La solución para salvar las cuentas de la empresa pública Tragsa pasa por un despido colectivo de trabajadores en los próximos meses. Es la posición de la dirección de Tragsa tras el diagnóstico de Reinforce Consulting, consultora que ya elaboró las condiciones para el ERE que la empresa pública Ineco presentó a finales de 2012 y que se ha saldado con 390 personas afectadas en la empresa de ingeniería pública del Ministerio de Fomento.

Tragsa es un grupo público empresarial (que engloba a las empresas Tragsa y Tragsatec) dependiente de la Sociedad SEPI del Ministerio de Hacienda, del Estado y de las Comunidades Autó­nomas. La situación por la que atraviesa la empresa fue comunicada por la dirección a los representantes de los trabajadores a nivel estatal el 26 de abril.

En dicha reunión, la empresa, que tiene a 14.500 personas en plantilla, informó de un déficit de 5,5 millones de euros en el primer trimestre de 2013 y de una disminución notable en el número de proyectos contratados. Ade­­­más, la dirección comunicó que, aunque lo que sobra en la empresa no son trabajadores, sino “perfiles”, quiere tener aprobado el ERE –denominado Expediente de Despido Colectivo– para el día 30 de junio.

Deuda de la Administración

Según los miembros de la sección sindical estatal de CGT en Tragsatec, dicha reunión, más que informativa, tuvo la finalidad de que los sindicatos interiorizasen la idea de que la situación es pésima en la empresa. El sindicato propone alternativas a los despidos, tales como reducir el organigrama, exigir el pago de la deuda millonaria de sus clientes –la Administración pública principalmente, que adeuda con la empresa la friolera de 550 millones de euros– o el desbloqueo y búsqueda de encomiendas, ya que los datos reflejan un repunte en la recuperación de la cartera de proyectos durante el último trimestre.

Además, CGT alerta sobre la falta de contraste de los datos económico-financieros aportados por la dirección, la gran opacidad exis­tente en la retribución del personal, cuyos gastos de estructura del organigrama son elevados, y el desprecio que muestra la empresa hacia la profesionalidad del personal, usado como moneda de cambio para preservar los privilegios de la directiva.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de Tragsatec pidió datos sobre el porcentaje que la paga por objetivos y los sueldos de organigrama suponen en el gasto de personal y sobre el total del presupuesto, ya que se muestran igualmente recelosos del contraste de datos que les ha proporcionado la dirección, máxime cuando la empresa impone el comienzo de las negociaciones el día 1 de junio, sin apenas tiempo para un análisis serio. Además, temen que la empresa ya haya cerrado sus planteamientos en cuanto a despidos, cambios de horarios y rebajas de sueldo, para lo que la dirección ha decidido utilizar el eufemismo “flexibilidad interna”.

Poca sensibilidad ecológica

La posición de la sección sindical de CC OO es la solicitud de toda la información posible a la empresa para su análisis y contraste, haciendo todo lo posible por mantener el máximo de puestos de trabajo y que las medidas adoptadas no resulten traumáticas. CC OO ha informado a los trabajadores de que el planteamiento legal del ERE es a través de un procedimiento de despido colectivo, para que tengan cabida todas las medidas que se pretenden imponer, tales como despidos, rebajas salariales, bajas incentivadas o movilidad funcional y geográfica.

Los sindicatos han hecho especial hincapié en la falta absoluta de sensibilidad con el medio ambiente por parte del Gobierno, ya que los proyectos que desarrolla Tragsa en este ámbito se han visto afectados por los recortes y las recomendaciones de los organismos europeos supeditados a los intereses económicos, convirtiendo la sostenibilidad medioambiental, la agricultura, la ganadería y la pesca en un negocio al servicio del beneficio privado, que supone mayores riesgos de incendios, contaminación, plagas y epidemias que afectan al conjunto de la población y al entorno natural. También es reseñable que la misma Administración presione para reducir el déficit de la empresa cuando ella misma actúa como deudora y principal responsable de esta situación deficitaria.

Por ello, se ha pedido a los trabajadores en su totalidad que se impliquen en las posibles huelgas y manifestaciones futuras para defender sus puestos de trabajo dentro de la empresa, avisando además de que, en el caso de no estar conformes los representantes de los trabajadores tras el periodo de negociaciones, se procederá a denunciar a la empresa.