EL ALTO. Movilizaciones de junio de 2005, que costaron el gobierno a Carlos Mesa.

Hace poco más de un mes -al mismo
tiempo que era demandada por
un bufete estadounidense por inflar
el valor de sus acciones- la Aduana
Nacional de Bolivia inició un proceso
judicial en contra de la petrolera
Andina S.A., de la cual es accionista
Repsol YPF, al hallar indicios de un
lote de exportación ilegal efectuado
entre junio de 2004 y julio de 2005
de 230.399 barriles de petróleo, valorados
en 9,2 millones de dólares.
Además de la supuesta falsificación
de un documento aduanero.

Según un informe de la Aduana,
la empresa habría declarado una
exportación superior en volúmenes
de hidrocarburos líquidos a los que
fueron autorizados por la autoridad
competente, en este caso el Ministerio
de Hidrocarburos. Dichas autorizaciones,
llamadas previas, rigen
desde que el gobierno de Carlos
Mesa decidió, a mediados de 2004,
restringir, por un lado, y reglamentar,
por otro, a través de dos decretos,
la exportación de petróleo. Los
objetivos de ambas medidas fueron
abastecer el mercado interno y evitar
que las exportaciones salgan hacia
Estados considerados ‘no amigos’:
Chile, en concreto.

Abusos contra los indígenas

Los miembros de la comunidad
guaraní de Itika Guasu (una etnia
o nación originaria del sureste boliviano,
con 216.000 habitantes)
han denunciado a la empresa española
por no respetar los derechos
indígenas establecidos en el
Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT),
así como la legislación boliviana.
La multinacional es acusada de
actuar de forma irresponsable e
ilegal, aprovechándose de la ingenuidad
de los guaraníes para conseguir
a cambio de una serie de
‘regalos’ autorizaciones firmadas
por personas que no representan
a las autoridades de Itika Guasu.
Pese a ello, el Estado boliviano,
durante la gestión de Sánchez de
Lozada, otorgó Licencia Ambiental
a Repsol, demostrando que
ésta actuó en el país sin ninguna
“responsabilidad social empresarial”.
Como corolario de casi diez
años en sus operaciones, Repsol
habría ocasionado un conjunto de
daños sociales, culturales, económicos
y ambientales producto de
la crasa negligencia, al no considerar
medidas de prevención ni
mitigación de los impactos. En
otras palabras, obrando sin tener
en cuenta los “derechos de los
pueblos originarios” (según el gobierno
local), o como afirma el documento
de los guaraníes, “no
puede ser posible que en pleno siglo
XXI Repsol YPF siga actuando
como en la época colonial, pretendiendo
imponer su lógica cultural
a poblaciones indígenas”.

La empresa ya se había constituido
en la principal opositora de
la nueva Ley de Hidrocarburos,
aprobada por Carlos Mesa en
2005. Repsol inició incluso un
proceso arbitral para no acatar la
nueva ley, que incluye los Títulos
VII de los Derechos Indígenas y
VIII del Monitoreo Ambiental.
Desde entonces, Repsol sigue sin
reconocer los derechos de los
guaraníes, sin ninguna voluntad
de compensación justa, a pesar
de que el derecho boliviano establece
criterios claros al respecto.
Finalmente, el 24 de febrero pasado,
una comisión del gobierno,
encabezada por el ingeniero
Jorge Alvarado, visitó los pozos
de Itika Guasu confirmando la
“total falta de responsabilidad
empresarial de Repsol YPF”.