridad.
Por otra parte, el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), organismo
encargado de velar por la
seguridad de las plantas, no se ha
caracterizado precisamente por
su independencia y rigor. Los problemas
de corrosión recientemente
descubiertos en el circuito terciario
de Vandellós II (Tarragona)
son un buen ejemplo de su dejación
de funciones.

En la segunda reunión de la Mesa,
el 18 de enero, realicé una ponencia
sobre los residuos radiactivos,
consensuada con Greenpeace,
donde mostré que no hay ninguna
forma satisfactoria de gestión para
estas peligrosas sustancias que son
tóxicas durante cientos de miles de
años. Ninguno de los integrantes
de la Mesa puso en duda esta afirmación.
Se trata de un peligroso
legado que dejamos a las generaciones
futuras a cambio sólo de la
obtención de una pequeña fracción
de la energía que consumimos
en el mundo. Y, por tanto, lo
más juicioso e imprescindible para
conseguir el necesario consenso
social es proceder al cierre de las
centrales nucleares. Una vez que
exista un calendario de cierre creíble
y admisible, es mucho más fácil
que la sociedad acepte una forma
de gestión. Además, la cantidad de
residuos a gestionar se mantendrá
limitada a su inventario actual. La
energía nuclear sólo representa
en la actualidad el 6% de toda la
energía consumida, una magra
aportación si la comparamos con
los graves problemas que genera.