¿A quién pertenece una parroquia
rural, un camposanto o los retablos
que adornan los templos? Desde hace
varios años, más de un centenar
de ayuntamientos de Navarra desempolvan
viejos archivos y documentos
históricos para no tener que
despedirse de sus propiedades.

Y es que, sin apenas hacer ruido,
la diócesis de Navarra ha visto en
apenas una década multiplicarse su
patrimonio mediante una sencilla
fórmula: registrar a su nombre toda
clase de iglesias y edificios de carácter
sagrado sin titular definido, acogiéndose
para ello a los artículos 206
y 207 de la Ley Hipotecaria, una reglamentación
aprobada por el Franquismo
en 1948 y que concedía al
Vaticano privilegios exclusivos.

Acogiéndose a esta vía excepcional,
y con un mínimo coste (en torno
a 20 o 30 euros por inscribir las
propiedades a su nombre) la Iglesia
Católica ha llegado a hacerse con
bienes de valor millonario. El proceso
es silencioso. El registro no
aparece en ninguna publicación oficial.
La prensa tampoco tiene noticia.
Con una firma y un pago simbólico,
un bien público puede volverse
privado sin que la población
del municipio ni sus representantes
lleguen a darse cuenta.

“Por el precio de una campana registran
toda una iglesia”, denuncia
José María Esparza, historiador y
miembro de la Plataforma en Defensa
del Patrimonio Navarro. Según
afirma, aunque la ley es la misma y
situaciones iguales pueden producirse
en todo el Estado, han sido sobre
todo los municipios navarros los más
afectados por esta práctica. “No exageramos
si advertimos que probablemente
nos encontremos ante la mayor
apropiación indebida de la historia
de Navarra, después de la propia
conquista del Reino; la privatización
del mayor patrimonio comunal urbano
de Navarra, esto es, las iglesias y
ermitas de todos los pueblos, que encierran
una riqueza inmensurable en
su mobiliario”, ha escrito Esparza sobre
este asunto. De acuerdo a los cálculos
de la Plataforma, bajo el mandato
del arzobispo de Pamplona y
obispo de Tudela, Fernando
Sebastián, la iglesia navarra escrituró
como suyas unas mil iglesias y ermitas.

Una vieja costumbre

El fenómeno no es nuevo. La iglesia
viene escriturando inmuebles
desde los años ‘30. Pero la actual
voracidad registradora, a juicio de
Esparza, pudo llevarse a cabo “gracias
a una modificación de la ley
que el Gobierno de Aznar aprobó
en 1998”, cuando el Ejecutivo derogó
un artículo que prohibía expresamente
apropiarse de los lugares
de culto. De hecho, la propia legislación
sobre este asunto podría resumir
las relaciones Iglesia-Estado
del último siglo. Durante la II República,
la Ley de Confesiones y Congregaciones
Religiosas de 1933 establecía
claramente la propiedad
pública de los templos, que la
Iglesia podría administrar, pero
de los que no podía disponer. Tras
la Guerra Civil, el Gobierno franquista
daba al Vaticano la posibilidad
de registrar estos lugares como
si fuera el propio Estado. Tras
la dictadura se limitaron estos privilegios,
pero el paso de Aznar por
la Moncloa facilitó que las diócesis
escriturasen los inmuebles.

Actualmente, mientras se reabre
el debate sobre el Concordato con
el Vaticano, los bienes suponen un
apreciable colchón económico. “El
valor es absolutamente incalculable”,
señala Esparza, para quien “la
duda no es qué pasa con los inmuebles,
sino qué pasa con todo el arte,
con los retablos”. Más aún, representantes
de la Plataforma aseguran
que el problema no es sólo
que se apropien de los bienes, sino
que además se venden. Un ejemplo
ha sido la iglesia de San Nicolás
de Tudela, cuya propiedad el Arzobispado
traspasará al Consistorio
para construir un centro cívico. “Lo
que hacen es vender a ayuntamientos
lo que antes era suyo”, critica
Esparza. “En sitios como Tafalla
han intentado cobrar al Ayuntamiento
por ceder la iglesia para los
conciertos que antes hacían gratis,
ahora quieren cobrar 300 euros por
usar el templo”.
Cansadas de este tipo de situaciones,
una serie de localidades navarras
dieron pie a la Plataforma.
Hoy cerca de un centenar de municipios
han mandado ya una instancia
contra la inscripción en el Registro
de la Propiedad de edificios
religiosos por parte de la Iglesia
Católica. Y el 15 de diciembre, representantes
de 117 localidades y
concejos y miembros de la Plataforma
acordaban impulsar acciones
en defensa del patrimonio en
una asamblea municipalista celebrada
en Burlada. Cuestionan el
principal argumento que usa el arzobispado,
según el cual los templos
son suyos “desde tiempo inmemorial”,
cuando muchos consistorios
tienen memoria escrita de
las construcciones y del trabajo de
los municipios en el trabajo de las
iglesias. “También se dice que antes
de que existieran los ayuntamientos
ya estaban allí las iglesias,
pero es que incluso entonces las tareas
del ayuntamiento se hacían en
el mismo templo”.