Seis meses después de la demanda que la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) puso al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat catalana por cesión ilegal en el área de gestión de infraestructuras, las empresas contratistas Serikat y Cast-Info, a través de Informática El Corte Inglés, han anunciado que despiden a seis trabajadores allí asignados. La sección sindical lo considera especialmente grave ya que el anuncio se realizó el día 27 de junio, en plena huelga contra la inestable situación laboral en la que se encuentran los informáticos de aquel área, consecuencia de la citada cesión ilegal. La CNT ha denunciado un claro caso de represión sindical en pleno conflicto con el Departament y con sus subcontratas.

Los responsables del Departament no han querido hacer declaraciones, alegando precisamente que los despidos han sido realizados por terceras empresas y que por lo tanto no son responsables de este conflicto. La práctica de subcontratar servicios a terceras empresas, tan habitual en el sector privado como en la Administración pública, se hace en muchas ocasiones no tanto para reducir costes como para quitar dolores de cabeza. La empresa contratante gana flexibilidad en la producción pero también en las relaciones laborales. Quizá en un primer momento le resulte algo más caro pagar por servicios externos pero a medio plazo se ahorra ciertos problemas derivados de los derechos laborales.

El conflicto, en un entramado de subcontratas

Los despidos en el área de gestión de infraestructuras del Departamento de Territorio y Sostenibilidad han sido efectuados por Serikat y Cast-Info. Estas dos empresas privadas son las subcontratas de IECISA (El Corte Inglés) con las que dotaba de personal al Departamento de Territorio en el ámbito de las infraestructuras, a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). El CTTI, a su vez, es un organismo público que tiene la función de gestionar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la Administración catalana. Así pues, vemos una cadena de subrogaciones, de administración pública a administración pública, de administración pública a empresa privada, y de empresa privada a empresa privada. Cuando estas subcontratas se hacen únicamente para ahorrar costes y desaparece el vínculo laboral entre el trabajador y la empresa de origen, que se limita únicamente a pagar, podemos hablar de cesión ilegal.

En febrero la CNT demandó al Departamento de Territorio por cesión ilegal de trabajadores en el área de gestión de infraestructuras, tras varios años en los que Serikat y Cast-Info proveían de informáticas e informáticos a la administración pública catalana, con la intermediación de IECISA y el CTTI. El pasado junio estas dos empresas anunciaron a sus trabajadores que debían abandonar sus puestos de trabajo dado que el Departament necesitaba reubicar personal del área de Medio Ambiente. Esto, según la sección sindical, suponía un incumplimiento del pliego por el que estos trabajadores prestan servicio a la administración pública, por lo cual deciden convocar una huelga del 20 al 28 de junio. Al parecer, y siempre según el sindicato, el día 23 la Inspección de Trabajo pudo comprobar que los puestos en discordia habían sido ocupados por personal de IECISA y no por trabajadores de Medio Ambiente, lo cual sugiere que la necesidad de reubicación interna no era tal. Finalmente, los días 27 y 28, seis trabajadores fueron despedidos de las empresas para las que trabajaban.

Tenga las consecuencias que tenga, este conflicto no le supone al Departament un grave problema económico o legal, gracias precisamente a la subcontrata de los servicios, tan habitual en el sector informático.