Son los denominados ‘deportistas
off-shore’, el mejor ejemplo de cómo
maximizar los beneficios de
una carrera corta pero económicamente
intensa, aquellos profesionales
del deporte que han decidido
cambiar su residencia más allá
de las fronteras del Estado español
con objeto de reducir la
presión fiscal. “Se trata de una situación
generalizada en algunos
deportes profesionales”, afirma
Francisco de la Torre, portavoz de
la Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda (IHE),
colectivo de funcionarios que en
2007 presentó el informe Fraude,
Corrupción y Blanqueo de Capitales
en España, en el que llamaba
la atención sobre esta práctica, cada
vez más extendida.

Se trata de profesionales de carrera
muy corta, de no más de 15
años, que tratan de exprimir al máximo
en lo económico. “La vida del
deportista de élite es breve, pero intensa
en lo que al dinero se refiere,
hecho que provoca que ese mundo
se haya convertido en un mercado
abierto a intereses mercantiles y especulativos”,
afirma Joan Herrera,
diputado de Iniciativa per Catalunya
(IC), cuyo grupo parlamentario presentó
una proposición no de ley el
pasado mes de septiembre, para la
elaboración de un plan de comprobación
de deportistas con residencia
en paraísos fiscales.

Competencia internacional

Para hacer un traslado de residencia
a un país mucho más generoso
fiscalmente “basta con tener una
vivienda y contrato de trabajo en el
país de residencia y por supuesto,
residir efectivamente donde se afirma
hacerlo”, confirma De la Torre.
No obstante, en el Estado español
el deportista cuenta con grandes
ventajas fiscales, exigencia histórica
de este grupo de privilegiados,
al amparo de lo efímero de sus carreras.
Exención fiscal a las becas,
ampliación de planes de pensiones
o cobros en derechos de imagen,
sometidos a mucho menor gravamen,
son sólo algunos ejemplos.

En la medida que las actividades
deportivas tienen un peso cada vez
mayor en la economía de los países
económicamente más fuertes (en
España ya suponen un 7% del PIB),
varios estados europeos se han lanzado
a una competición encarnizada
para tratar de ofrecer las mejores
condiciones a las grandes fortunas
deportivas. En el Estado español,
hace cinco años se aprobó la llamada
ley de los ‘impatriados’, que permite
tributar a deportistas españoles
o extranjeros a un 24% durante
seis años (cuando la tributación por
IRPF para cualquier persona es del
43% a las rentas que sobrepasen los
53.407 euros anuales), con la única
condición de que no haya tenido residencia
en el Estado durante los últimos
diez años. En el Reino Unido,
destino habitual de profesionales del
motor, sólo se tiene en cuenta las
rentas obtenidas dentro de la isla.
Las condiciones son aún más ventajosas
en Suiza y Mónaco, paraísos
fiscales paradigmáticos en Europa.
En Suiza, los residentes que no trabajan
allí sólo tributan los gastos. Y
en el caso de Mónaco, los impuestos
a la persona física son del 0%.
No obstante, a pesar de lo grueso
de estas cifras, “no se trata de un
problema cuantitativo, puesto que
la recaudación fiscal no se ve apenas
afectada a nivel general”, confirma
el portavoz de IHE. Según De
la Torre, el problema es más de carácter
ético, “supone un pésimo
ejemplo para la sociedad, porque
son personas que los medios, los políticos,
la sociedad en general... consideran
como ejemplo a seguir”. De
ahí que dicha organización reclamara
un endurecimiento del castigo
a estos ‘deportistas off-shore’:
“El régimen sancionador debe ser
el mismo que el del resto de ciudadanos,
con un pequeño matiz, no se
debe permitir competir bajo la bandera
de España ni recibir subvenciones
oficiales a aquellos deportistas
que residen en paraísos fiscales
o acogidos a regímenes privilegiados
de tributación”, afirma el portavoz
de dicho colectivo. La proposición
no de ley de IC, iba aún más
allá al exigir “establecer un censo
permanente de deportistas que tributen
fuera y hacer pública la información
relativa a su residencia fiscal
declarada y comprobada”.

El carácter especial del fútbol

En el denominado deporte rey, sus
protagonistas deben agudizar el ingenio
para tratar de pagar lo menos
posible. Al tratarse de una actividad
donde no existe la movilidad permanente,
el profesional está obligado a
tributar en el Estado. No obstante,
figuras como los derechos de imagen
o la creación de fundaciones representan
una manera diferente de
reducir el agobio del fisco. Los futbolistas
tienen derecho a cobrar
hasta un máximo del 15% de su salario
en derechos de imagen, que
en muchas ocasiones son pagados
por el club a una sociedad situada
en alguno de los paraísos fiscales
existentes. En estos casos, el deportista
tributa este porcentaje en esa
sociedad, con retenciones máximas
del 25%, de la cual no se puede
comprobar quién es el titular, al tratarse
de Estados demasiado opacos
económicamente. Las inversiones
inmobiliarias, gran mercado de inversión
de los futbolistas en los últimos
diez años, han sufrido un parón
en los últimos tres años, según
la consultora Garrigues.

Legales o no, se trata de prácticas
muy extendidas en el deporte profesional,
cuyo único objetivo es sacar
el máximo rendimiento a una
carrera que apenas dura entre 10 y
15 años, al más alto nivel. No obstante,
la sombra del fraude las sigue
persiguiendo. Según el barómetro
fiscal de 2000, elaborado por el
Instituto de Estudios Fiscales, organismo
dependiente del Ministerio
de Hacienda, “el 92% de los funcionarios
de Hacienda cree que hay colectivos
que son habitual y sistemáticamente
defraudadores, entre los
que destaca el de los deportistas”.